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El 27 de marzo, un estudiante de dieciocho años ingresó al Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, Antofagasta, con un arsenal premeditado: cuchillos, un machete, gas pimienta, líquido acelerante, una bomba falsa. Había planificado el ataque durante meses. Había dejado rastros en redes sociales. Mató a una inspectora de 59 años e hirió a otras cuatro personas. Doce días después, en la Universidad Austral de Valdivia, un grupo de estudiantes rodeó a la ministra de Ciencias, la empujó, le lanzó agua y bloqueó su salida del Aula Magna durante lo que debía ser una inauguración académica.
Son dos escenas distintas. No son el mismo fenómeno. Confundirlas sería un error de diagnóstico. Pero sí revelan algo común: que los espacios que deberían ser los más protegidos de la violencia la escuela, la universidad ya no lo son. Y que Chile no sabe del todo qué hacer con eso.
El caso de Calama no es difícil de leer a nivel factual. Un joven que planificó durante meses una masacre, que dejó señales visibles en sus redes, que llegó armado hasta los dientes a un establecimiento sin que nadie lo detectara, que tuvo como víctima inicial a una mujer que salió de la inspectoría a preguntarle por qué no estaba en clases. El sistema falló múltiples veces antes de que la primera hoja penetrara. La familia, la escuela, la institucionalidad como reconoció con honestidad inusual la propia ministra de Educación fallaron en cadena. La respuesta del gobierno fue apropiada en lo inmediato: querella, investigación, solidaridad con la comunidad escolar. Y la promesa de detectores de metales.
Los detectores de metales son una respuesta. No es una respuesta equivocada. Pero es una respuesta al arma, no al brazo que la sostiene. Lo que los datos de este caso sugieren no es un problema de control de acceso. Es el problema de un joven que acumuló malestar, resentimiento y planificación homicida durante meses, invisible para todos los adultos responsables de haberlo visto. Eso no se resuelve con un pórtico de seguridad.
Violencia hipócrita
El caso de la Universidad Austral es diferente en naturaleza, pero no en señal. Una ministra con disposición al diálogo fue sitiada, empujada, rociada con agua por un grupo de estudiantes que decidieron que esa era la forma legítima de expresar su desacuerdo con la política de becas. No fue un conflicto espontáneo. Hubo una convocatoria, una estrategia, y una ruptura deliberada de los acuerdos de salida que los propios dirigentes habían negociado minutos antes. La federación estudiantil salió después a denunciar persecución contra sus manifestantes. Es una secuencia que se ha perfeccionado hasta convertirse en reflejo: primero la agresión, luego la victimización. No hay argumento político que convierta el sitio físico a una autoridad en un acto legítimo de protesta. El disenso tiene formas. Esta no es una de ellas.
¿Qué produce esta violencia? Es la pregunta que los gobiernos suelen esquivar porque no tiene respuesta rápida ni fotografiable. Pero tiene respuesta.
La violencia escolar no nació en Calama ni comenzó este año. El Colegio de Profesores llevaba años alertando que la convivencia en los establecimientos se había deteriorado hasta niveles que hacían previsible una tragedia. Lo que cambió no es la naturaleza humana. Cambiaron las condiciones en que los jóvenes se forman: familias más frágiles y dispersas, redes sociales que normalizan la agresión como lenguaje, comunidades escolares sobrecargadas de funciones que exceden con creces lo pedagógico, y un Estado que delegó en la escuela tareas de contención social sin dotarla de los recursos para cumplirlas.
La escuela chilena carga hoy con algo que nadie le encargó formalmente pero que termina siendo su responsabilidad de facto: producir el tejido afectivo y normativo que la familia, el barrio y las instituciones de proximidad ya no garantizan. Es demasiado para un inspector de pasillo y un profesor con cuarenta alumnos por sala. La detección temprana de estudiantes en riesgo aislamiento extremo, señales de quiebre, conductas de alerta requiere profesionales presentes y con tiempo para mirar. Chile tiene aproximadamente un psicólogo por cada cuatro mil alumnos en el sistema público. Ese número dice más sobre la política de convivencia escolar que cualquier discurso ministerial. Mientras esa brecha persiste, los detectores de metales detectarán el arma que ya entró, no la crisis que la precedió por meses.
Crisis de autoridad
La violencia política en los campus tiene raíces distintas, pero igualmente estructurales. Las universidades chilenas atraviesan una crisis de autoridad interna que lleva años sin nombrarse con claridad: federaciones estudiantiles que operan bajo la lógica de que cualquier método es legítimo si la causa lo justifica, y autoridades universitarias que han cedido terreno sistemáticamente ante la presión, confundiendo tolerancia con conducción. El resultado es un espacio donde la deliberación - que es el único sentido real de la vida universitaria - ha cedido a la confrontación como primer recurso. No ocurre en todos los campus ni en todos los momentos. Pero ocurre con una frecuencia que ya no sorprende a nadie. Y eso es exactamente el problema: que ha dejado de sorprender.
Hay además un elemento que conecta ambas violencias y que pocas veces se nombra. Vivimos en una época en que la tolerancia a la frustración se ha comprimido y en que los mecanismos institucionales de procesamiento del conflicto han perdido credibilidad. El joven de Calama no recurrió a nadie. Los estudiantes de Valdivia no esperaron para presentar un petitorio o convocar una asamblea al día siguiente. En ambos casos la violencia fue la primera respuesta, no la última. Eso no es un dato menor sobre los individuos involucrados. Es un dato sobre el tipo de sociedad que hemos construido: una donde la rabia se ha acortado el camino hacia el acto, porque los canales intermedios — la conversación, la queja, la negociación, la espera — han perdido eficacia o credibilidad ante quienes los usan.
Revertir eso no es tarea de un gobierno ni de un período. Pero sí es tarea de una política pública deliberada que empiece por reconocer el problema en su escala real. Eso implica invertir sostenidamente en salud mental escolar, no como programa de emergencia post-tragedia sino como infraestructura permanente. Implica reconstruir la autoridad universitaria sobre bases que no dependan de la capitulación ante cada presión. Implica tomarse en serio que la convivencia democrática no es un valor abstracto que se declama en los actos solemnes, sino una práctica que se aprende o no se aprende en los espacios cotidianos — en el aula, en el campus, en el barrio — y que requiere adultos e instituciones capaces de sostenerla.
La respuesta del gobierno a ambos hechos comparte un mismo patrón: reacción rápida, querella inmediata, anuncio de medidas. Es correcto reaccionar con velocidad. Pero las querellas no producen convivencia. La retirada de beneficios puede ser una sanción justa; pero no altera la cultura que hizo posible la agresión. Un gobierno que se define por la seguridad tiene la obligación de ir más allá de la reacción. Tiene que producir las condiciones en que la próxima señal de quiebre - que siempre existe, que siempre aparece antes de la tragedia - sea vista a tiempo.
Chile tiene una violencia que escala. En las aulas, en los campus, en la calle. El gobierno tiene la legitimidad para enfrentarla. Lo que todavía está por verse es si tiene la política.
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