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La semana argentina en Manhattan del 9 al 11 de marzo de 2026 fue, en términos de escenografía política, impecable. Once gobernadores, los principales grupos económicos del país, JP Morgan, Bank of America y el Council of the Americas reunidos para discutir el futuro energético y minero de la Argentina. El presidente Milei presentado por Jamie Dimon ante inversores de primer nivel. Una puesta en escena pensada para proyectar estabilidad y vocación de inserción global. Pero en el vuelo de ida, la semana comenzó a desmoronarse por donde menos se esperaba: la esposa del Jefe de Gabinete viajó en el avión presidencial. Lo que pareció una anécdota se convirtió en un revelador estructural sobre el abismo entre el discurso que llevó a La Libertad Avanza al poder y las prácticas que el mismo gobierno está consolidando. Prometer ser intachable mientras acumula presuntos hechos de corrupción, material y moral.
Para entender por qué el caso Adorni importa más allá del escándalo mediático de turno, hay que partir del marco jurídico que lo contiene. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que la idoneidad es la única condición exigible para el acceso a los empleos públicos. No es una frase decorativa. Es el principio republicano que distingue al Estado de derecho del gobierno de amigos.
La Jefatura de Gabinete, regulada por el artículo 100 de la misma Constitución, es uno de los cargos más complejos del Poder Ejecutivo: coordina la administración general del país, ejerce la dirección del gabinete de ministros, recauda las rentas de la Nación y ejecuta la ley de presupuesto. Es, en términos técnicos y políticos, el cargo que más demanda capacidad de gestión pública integrada de todo el Ejecutivo nacional.
Manuel Adorni llegó a esa posición con una trayectoria que no satisface ese estándar. Construyó su carrera como panelista televisivo y tuitero de alto impacto. No existe en su historial una sola experiencia de gestión pública, coordinación interministerial, administración presupuestaria ni negociación legislativa de envergadura. Referentes del propio partido lo describieron, antes de su designación, como "un verdadero paracaidista". Obtuvo la vocería presidencial en parte porque nadie con mayor trayectoria quería ocupar ese lugar, y accedió a la Jefatura de Gabinete con la misma lógica de disponibilidad y lealtad al triángulo de hierro que lo llevó a todos sus cargos anteriores.
La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deben actuar con competencia y eficacia, y que el ejercicio del cargo exige integridad y transparencia en la gestión. Evaluada objetivamente, la idoneidad técnica para el cargo más coordinador del Ejecutivo argentino sencillamente no está acreditada.
No es un accidente aislado
El episodio del avión presidencial no es entonces un accidente aislado sino la expresión más visible de esa brecha entre cargo y capacidad. La Ley 25.188 es taxativa: los funcionarios públicos no pueden usar los recursos del Estado para beneficio personal ni de terceros. Adorni explicó que "Presidencia" invitó a su esposa porque había "complicaciones en las fechas" de su viaje personal, y que la necesitaba cerca porque iba a "deslomarse" en Nueva York.
Esa justificación constituye exactamente el tipo de razonamiento que las normas de ética pública buscan prevenir: la naturalización del uso privado de recursos públicos bajo el argumento de la necesidad personal. Pero el problema más grave no es la conducta en sí. Es que Adorni había criticado públicamente, en múltiples tuits y declaraciones, a funcionarios kirchneristas y a Fabiola Yáñez por exactamente la misma conducta.
En 2024, siendo vocero presidencial, calificó ese tipo de uso del avión oficial como una falta ética. La contradicción no es una debilidad política circunstancial: es una fractura en la credibilidad moral del funcionario que más horas acumula ante los micrófonos defendiendo las decisiones del gobierno.
La ética pública no tiene color político, aunque en la Argentina se la administre como si lo tuviera. Es aquí donde el análisis debe ser más exigente con el relato fundacional de La Libertad Avanza. El discurso que llevó a Milei al poder descansó sobre una premisa central: que existía una "casta política" que usaba el Estado para beneficio propio, y que la llegada del movimiento libertario representaba una ruptura histórica con esa lógica. Es un diagnóstico que movilizó a millones de argentinos genuinamente hartos de décadas de mal gobierno. El problema es que ese diagnóstico, correcto en sus términos generales, choca con una evidencia que se acumula con creciente velocidad.
La comparación histórica es necesaria y no es amable para ningún espacio político. El kirchnerismo tuvo en Aníbal Fernández un jefe de Gabinete cuya gestión estuvo sistemáticamente asociada a declaraciones que contradecían los principios que su espacio declamaba, y cuya idoneidad técnica para coordinar la administración general del país fue cuestionada de manera transversal. Alberto Fernández, siendo él mismo jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, construyó una imagen de eficiencia técnica que su propio gobierno posterior desmintió con creces. El macrismo tuvo en Marcos Peña a un operador político con capacidad comunicacional notable, pero sin experiencia ejecutiva probada en la administración pública, y cuya gestión fue señalada como uno de los factores del fracaso de coordinación del período 2015-2019. En los tres casos, el patrón se repite con variaciones de forma, pero con idéntica sustancia: la lealtad personal y la funcionalidad comunicacional prevalecen sobre la idoneidad técnica al momento de designar al funcionario que debe conducir el andamiaje administrativo del Estado nacional. Lo que se observa en el caso Adorni no es entonces una excepción al patrón argentino sino su más reciente confirmación. Y esto tiene una consecuencia política que La Libertad Avanza parece no haber procesado todavía. La "casta" que el movimiento prometió eliminar no era, en rigor, un grupo de personas identificables con nombres y apellidos. Era un conjunto de prácticas institucionales: el uso discrecional de los recursos del Estado, la lealtad personal por encima de la idoneidad técnica, la aplicación selectiva de las normas éticas según quién las viole.
Esas prácticas no desaparecen con un cambio de gobierno. Migran. Se instalan en los nuevos despachos con nuevos nombres, nuevas justificaciones y, en este caso, con el agravante de que el gobierno que las reproduce había hecho de su crítica el centro de su identidad política. La ciudadanía no siente el crecimiento macroeconómico en su cotidianeidad. La esperanza con la que llegó este gobierno al poder está siendo reemplazada progresivamente por impaciencia, y el desempleo alcanzó en ese mes su nivel más alto de menciones espontáneas en relevamientos de opinión pública. En ese contexto, episodios como el del avión de Nueva York no son menores: son el tipo de señales que erosionan la confianza pública con una eficacia que ningún indicador de reservas ni de inflación puede contrarrestar en el corto plazo. La ciudadanía no evalúa a sus gobiernos únicamente con variables macroeconómicas. Los evalúa también con la pregunta más simple y antigua de la política democrática: ¿hacen lo que dicen?
La Argentina tiene un problema estructural con la idoneidad de sus funcionarios y con la ética en el ejercicio del poder. Ese problema no comenzó con Adorni y no terminará con su eventual salida del cargo, máxime cuando ya tiene asegurada una banca legislativa porteña que lo espera. Pero la particularidad del caso es la de un gobierno que construyó todo su capital político sobre la crítica al mal funcionario está reproduciendo, con su propio personal, exactamente la lógica que prometió erradicar. La Constitución no exige perfección. Exige idoneidad. Y la ética pública no admite excepciones por necesidad de compañía en un viaje de trabajo.