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Hay palabras que repetimos tanto que terminan vaciándose: seguridad jurídica, independencia judicial, previsibilidad, Estado de Derecho. Parecen asunto de abogados y dirigentes, pero sus consecuencias llegan a la vida cotidiana y al bolsillo. No porque un juez produzca riqueza, sino porque instituciones sólidas preparan el terreno para invertir, producir y crecer.
En el reciente Coloquio de IDEA, la politóloga Andrea Castagnola le puso números a esa intuición. Mostró cómo la ineficiencia de los tribunales, la débil protección de derechos y la falta de seguridad jurídica se reflejan en indicadores concretos, entre ellos un PBI per cápita muy por debajo del de nuestros vecinos. Y usó una expresión que cualquier empresario entiende: el "riesgo juez". Así como se mide el riesgo país, quien invierte mide también la probabilidad de que, ante un conflicto, la respuesta judicial llegue tarde, llegue mal o dependa de quién gobierna.
Ese riesgo tiene precio. Quien proyecta una fábrica, una mina o una central energética piensa a diez o veinte años. Calcula rentabilidad, riesgos y la posibilidad de recuperar su capital y girar dividendos, siempre sobre la base de las reglas vigentes y de la expectativa razonable de que serán respetadas. Previsibilidad no significa que las normas nunca cambien, sino que las decisiones tomadas legítimamente no queden expuestas a modificaciones arbitrarias. La Argentina conoce bien lo contrario: cepos que van y vienen, alícuotas que mutan, regulaciones que encarecen de un día para otro lo que ayer estaba permitido. No es casual que el RIGI haya debido ofrecer arbitraje internacional para ciertas controversias con el Estado. ¿No deberíamos aspirar a que nuestra propia Justicia brindara esa tranquilidad?
En el mismo encuentro, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou habló del péndulo político: en su país los gobiernos cambian de signo, pero las instituciones acotan el recorrido. Se puede cambiar de rumbo sin arrasar con lo anterior. Esa es la aspiración: que las políticas cambien sin que los derechos dependan de quién ganó la última elección.
El fiscal Diego Luciani, por su parte, sostuvo que la condena firme en la causa Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Tiene un punto fuerte: que una investigación sobre una expresidenta haya llegado a sentencia confirmada en todas las instancias demuestra que el sistema puede funcionar. Como penalista, agrego un matiz: el valor de un fallo no está en quién resulta condenado, sino en que se dicte con pruebas, con garantías y en un plazo razonable. Un caso emblemático cambia la historia sólo si deja de ser excepción y se vuelve regla. Porque la corrupción no es sólo dinero que falta: son obras que no se hacen, controles que se omiten y, como nos enseñó la tragedia de Once, vidas expuestas.
Hay, sin embargo, un costo menos visible: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Cuando oficialismo y oposición convierten cada disputa en un expediente, los tribunales pasan a ser otra arena de combate. Las denuncias se presentan por su impacto mediático más que por su sustento, y las causas se activan o se duermen según el calendario electoral. El daño es doble: los procesos serios quedan sospechados de persecución y los jueces acumulan un poder que no les corresponde y que algunos encuentran cómodo.
Ese costo también se mide en números. Cada causa armada consume horas de jueces, fiscales, empleados, peritos y fuerzas de seguridad; obliga a costear defensas durante años y paraliza a personas y empresas. Son recursos que faltan para investigar delitos verdaderos. Quienes ejercemos el Derecho Penal lo vemos a diario, y no sólo en la política: conflictos comerciales llevados a la vía penal para presionar o cobrar, ajustes tributarios presentados como evasión, operaciones sospechosas tratadas como lavado. Una deuda o una pelea entre socios pueden ser graves sin ser delitos. El proceso penal debe ser la última respuesta del Estado, no la primera herramienta de negociación. Y saber archivar a tiempo una causa sin fundamento es tan importante como saber abrir la que corresponde.
No necesitamos jueces amigos de nadie, sino jueces idóneos, honestos, independientes y capaces de decidir a tiempo. Tampoco una Justicia que gobierne, sino una que controle que todos (gobierno, oposición, empresarios y los propios magistrados) respeten la ley.
La seguridad jurídica no es un privilegio de los inversores ni una preocupación exclusiva de los abogados: es una condición del bienestar colectivo. Su valor es invisible mientras existe; cuando falta, aparece en el costo del crédito, en la inversión que no llegó, en el expediente interminable y, a veces, en consecuencias mucho más dolorosas. Una Justicia confiable no construye hospitales, pero ayuda a construir el país que puede pagarlos.