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El domingo 25 de octubre hubo elecciones presidenciales en Brasil. Era la segunda vuelta electoral y competían Luiz Ignacio "Lula" da Silva, el actual presidente, que buscaba su reelección, y Flavio Bolsonaro, senador opositor, que buscaba su propia oportunidad presidencial.
El presidente Lula ganó su reelección por escaso margen, pero lo suficientemente claro para no admitir discusiones posteriores. Algo pasó al conocerse oficialmente el resultado electoral, exactamente siete minutos después, que guste o no, opacó una victoria que no pudo festejarse como es propio de esos casos, porque la mirada de todos, propios y extraños, dejó de enfocarse en el ganador y se mostró atenta en mirar los movimientos de quien fuera el gran derrotado ese día. Decimos mirar para incluir a la televisión y a las redes. Más de una vez, hubo transmisiones en vivo.
Flavio Bolsonaro, pues de él se trata, era el principal candidato opositor a Lula. Sus números de la segunda vuelta fueron elocuentes, porque unos sesenta millones de brasileños y brasileñas lo acompañaron con sus boletas, por todo el país. Algo le pasó a él, a su familia, a su entorno, a todo lo que lo rodeaba, para que en muy poco tiempo dejara en los hechos el sitial que le había dado el electorado, es decir, ser el principal dirigente opositor al candidato triunfante.
Es probable que la decisión final que se tomó fuera largamente estudiada, antes de aquella noche del día 25 y de los siguientes. La noche del 25 todo se precipitó porque el juez del Superior Tribunal Federal, Alexandre De Moraes, dio a conocer dos órdenes. Una era prohibirle a Flavio dejar el país; la otra era ordenarle que hiciera entrega de todos sus pasaportes.
Había motivos. Flavio ya tenía tres procesos penales en su contra, en pleno trámite: 1) caso "Dark House", un proyecto millonario para rodar una película sobre su padre, Jair, ex presidente de Brasil; 2) un proceso por Calumnias, que le iniciara Lula; 3) su relación confusa con Willer Tomaz, persona vinculada a Lavado de activos y Evasión de divisas.
Flavio sabía que no podía ser detenido, por lo menos hasta febrero del año entrante, porque hasta entonces tenía inmunidad de arresto. Pero también sabía que el juez De Moraes temía que se fuera del país para eludir sus procesos penales y que, para ese juez, había riesgos probables de sustracción a la justicia: su poderío económico, sus relaciones personales y políticas, etc. En síntesis, Flavio no quiso correr riesgos y se puso en marcha lo que al menos para dos de los más influyentes diarios norteamericanos -el New York Times y el Financial Times-, fue un plan para ayudarlo a abandonar el país, junto a su familia, esposa y dos hijas adolescentes.
Según esos medios, la ayuda tuvo un nombre en clave para los actores de la administración Trump: "Operación Alba". El plan fue bastante complejo, porque necesitó no solo de nombres propios, sino de la colaboración de partes de la administración del presidente Milei. Un conocido ciudadano norteamericano se ocupó de contratar con una empresa argentina un avión de última generación y tripulación para la ruta Iguazú -Estados Unidos, con escala en Ecuador, para no correr riesgos de interceptación si se sobrevolara el espacio aéreo de Brasil. Se dice que, además, hubo otros aviones listos para el despegue; se vio una flota de vehículos trasladando personas a los aeropuertos, etc.
Flavio se trasladó desde Brasilia a Misiones por vía terrestre e ingresó al país por el puente internacional Tancredo Neves. Ya en Iguazú, embarcó en el avión estacionado en la pista del aeropuerto. Algo no se hizo bien ahí y tiene su explicación.
La Argentina tiene su Ley de Migraciones, número 25.871. En su artículo 29, contiene varios impedimentos para el ingreso de un ciudadano extranjero al país, uno de los cuales está en el inciso c): "Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero, o inversiones en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más". En Brasil se ha informado que Flavio tiene procesos penales pendientes por dos de las actividades expresamente establecidas como impeditivas para el ingreso a nuestro país: el lavado de dinero y las inversiones en actividades ilícitas.
La carga de la afirmación negando estar comprendido en esa limitación, le corresponde a quien pretende ingresar al territorio.
El breve parte que publicó la Dirección de Migraciones, cuando el avión ya había despegado, afirma que Flavio contaba con la documentación en regla, lo que no contesta la otra pregunta: ¿informó que tenía tres procesos penales en su país, dos específicamente impeditivos para el ingreso?
Un agregado sobre esto. En el año 2.025, el presidente Milei dictó el DNU 366 -vigente mientras no sea derogado por las dos cámaras del Congreso-, que no derogó la Ley de Migraciones, sino que le hizo algunas reformas. Una de ellas es que por el artículo 34, agregó al ya mencionado artículo 29 el detalle de la declaración jurada para introducir la información que se exige a quien pretende ingresar al territorio nacional. Se insiste en que no se ha informado, al menos en forma específica, si Flavio informó lo que debía y en la forma que debía. Para mayor información a los lectores, aunque esa omisión hubiera existido, no tiene consecuencias penales; no es un delito migratorio.
El juez De Moraes
Casi todos sabemos quién es Donald Trump y un poco menos, quién es Flavio Bolsonaro. Poco se sabe del juez Alexandre De Moraes. Este magistrado integra el máximo tribunal de Brasil, llamado Superior Tribunal Federal, desde el año 2.017, cuando el presidente de Brasil fue Michel Temer. El STF es un tribunal colegiado, integrado por trece miembros y que actualmente preside Edson Fachin; su segundo es De Moraes.
De Moraes ha venido actuando en contra de los Bolsonaro -primero con Jair y ahora con Flavio- desde hace tiempo. Por su trabajo, el padre cumple una condena por graves delitos. Ahora interviene en lo del hijo. Obviamente, el juez no la tuvo ni la tiene fácil. Sólo en el año 2.024, la defensa de Jair Bolsonaro presentó ciento noventa y dos (192) pedidos de apartamiento, que no prosperaron.
Fue acusado de restringir el derecho de defensa del imputado; de no ser imparcial; se dijo que en un proceso en el cual era víctima, no se apartó. Además de lo que ha venido pasando con la defensa de los Bolsonaro, De Moraes tiene otros problemas más cercanos, como sus profundas diferencias con un par, André Mendonca, con el que cruzaron acusaciones. No son menos importantes las sospechas de sus relaciones con el ex banquero Vorcaro, vinculado a casos de lavado; y las del estudio de abogados que integra la esposa del juez con el Banco Máster, en medio de los cuales habría un contrato millonario en reales. No hay investigaciones penales por esos motivos.
El futuro del juez De Moraes es de difícil pronóstico. En algún momento, el Senado cercano a la familia Bolsonaro, puede activar su proceso de remoción. Los números de hoy son éstos: para que ello sea posible, se necesitan 54 votos; el núcleo más duro en contra del juez reúne 49. Todo está por verse.
El caso de Flavio Bolsonaro no fue uno más para la administración Trump. Ya se dijo cómo fue que lo ayudaron a abandonar el país, sabiendo por qué. La llamada Alianza para las Américas, muy bien pudo ser el marco político para que el nombrado ingresara a la Argentina y desde aquí viajara a la Florida. El señor Rubio insiste en que lo único que le dieron a Flavio fue la autorización para ingresar a los Estados Unidos. Cierto documento oficial ya publicado lo contradice porque además de dejarlo ingresar, a él y a su familia, les extendieron pasaportes provisorios, a Flavio le reconocieron la condición de refugiado político, le reconocieron un rol importante en la oposición en Brasil y lo autorizaron a gestionar lo que entienda conveniente a esa principal actividad.
El lector habrá leído antes de esta nota otros textos en los que se habla de exilios y otras desventuras de la política. Algo está pasando en el continente para que una gestión gubernamental o una candidatura tengan al lado, en tensa espera, a jueces y a fiscales penales, y a todo un proceso penal, atentos a lo que hagan los hombres y mujeres públicos, que hacen política y luchan por el poder. Antes o a la par de la justicia penal, estará el periodismo de investigación haciendo su trabajo. Todo eso junto le ha dado vida a un ida y vuelta permanente entre victorias electorales e impunidades penales; o derrotas y cárcel, y exilio para el derrotado. Algo debiera hacerse para que toda gestión pública termine como es debido, saliendo por la puerta grande, de vuelta a casa para hacer lo que a cada uno le guste más; sin sospechas; sin manchas, apenas con la dulce satisfacción del deber cumplido. En nombre de Dios y de la Patria.