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Hay algo inquietante en lo ocurrido durante las elecciones presidenciales de Brasil. No tanto por el resultado ni por las controversias que rodearon el cierre de los comicios, sino por la extraordinaria velocidad con la que hechos verificables se convirtieron en una sucesión de relatos enfrentados, cada uno de ellos declamando defender la democracia que el otro partido pretendía destruir.
Lo más perturbador es que, llegados a cierto punto, los hechos importaron mucho menos que las explicaciones y palabras utilizadas para interpretarlos.
Datos, no relatos
Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro; más de cuatro millones cuatrocientos mil votos de diferencia. No fue una victoria aplastante, pero sí una lo suficientemente amplia como para que las controversias sobre la extensión del horario electoral no pudieran explicar la alteración del resultado.
Es verdad que ocurrieron cosas. Las lluvias en estados del sur -bastión bolsonarista- provocaron dificultades para concurrir a votar y motivaron pedidos de ampliación del horario por parte de ese partido. En el norte y noreste -bastión de Lula- las denuncias sobre deficiencias del transporte público impulsaron pedidos semejantes del petismo. La Justicia autorizó prolongar la votación hasta las 19 en las mesas que continuaran abiertas -cuando el proceso de contabilización de votos había comenzado- obligando a suspender la difusión de resultados hasta el nuevo cierre. Una decisión excepcional, cuestionada incluso por el presidente del Tribunal Superior Electoral quien -reconociendo las dificultades operativas- ratificó la seguridad del proceso. ¿Cuántas personas votaron después de las 17? Apenas 34.393; cerca del 0,03% de los sufragios emitidos. Una cifra tan ridículamente insignificante que, por sí sola, debería descartar la prórroga como explicación de la derrota.
Pero la excepcionalidad del procedimiento se convirtió en una anomalía; la anomalía, en una sospecha; y la sospecha, en una explicación alternativa de la derrota. No hacía falta demostrar el fraude; bastaba con instalar la posibilidad de que este hubiera existido. Y acá comienza el problema.
Relatos que obvian datos
En "El fin de la realidad estable" exploré una transformación que considero una de las amenazas más profundas para nuestras sociedades: la pérdida de una realidad compartida. Durante siglos, las personas discutimos sobre las causas, consecuencias e interpretaciones de los acontecimientos, pero conservábamos la convicción de que existía algo exterior a nuestras percepciones que podía ser observado, documentado y contrastado. Podíamos discrepar sobre el significado de un hecho, pero podíamos alcanzar alguna forma de acuerdo acerca de su existencia. Hoy comenzamos a perder esa posibilidad.
La propaganda, la manipulación y las interpretaciones interesadas acompañan a la política desde su origen. Pero las nuevas tecnologías permiten multiplicar relatos, personalizarlos, distribuirlos y reforzarlos dentro de comunidades que sólo necesitan versiones que los reafirmen en sus creencias. La fragmentación no afecta sólo a nuestras opiniones; modifica la percepción misma de la realidad que cada uno cree estar observando.
Y una democracia puede sobrevivir a profundas diferencias ideológicas. Puede tolerar conflictos intensos, gobiernos incompetentes, dirigentes irresponsables hasta corruptos y decisiones judiciales equivocadas, siempre que conserve instituciones capaces de investigar, corregir, establecer responsabilidades y castigar. Lo que difícilmente pueda sobrevivir es la desaparición de cualquier criterio compartido para distinguir entre aquello que ocurrió y aquello que alguien necesita que creamos que ocurrió.
En una cultura saturada de simulaciones indistinguibles de la verdad, la sospecha se hace estructural: toda imagen pudo haber sido fabricada; toda voz pudo haber sido sintetizada; todo documento pudo haber sido manipulado; toda conversación pudo haber sido generada; toda acción pudo haber sido producto de una conspiración. La consecuencia no es sólo más desinformación; es la desestabilización de aquello que las sociedades modernas entendían como una realidad firme, estable y compartida.
La sospecha posee, además, una ventaja extraordinaria: no necesita construir una explicación completa, coherente ni verificable. Puede limitarse a señalar una anomalía, formular una pregunta insidiosa o sugerir que detrás de aquello que conocemos existe algo que se nos está ocultando. Y cuando alguien presenta pruebas que contradicen esa sospecha, siempre queda disponible una nueva explicación: esas pruebas también pudieron haber sido manipuladas. La sospecha no necesita vencer a la verdad; le alcanza con impedir que ésta consiga establecerse como tal.
El triunfo de la sospecha
Siete minutos después de confirmarse la victoria de Lula, el juez Alexandre de Moraes autorizó incautar el pasaporte de Flávio Bolsonaro, investigado por presunto lavado de dinero. Al día siguiente, el excandidato denunció un fraude electoral, aseguró que permanecería en Brasil y que se defendería ante la Justicia, pero poco después desapareció de la escena pública. Tras más de veinticuatro horas de versiones contradictorias, desmentidas oficiales e informaciones periodísticas sobre movimientos difíciles de reconstruir, se confirmó que había cruzado a la Argentina con un pasaporte italiano y volado desde Puerto Iguazú hacia Miami en un avión privado con escala en Guayaquil.
La investigación periodística añadió otros elementos: Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, estuvo en Misiones durante esos hechos, y dos funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá aparecieron vinculados con sus desplazamientos. Según The New York Times, un funcionario cercano a Donald Trump participó en la organización del vuelo a Estados Unidos. Estas participaciones no demuestran por sí solas una operación ilegal de los gobiernos argentino y estadounidense ni permiten establecer responsabilidades. Sí aportan elementos para investigar qué ocurrió, quiénes intervinieron y con qué autoridad: una distinción que se pierde cuando la maquinaria de los relatos busca apartarnos de los hechos.
Pero, para el bolsonarismo, Flávio no huyó de la Justicia: escapó de una persecución política. No abandonó a sus votantes: se sacrificó para representarlos desde el exterior. No incumplió una orden judicial: resistió una arbitrariedad. Quienes eventualmente lo ayudaron no facilitaron una fuga: protagonizaron un rescate. Estas palabras no son equivalentes: contienen una interpretación moral y política. Al imponer su vocabulario, cada lado puede imponer también el marco desde dónde examinar y juzgar los hechos. El propio Bolsonaro lo expresó con una fórmula extraordinaria: «No hui de Brasil, me fui por Brasil». Una inversión semántica casi perfecta. El acto de abandonar el país después de una derrota electoral y frente a una restricción judicial se convierte en una demostración de compromiso patriótico. Del otro lado, el relato es suplementario. No hay persecución, sino investigaciones judiciales. No hay exilio, sino fuga. No hay rescate, sino posible injerencia extranjera para eludir una decisión de la Justicia brasileña. No hay defensa de la democracia, sino desconocimiento de un resultado electoral legítimo. Y ambos discursos recurren a la misma justificación: salvar la democracia.
Pero la simetría narrativa no implica equivalencia entre los hechos. Una investigación judicial no demuestra culpabilidad, tanto como la proximidad entre una derrota electoral y una medida cautelar no demuestra persecución política. Tampoco la conveniencia de una acusación de fraude la hace válida. Las afirmaciones requieren pruebas, procedimientos y responsabilidades verificables: todo aquello que los relatos enfrentados desplazan. El verdadero triunfo de la sospecha no es que todos crean una mentira, sino que cada grupo encuentre una explicación plausible que reafirme su propia interpretación de los sucesos. Donald Trump puede cuestionar las elecciones brasileñas sin pruebas de fraude; Flávio Bolsonaro, declararse perseguido y presentar su salida como un deber patriótico; sus adversarios, ver en cada movimiento una injerencia extranjera. Y, en comunidades políticas cada vez más impermeables, los ciudadanos encuentran en estas versiones la reafirmación de sus convicciones.
Quizás Brasil termine resolviendo institucionalmente todas las controversias. Quizás las investigaciones judiciales encuentren una respuesta final. Pero el daño podría sobrevivir a estas resoluciones porque quienes hayan decidido que las instituciones forman parte de una conspiración no aceptarán sus conclusiones como prueba suficiente. Y entonces habremos alcanzado el máximo punto de una paradoja extraordinaria: sociedades en las que todos dicen defender la democracia mientras contribuyen, de distintas maneras y con distintos grados de responsabilidad a erosionar las condiciones que permiten sostenerla.
La democracia no necesita que todos compartamos una misma verdad política; "sólo" necesita que aceptemos la existencia de hechos que ninguna preferencia política pueda modificar a su conveniencia. Y tal vez ésa sea nuestra derrota más profunda: no haber perdido la capacidad de conocer la verdad, sino renunciar a reconocerla cuando contradice aquello que necesitamos creer. Y cuando esto ocurre, la sospecha ya no necesita demostrar nada. Ya ha triunfado.