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El vicio argentino de tapar la pobreza

Manipular la interpretación de los datos de la pobreza del Indec es tan nocivo como modificar las estadísticas. Los que sufren las consecuencias son la población y la transparencia democrática

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En sus últimos cursos en el CollÞge de France, entre 1982 y 1984, Michel Foucault rescató una palabra griega casi olvidada: parresía. Designaba el decir veraz y arriesgado: la obligación de decir lo que se piensa aun cuando cueste. Su opuesto no era la mentira, sino la adulación y la retórica. El discurso que busca agradar o persuadir antes que mostrar lo que es.

El jurista francés Alain Supiot retomó la idea en un ensayo publicado por El Grand Continent, para recordar que la democracia no se sostiene solo sobre instituciones, sino sobre una ética de la verdad interiorizada por quienes hablan en público. Cuando la palabra pierde crédito, advierte, la deliberación degenera en un mercado de cuotas electorales. Los datos de pobreza publicados por el INDEC el 24 de septiembre ofrecen una oportunidad para medir cuánta parresía queda en la dirigencia argentina y salteña.

Pobreza y encubrimiento

Primero, los hechos. En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los 31 aglomerados que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Son 4,1 puntos más que en el segundo semestre de 2025 y 0,7 puntos más que un año atrás. Proyectado al total del país, el dato equivale a unos 15 millones de personas, de las cuales 3,5 millones son indigentes. La indigencia pasó del 6,3 al 7,5%. En seis meses, unos 2 millones de personas cruzaron hacia abajo la línea de pobreza. Entre los niños de 0 a 14 años, la tasa es del 44,5%. La causa es aritmética: el ingreso per cápita familiar creció un 11,5% en el semestre, mientras la canasta básica total subió un 19,6 y la alimentaria un 21,4. El hogar pobre promedio dispuso de 922.755 pesos frente a una canasta de 1.440.395. Le faltó más de un tercio para no ser pobre.

El primer plano de la parresía es el del Gobierno nacional. El ministro Luis Caputo reconoció la suba, pero subrayó que ambas tasas registraban una fuerte baja respecto del primer semestre de 2024, cuando la pobreza tocó el 52,9%. La afirmación es exacta y, sin embargo, elige su punto de partida. Aquel pico fue el efecto inmediato de la devaluación de diciembre de 2023, decidida por el propio Gobierno. Si la comparación se hace contra el semestre en que Javier Milei asumió, con 41,7% de pobreza, la mejora es real pero menor: 9,4 puntos en dos años y medio, no 20%.

Antes de conocerse el dato, el oficialismo hizo circular entre los referentes de La Libertad Avanza un documento con argumentos centrados precisamente en esa comparación con el punto de partida. En mayo, Caputo afirmaba que el programa económico había sacado de la pobreza a 12 millones de personas y el presidente elevó la cifra a 14. Cuando el número de pobres rescatados crece dos millones en una mañana sin que medie ninguna estadística nueva, el número ha dejado de describir la realidad para cumplir una función publicitaria. Supiot describe ese desplazamiento: la palabra pública sustituida por la 'comunicación', una versión de la publicidad aplicada al mercado electoral.

La provincia

El segundo plano es el de la provincia. En el aglomerado Gran Salta, la pobreza afectó al 29,7% de las personas, unas 202.000, distribuidas en 44.000 hogares. La cifra se ubica por debajo del promedio nacional y del 31,5% del Noroeste, y ese es el dato que una lectura complaciente preferirá destacar. La lectura franca es otra. La pobreza salteña lleva inmóvil prácticamente tres semestres: 29,5% en el primer semestre de 2025, 29,7 en el segundo, 29,7 ahora.

Cuando el país mejoraba, Salta no acompañó, cuando empeoró, quedó donde estaba. Mientras tanto, la indigencia subió de 3,7 a 4,4%, unas 30.000 personas que no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria. Según el Centro de Economía Política Argentina, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la provincia perdió 14.680 empleos registrados y 629 empresas formales. Frente a estos números, no se conoce un diagnóstico público del gobierno provincial. El silencio también es una forma de retórica: la de quien prefiere que el promedio hable por él.

El tercer plano es el más incómodo, porque concierne al propio dato. En Salta, la EPH solo mide el Gran Salta. Con unas 690.000 personas, el aglomerado representa menos de la mitad de los aproximadamente 1,44 millones de salteños que registró el Censo 2022. Orán, General San Martín y Rivadavia, los departamentos donde se concentran las comunidades originarias, la informalidad y las mayores privaciones de la provincia, no figuran en la estadística semestral. Desde 2020, por la Ley 8185, esos tres departamentos viven bajo una emergencia sociosanitaria que el Estado provincial prorrogó una y otra vez, la última a fines de 2025. Una emergencia que dura seis años ha dejado de ser una emergencia para convertirse en una condición estructural. El 29,7% dice tanto por lo que mide como por lo que omite. Ningún gobierno, nacional ni provincial, tiene incentivos para recordarlo. Por eso hace falta decirlo.

La verdad y los disfraces

Supiot enumera tres condiciones subjetivas para que un ciudadano pueda participar de la deliberación democrática, sobre todo a pocos meses de una elección nacional y provincial que será crucial. Estas son: una educación que le enseñe a distinguir el interés público del privado, una independencia económica, a través del trabajo, que evite que la desigualdad lo someta a otros, y una ética de la verdad. La segunda no es ajena a la tercera. Un hogar cuyos ingresos no llegan a cubrir dos tercios de la canasta básica no está en condiciones de ejercer con libertad la palabra, depende, espera, negocia. La pobreza es, por eso, un problema de calidad democrática: erosiona las condiciones materiales de la palabra libre de casi la mitad de los niños argentinos. La parresía no exige pesimismo ni oposición. Exige que quien habla en nombre del Estado elija las comparaciones honestas y no las convenientes, que nombre los problemas que no se ven en el promedio y que asuma el costo político de decirlo. En la Grecia clásica, el parresiasta arriesgaba su posición frente al poder. En la Argentina de 2026, la dirigencia solo arriesga un titular. Que ni siquiera esté dispuesto a perder un titular mediático es la medida exacta de la crisis de la palabra pública.

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