inicia sesión o regístrate.
El derecho a una movilidad segura es un derecho humano fundamental, esencial para el acceso a otros derechos como la educación, el trabajo, la salud. No es admisible que, por trasladarnos a estudiar, trabajar o para volver a casa perdamos la vida en el camino.
En Salta, en el último año se perdieron 140 vidas. Todos los días en el noticiero central se destinan unos 20 minutos para presentar "el accidente del día". Al parecer, ni siquiera los incidentes más cruentos y dolorosos llegan a impactar tanto como para que se tomen medidas serias y efectivas. Los siniestros viales pasaron a formar parte del paisaje.
Estos últimos días sucedieron hechos profundamente dolorosos: un motociclista atropelló a un niño de 5 años en el barrio Juan Manuel de Rosas, y lo abandonó con una fractura de cráneo; una joven de 18 años murió tras un siniestro en Chachapoyas y, sin duda entre los hechos más sensibles, se encuentra el fallecimiento de Tomás, el niño de 5 años atropellado por una camioneta en La Merced mientras andaba en su bicicleta.
Tenemos grabados en la memoria a los cinco jóvenes que murieron a la salida de un boliche de zona sur. En el mismo lugar, un sanguchero sufrió la amputación de sus piernas tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.
Podríamos contar cientos y cientos de casos, sin exagerar. Solo en 2025, hubo alrededor de una muerte por un siniestro vial cada 60 horas. Los siniestros viales son la segunda causa de muerte en varones jóvenes (de 15 a 34 años). No mueren por tumores, dengue, o insuficiencia cardíaca. Principalmente, mueren por suicidios y siniestros viales.
La siniestralidad vial se cobra tantas vidas que suele nombrarse como "pandemia silenciosa"; y por silenciosa, ignorada. Igual que durante la pandemia por coronavirus, cada uno de nosotros conoce a alguien que sufrió un siniestro vial, con mayores o menores consecuencias. La diferencia es que la siniestralidad vial no tiene ni la atención, ni el financiamiento que se destinó al Covid-19.
¿De verdad creen que los operativos de controles viales, y de alcoholemia, con las respectivas cifras reportadas cada fin de semana sirven de algo? Los funcionarios acostumbran hacer cosas porque se ven bien, pero ninguno sabe si lo que hacen funciona. Existe un ABC en el diseño de políticas públicas -que nadie aplica-: la evaluación y el monitoreo son indispensables para conocer la efectividad de la intervención; si la acción implementada disminuye o no el número y/o la gravedad de las víctimas.
Interesante sería mantener las iniciativas de los sucesivos gobiernos como -las famosas- políticas de Estado. Un caso que puede mencionarse en esta línea es la colocación de cámaras de control de velocidad. Un impulso que inició durante la gestión de la intendenta anterior, Bettina Romero, y que se materializó en la actual gestión de Emiliano Durand. Nada se compara con este equipamiento, no hay ejército de agentes de tránsito que puedan controlar 24 horas, todos los días, ¡la velocidad!
No tuvieron la misma suerte las ciclovías. Quién podría dudar de que es necesario proteger a los usuarios más vulnerables de las vías, ciclistas, peatones. Sin embargo, la nueva gestión redujo los kilómetros de ciclovías que existieron en Salta alguna vez. Sí son valorables las intervenciones de urbanismo táctico que realizaron a fin de ampliar espacios para peatones y protegerlos como en la zona de Plaza Alvarado, o en la salida del club Popeye, donde para jóvenes y niños era una hazaña cruzar la calle a la par de una rotonda donde, por supuesto, nadie frena para dar el paso.
Puede hacerse mucho más, mucho más. Hoy en día existe muy buena tecnología, cámaras que detectan el uso de casco, o el paso indebido del semáforo en rojo. En una experiencia reciente, en Monterrey (México), una camioneta de policía que circulaba detrás de mi Uber lo obligó a detenerse. Una cámara en la camioneta conectada a un sistema de lectura automática de patentes detectó que el auto tenía deudas. Asombrada, entrevisté al policía para que me explicara cómo funcionaba, mientras me quedaba con las valijas en la mano al costado de la ruta, después de que le retuvieron el auto al chofer.
Claro, las cámaras son costosas, y "¡No hay plata!"... pero no hacer nada también es caro. Primero que nada, la vida misma… de un o una joven, de niños, o de una madre - como la policía Fátima Cardozo. Por otro lado, los costos por cada víctima para el hospital San Bernardo supera, en promedio, los $3 millones, sin contar las cirugías y prótesis. Contando los 3.435 pacientes atendidos en el 2025, la siniestralidad se lleva como mínimo el 12% del presupuesto del hospital.
La (in)justicia de Salta
Las sentencias parecen siempre injustas. Pocos años frente a una pérdida tan irreparable, y donde los condenados burlan las sentencias. Si tienen inhabilitada la licencia, sortean ese impedimento tramitando la licencia en otro municipio. Familiares de víctimas ven de nuevo conduciendo a quienes le han quitado la vida a sus seres queridos. Los sistemas de información (en la era de la inteligencia artificial) son todavía vulnerables, y no encuentro indicios de que vaya a cambiar en el mediano plazo.
Se necesita una mirada sistémica. No basta con la (nula a incipiente) educación. La infraestructura, controlar el cumplimiento de las normas viales, revisar las leyes de tránsito, fijar parámetros adecuados para la habilitación de conductores. Todo a la vez, un sistema: un Sistema Seguro.
Esto constituye un desafío muy muy grande para los gobiernos. Pues no hay un solo órgano responsable de este problema. O tal vez, sí. El órgano rector bien podría ser el Ministerio de Salud, por cuanto este es un asunto de Salud Pública. Los siniestros se llevan vidas, derivan en discapacidades permanentes o temporarias. Pero hay otros actores involucrados, como la oficina de tránsito municipal, las aseguradoras, la policía vial, vialidad provincial, vialidad nacional, etc.
Uf ¡cuántos! Y más… ¿notan la dificultad en la articulación de todos estos actores, de diferentes áreas y niveles de gobierno? Casi utópico. Sin contar que ciertos sectores tienen intereses contrarios a la seguridad vial ¿Quién pensaría que algo puede mejorar quitando la ley de tolerancia cero? Tal vez, los bodegueros; quienes en puja con familiares de víctimas intentan modificar esta ley ¿Qué están haciendo los legisladores para mejorar la situación?
Es un aliciente saber que hay ciudades que lo han logrado. Bueno sí, Suecia. Donde pese al aumento sostenido de la flota vehicular, la cantidad de muertes fue bajando cada vez más. En América Latina, Bogotá es una de las ciudades que mostró buenos resultados adoptando el Sistema Seguro, aunque luego hubo cierto retroceso. Existe ya en el mundo tecnología, políticas y sistemas, que están disponibles y que permitirían mitigar el problema.
¿Por qué sigue habiendo siniestros en la circunvalación oeste cuando ya se implementaron cámaras de control de velocidad? Son varios los factores que pueden explicar que persistan los siniestros, pese a las cámaras. Puede ser la falta de distancia vehicular, o de líneas de demarcación vial, o el nivel de velocidad permitido. La velocidad máxima en esa vía es 110km/h, dicha velocidad requiere una distancia de frenado de 65 mts. Chocar a 110 kilómetros por hora equivale a caer de un piso 12. Solo Charly se salva.
Sin hablar del caso reciente en La Merced. La ciudad se llenó de camionetas de gran porte, pickups. Los vendedores dicen que es un aspiracional, que todos queremos llegar a la pickup. Un vehículo que antes estaba más bien destinado al trabajo rural, hoy copa las calles de Salta. Por algo "Las turbinas", banda salteña del indie, le canta al "Boludo de la Amarok". Gabriel Silveira, editor de la sección autos del Clarín, explica la ventaja impositiva para comprar camionetas, en vez de un auto. Yo me pregunto, ¿Qué ve (y mejor qué NO ve) alguien que maneja una camioneta? Sin contar la sensación de superioridad que experimentan sus conductores sobre el resto de los mortales -autos, bicis, y los pobres peatones-, apostaría que desde el asiento de una Amarok no se ve un perrito o un niño, se amplían los famosos puntos ciegos.
Generalmente, estos vehículos (y todos) son conducidos por hombres. Tendrá que ver que las niñas no juegan con autitos, y los varones sí. Muchas no se animan a manejar (ni la bici) por lo agresivo que es el tránsito en la ciudad. No tengo ninguna información, pero me encantaría conocer por qué las empresas de colectivos en Salta decidieron contratar cada vez más mujeres. Tengo la impresión de que el tránsito se calmaría si hubiera más mujeres al volante.
Cierta evidencia indica que las mujeres participan menos que los hombres de siniestros tras salir de un boliche, y menos manejan sin licencia o bajo los efectos del alcohol (6,5% de los conductores ebrios eran mujeres). En Salta, la casuística (más que las estadísticas) marca 1 "tanto" para el arzobispado (hombres), y 0 para el convento de monjas (mujeres) en el partido de conductores ebrios.
¿Quién maneja hoy en día? ¡Cualquiera! El otorgamiento de una licencia tiene una dificultad bajísima. No hace falta saber demasiado, y las exigencias son todavía menores en ciertos municipios.
Lamento profundamente no equivocarme al pensar que en poco tiempo veremos más estrellas en el pavimento, que los tripulantes del Artemis II en el cielo.