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Francia chocó –desde el lado opuesto– con un muro que nosotros conocemos bien. Durante décadas construyó uno de los Estados de bienestar más generosos del mundo: salud, educación, pensiones, protección social, infraestructura y una red pública capaz de amortiguar buena parte de los golpes que recibe una persona a lo largo de su vida. Pero –hoy– Francia recauda cerca del 44% de su PBI, gasta más del 57%, su deuda ronda el 120% y el sistema no puede ser financiado bajo las condiciones demográficas, productivas y fiscales actuales.
El edificio sigue en pie, pero se ha vuelto demasiado oneroso de sostener. No es más una discusión académica: el presupuesto francés para 2027 propone 54.000 millones de euros de ahorro mientras cientos de miles de franceses, desde estudiantes y trabajadores hasta agricultores y jubilados, salen a la calle. El ajuste que las cuentas exigen choca con una sociedad que no quiere perder aquello que durante generaciones aprendió a considerar permanente. Derecho adquirido diríamos acá.
Las protestas estudiantiles iniciales mostraron una tensión que no era sólo presupuestaria; los reclamos nacieron por aulas superpobladas, edificios deteriorados, profesores ausentes y recursos insuficientes; el propio gobierno reconoció que la ira "no viene de la nada", más allá de las posteriores manipulaciones políticas y de una violencia desmadrada que termina empañando la legitimidad de los reclamos.
Pero, cuando un Estado que acostumbró a su sociedad durante generaciones a un cierto nivel de prestaciones comienza a deteriorar lo que ofrece, la crisis fiscal deja de ser sólo un problema contable y comienza a convertirse en una crisis social y de confianza. Más aún cuando la inflación, impulsada también por el encarecimiento del combustible y de los alimentos, deteriora los ingresos de manera determinante.
Del otro lado del espejo, nosotros discutimos sobre cómo financiar un sistema de bienestar como si este funcionara. Porque Argentina tiene escuelas y hospitales públicos, rutas, jubilaciones, universidades, planes sociales y una enorme estructura estatal. Todo deteriorado. Así, quienes pueden, pagan una escuela privada porque desconfían de la pública y pagan medicina prepaga para no "caer" en un hospital público.
Esto no es sólo una "percepción". Las pruebas Aprender 2024 muestran que sólo el 9,4% de los alumnos de escuelas estatales alcanzó un nivel satisfactorio en Matemática frente al 24,2% de los privados; diferencia que persiste aun comparando niveles socioeconómicos semejantes. El propio sistema sanitario reconoce problemas históricos de fragmentación, inequidad, acceso y calidad. Pagamos al Estado y, muchas veces, volvemos a pagar por lo que el Estado debería proveer y no provee. Es verdad, necesitamos más: jubilaciones dignas, educación, salud, discapacidad, ciencia, infraestructura y seguridad. Todo eso es legítimo, hasta justo. Pero cuesta. Y ahí aparece la pregunta que evitamos desde hace décadas: ¿cómo lo pagaríamos?
Según la OCDE, en 2024 la recaudación tributaria argentina equivalió al 27,6% del PBI, por encima del promedio latinoamericano. Pagamos impuestos, pero sobre una economía con cerca del 45% de empleo informal: pretendemos derechos universales mientras toleramos una financiación muy informal. El resultado es un Estado cada vez más deficiente, con prestaciones deterioradas y mayor inequidad. Los datos del INDEC lo confirman: la mediana del ingreso per cápita familiar del 10% más rico es trece veces la del 10% más pobre; el 30% superior concentra el 50,9% del ingreso total y el 30% inferior, apenas el 14,7%. Es un círculo perverso: necesitamos más formalidad para financiar mejores servicios públicos, pero su mala calidad erosiona la confianza de quienes deben sostenerlos.
Francia llega a este problema desde el extremo opuesto. Construyó muchísimo. Pero resulta demasiado para la productividad, la demografía y el crecimiento que tiene hoy. Stéphane Boujnah lo plantea con crudeza: durante décadas los franceses eligieron el presente antes que el futuro, financiando protección social mediante deuda y trasladando parte de la factura a sus hijos. Ahora deben cobrar más, gastar menos y crecer más. Las tres cosas a la vez. Nuestra enfermedad es parecida, pero cada tribu eligió una religión distinta: más impuestos, menos Estado o crecer, como si fueran opciones excluyentes. Queremos menos impuestos y más prestaciones. Jubilaciones europeas y alta informalidad. Salud, educación e infraestructura de países ricos, aunque produzcamos menos que ellos. Por eso la discusión entre "Estado grande" y "Estado chico" siempre resulta pobre. Porque la pregunta es otra: ¿qué Estado queremos, para hacer qué, y cuánto estamos dispuestos a pagar por ello?
Un Estado de bienestar no se construye sólo gastando. Requiere una economía capaz de producir riqueza durante décadas, trabajadores formales, empresas competitivas, contribuyentes, instituciones confiables y una administración que transforme recursos en bienes públicos reconocibles. Esa es otra forma de redistribuir la riqueza generada. Pero siempre, para distribuir, antes hay que generar.
Francia discute hoy qué está dispuesta a perder para conservar parte de aquello que construyó. Argentina todavía debe discutir qué está dispuesta a producir, reformar y pagar para construir alguna vez aquello que lleva décadas prometiendo ofrecer, sin dar. Declamar derechos es sencillo; hacerlos realidad y financiarlos durante generaciones es harina de otro costal.