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Hoy se conoció el número de la ley de M… (entiéndase Milei o Modernización, nunca se me atribuya un pensamiento escatológico). Llevará el número 27802. Ya pasó una semana y recién hoy, viernes 06 de marzo, fue publicada. ¿Cuál era el apuro, entonces? En un primer momento pensé que la inaudita urgencia por tratar una ley tan importante como la que reformaría la "vetusta" legislación laboral obedecía a la simple fatuidad de nuestro autoproclamado León. No parecía relevante que se aprobara el proyecto por títulos —una pirueta lógica equivalente a jactarse de haber leído docenas de libros solo por haber ojeado sus lomos—, siempre que pudiera cumplirse el sueño del mayor libertario de anunciarlo en la Asamblea Legislativa y llevarlo como tributo de obediencia al mandamás del imperio yanqui.
Mala mía. Estaba equivocado y pido perdón por mi maledicencia; la precipitación obedecía a que debía sancionarse la ley antes de que nos quedáramos sin empresas en las que aplicarla. Con una tasa de mortalidad empresarial que ya se devora 30 unidades productivas por día y un aprovechamiento de solo el 53,4% de la capacidad instalada (en algunos rubros, como el automotriz, el caucho, el plástico y los textiles por debajo del 35%). A ello se suma una evasión tributaria en constante crecimiento que afecta a dos de cada tres empresas. El Gobierno no está legislando para el futuro del trabajo, sino redactando el acta de defunción de un sector privado que se extingue antes de llegar a ser "modernizado".
Este proyecto es mendaz desde su propio título. Mientras los medios se concentran en temas como el banco de horas o las vacaciones fraccionadas —una clara operación de distracción que afecta a los trabajadores, pero no toca el fondo de la cuestión—, por debajo corre una sibilina Reforma Impositiva y el verdadero corazón del negocio: el Fondo de Asistencia Laboral. Resulta asombroso que una ley "laboral" incluya capítulos sobre el valor de los novillos y vaquillonas, mientras deroga gravámenes a yates y aeronaves. Se trata de un Frankenstein legislativo que viola la Constitución y que incorpora una reforma tributaria sin siquiera mencionarla en su título, con disposiciones que nada tienen que ver con una reforma laboral, pero que sirvió para un impúdico chantaje a los gobiernos provinciales que veían afectados los ingresos de sus arcas.
El bumerán judicial
El Gobierno vende este proyecto como la panacea de la previsibilidad, pero en realidad está sembrando el campo para una catarata de reclamos judiciales sin precedentes. Al ignorar que las normas deben ser compatibles con los Tratados Internacionales y la Constitución, el proyecto nace con un certificado de defunción firmado por la realidad técnica. Lo que el relato oficial califica como "industria del juicio" es la respuesta natural de un sistema que busca defender la Justicia Social frente a un atropello normativo.
Al final del camino, la "modernización" laboral se revela como un espejismo cruel: un andamiaje legal diseñado para un país que ya no existe o que están ayudando a demoler. No es una reforma para el progreso, es un inventario de liquidación por cierre. Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento de su tributo ideológico ante el norte, aquí abajo queda la realidad de un desierto jurídico donde el trabajador financia su propio despido mediante un fondo de 4.000 millones de dólares entregado a la gestión de entidades privadas. Para los libertarios la propiedad privada es sagrada, pero queda en claro con esta reforma que se refieren a la propiedad privada de los ricos, la propiedad de los trabajadores resulta menos sagrada. Insólitamente le permiten a las empresas grandes o medianas, tengan o no problemas económicos, financiar el despido hasta en 12 cuotas. ¿Por qué no se permite a los numerosos deudores bancarios también financiar sus deudas en cómodas cuotas?
Si el éxito de este proyecto se mide por la cantidad de litigios que va a generar y el vacío que va a dejar en las arcas de los jubilados al desviar fondos hacia billeteras virtuales, entonces sí, es un éxito rotundo. Pero no nos engañemos: no están modernizando el trabajo, están precarizando el naufragio y entregando los botes salvavidas al sector financiero. La justicia social no es una anomalía del sistema; es el mandato constitucional que este proyecto pretende canjear por un negocio de ocasión.