inicia sesión o regístrate.
En su inolvidable "Poema Conjetural", nuestro siempre presente Jorge Luis Borges reflexiona sobre el trágico final de Francisco Narciso Laprida, el mismo que, poco tiempo atrás, como representante de San Juan, fuera el presidente del Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia argentina. Reflexiona, porque establece el verdadero hilo conductor a los fracasos de entonces y por extensión, a los de ahora, en toda América del Sur, unidos en una certeza: el amargo destino sudamericano, dice.
El poder del narco
Esto que pasó y sigue pasando en la hermana República de Bolivia encuadra exactamente en esa reflexión. Los hechos sucedieron más o menos así. El abogado Roger Mariaca era el fiscal general del Estado desde el año 2024, lo que quiere decir que a fines de septiembre de este año estaba en pleno ejercicio de sus funciones. Tenía mandato de seis (6) años. Fue nombrado porque obtuvo ciento quince (115) votos del total de la Asamblea Legislativa, más que ninguno de sus oponentes.
La primera señal vino desde afuera del país, más precisamente de los Estados Unidos, que en esos días le impuso varias sanciones al fiscal, entre ellas, suspenderle la visa que tenía para poder ingresar allí. El principal motivo que se expuso entonces fue su presunto vínculo con el narcotráfico.
Al día siguiente del comunicado, el todavía fiscal Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el Superior, Martín Irusta, fueron detenidos en un confuso operativo por uniformados armados en el aeropuerto de esa ciudad. Antes de que ellos lo supieran, fuentes del gobierno informaron que Mariaca estaba acusado de liderar una red dentro del Ministerio Público, encargada de ofrecer protección e impunidad a organizaciones dedicadas al narcotráfico y lavado de activos; además, se dijo que el nombrado tenía nexos internacionales con personas relacionadas con la actividad ilegal, como por ejemplo el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, actualmente detenido en los Estados Unidos.
En la investigación pudo establecerse que, en un audio, Marset dijo que Mariaca era su amigo; que se comunicaba con él; y que le avisaba lo que tenía que avisar (sic); que con él convino la entrega de quinientos mil dólares (U$S 500.000), para poder instalarse en Bolivia sin interferencias.
Cuando Mariaca ya estaba aprehendido, las autoridades registraron su domicilio; al llegar, coincidieron con una ambulancia que intentaba salir de la propiedad, a la que interceptaron. En el registro que se le hizo, se comprobó que transportaba millones en moneda boliviana y trescientos mil dólares estadounidenses (U$ 300.000). En el vehículo interceptado viajaban cuatro personas, que quedaron detenidas y todo el dinero fue secuestrado.
Si este hubiera sido un caso como cualquiera, los dos imputados principales y otros colaboradores, luego también detenidos, hubieran sido puestos de inmediato a disposición de un juez penal competente y trasladados ante él para conocer los cargos, nombrar defensores y, en su caso, hacer los descargos. Pero no lo era. Antes había que resolver una situación imprevista respecto del hasta entonces fiscal general del Estado.
Flagrancia
La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el fiscal general del Estado tiene un fuero especial. Para removerlo, se requiere de un procedimiento previo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que aprobará (o no) el pedido de sanción con los dos tercios del total de los miembros presentes. El juzgamiento propiamente dicho lo hará el Tribunal Superior de Justicia. En medio de las dos etapas, el funcionario podría ser suspendido temporalmente si había una acusación formal en un proceso penal o por un juicio de responsabilidad, no penal.
Este caso trajo consigo un problema, porque la Constitución no previó qué hacer si el fiscal general del Estado fuera aprehendido en flagrancia. Ante ello, las autoridades decidieron que la Asamblea aprobara una ley de emergencia que permitiera la suspensión de las funciones del fiscal, si éste tuviera una imputación formal y estuviera privado de su libertad. También se acordó que la misma Asamblea nombrara un fiscal interino por el plazo de noventa (90) días. La designación recayó en un conocido abogado de Santa Cruz, José Armando Urioste Viera, que prestó juramento ante el presidente del órgano legislativo el día 5 de octubre pasado. Lo primero que hizo fue pedir las renuncias de todos los fiscales departamentales del país, para poder investigar actos de corrupción internos. Todo esto parece haber llegado mucho más allá del descabezamiento de la cúpula de la fiscalía general del Estado, pues la inestabilidad se ha prolongado en las fiscalías inferiores de todo el país. El gobierno, con sus aliados en la Asamblea, cuenta con peso decisivo para remover y reemplazar a los fiscales poco confiables.
De esa forma, las autoridades ganaron tiempo, porque el procedimiento para nombrar al fiscal general del Estado es complejo, ya que requiere de una convocatoria nacional de interesados y un proceso de selección semejante a los concursos argentinos para elegir jueces y fiscales en la Nación y en las provincias. Oficialmente, se dijo que la designación del fiscal interino se debía a que ese cargo no puede quedar acéfalo.
Juez y proceso penal
El juez del caso es Juan Carlos Montalbán, titular del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de la Violencia contra las mujeres de Quinta Nominación, con despacho en La Paz. Los delitos atribuidos a Mariaca son: protección al narcotráfico y al crimen organizado; liderar una red de corrupción integrada por fiscales y colaboradores, que brindaba cobertura legal y frenaba procesos penales, y de integrar una organización criminal, más la legitimación de ganancias ilícitas. El mismo juez dictó las medidas restrictivas de la libertad contra el exfiscal y los demás imputados por el término de seis meses. Mariaca quedó detenido en el penal de Cantumarca, en Potosí.
Poco después, el juez dictó una resolución por la cual se declaró incompetente en razón del territorio, por considerar que los hechos por el que acusaba al exfiscal habían sucedido en Santa Cruz. La fiscalía apeló esa resolución, una Cámara revocó lo resuelto en tal sentido y el caso continúa en La Paz. Ese no fue el único motivo de preocupación del juez, porque un grupo de fiscales pidió que fuera destituido y detenido, lo que no prosperó. Al parecer, el juez salió fortalecido.
Otro juez, distinto del anterior, está a cargo del proceso iniciado contra Mariaca, ahora por las presuntas ganancias ilícitas y el enriquecimiento ilícito, derivados del procedimiento de la ambulancia interceptada saliendo de su domicilio.
Mariaca tiene defensor particular, que en declaraciones periodísticas negó la validez jurídica de los audios del uruguayo Marset; dijo que carecían de valor probatorio; y que en aquellos su cliente no fue nombrado explícitamente; además, cuestionó la veracidad de los dichos de Marset. Advirtió que en las redes no hay control legal; que su cliente fue detenido en forma inconstitucional, sin orden judicial inicial. La justicia considera hasta ahora que los audios son auténticos, pues así lo demostró una pericia, que hay coincidencia con la prueba material obtenida y con la información de inteligencia que precipitó el fin de la carrera de Mariaca.
Los pocos que aun respaldan a Mariaca sostienen que todo esto fue orquestado por Departamento de Estado, el de Justicia y al menos la DEA, desde los Estados Unidos. Lo dicen porque el paso previo a detenerlo fue incluirlo en una lista de funcionarios de la región para sancionarlos por recibir sobornos y proteger al crimen organizado. Esa presión externa fue clave para que se precipitaran los acontecimientos.
La sombra de Evo
Todo tiene que ver con todo, es una frase muy empleada en estos tiempos de frágil estabilidad institucional en la región. Entre tanto, el expresidente Evo Morales se mantiene irreductible en el Chapare, en Cochabamba, más precisamente en un lugar que se conoce como Lauca Ñ. Reside en una casa y no está en la clandestinidad, ni mucho menos.
Se desplaza por la zona, hace programas de radio, reúne a sus bases y recibe a dirigentes políticos y a periodistas. Si bien la Justicia lo ha citado reiteradamente para responder a graves acusaciones sobre pedofilia, mantiene su actitud de rebeldía. La justicia ha ordenado su aprehensión, pero el Estado tiene dificultades para proceder en ese sentido, porque Morales está bien protegido por un número indeterminado de hombres de seis sindicatos cocaleros que él mismo dirige, que controla las rutas y accesos a su domicilio y detectan fácilmente cualquier movimiento militar o policial.
Una operación militar podría extraerlo, pero se necesitarían cientos de efectivos. En caso de enfrentamiento armado, habría un elevado número de muertos y heridos. Por otra parte, el sector que encabeza Morales no ha perdido poder de movilización para hacer bloqueos de rutas y calles, lo que puede convertir en ingobernable al país. El Gobierno espera con prudencia su oportunidad, sin dar pasos en falso.
Bolivia tiene serios problemas institucionales, como ha quedado en evidencia con la forma de resolver situaciones como la del exfiscal Mariaca, con una ley con nombre y apellido, para aplicarse a un caso actual.
Paralelamente, revela su impotencia para someter a la Justicia a un expresidente que ha decidido rebelarse contra las órdenes judiciales y recluirse en un lugar que, por ahora al menos, le ha servido. Agregando más combustible, y como sucede en otros países, como el nuestro, el presidente Paz no tiene relaciones con el vice Edmand Lara Montaño, conocido como "Capitán Lara". Bolivia hace lo que puede, enmarcada en lo que en Europa llaman "Democracias Posibles".