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Hay una imagen que no se olvida fácilmente. Miles de personas caminando por la Panamericana en pleno desierto de Atacama, con bolsas de plástico, niños en brazos, el sol encima. No venían de turismo. Venían huyendo. De Venezuela, de Haití, de Colombia, de Ecuador. De la pobreza, de la violencia, de estados que hace tiempo dejaron de protegerlos. Y llegaban a Chile, a Perú, a Colombia misma, a países que tampoco estaban preparados —ni material ni políticamente— para recibirlos.
Esa imagen condensa algo que América Latina no ha sabido enfrentar con honestidad. Un problema que se presta para el discurso fácil de la derecha identitaria y para el silencio cómplice de una izquierda que prefiere callarlo porque teme perder terreno electoral. Entre ambas omisiones, millones de personas quedan atrapadas en una zona gris donde no son ciudadanos plenos de ningún lugar.
El fenómeno no es nuevo, pero su escala cambió radicalmente en la última década. Más de siete millones de venezolanos emigraron de su país como consecuencia de la grave crisis política, económica y social que vive bajo un régimen que cerró todas las salidas. Es la diáspora más grande en la historia de América Latina. A eso se suman los flujos haitianos, que se mueven en condiciones de extrema vulnerabilidad desde el terremoto de 2010, y la migración intrarregional - colombianos en Ecuador, ecuatorianos en Chile, peruanos y bolivianos en Argentina - que no para y que rara vez aparece en los titulares con la misma intensidad.
¿Qué tienen en común todos estos flujos? Que en su enorme mayoría no son migraciones económicas en el sentido clásico del término. No son personas que eligen moverse en una ecuación racional de costos y beneficios. Son personas que se van porque quedarse ya no es una opción viable. La distinción importa, porque determina el tipo de respuesta que corresponde dar.
Cuando alguien huye de la hiperinflación, del crimen organizado o de la miseria estructural, la discusión sobre si tiene visa o si cumplió el trámite correcto en el consulado suena a burocracia puesta al servicio de la indiferencia. No es que las reglas no importen. Es que fueron diseñadas para una realidad que ya no existe, y aplicarlas con rigor equivale, en muchos casos, a condenar a personas a situaciones de las que no pueden salir.
Durante décadas fue el gran país receptor de la región, con una tradición migratoria que forma parte de su identidad misma. Italianos, españoles, judíos, árabes: el país se construyó sobre olas sucesivas de migrantes que llegaron con poco y dejaron mucho.
Esa historia dejó una legislación que reconoce la migración como derecho humano y que durante años fue modelo regional. Pero esa tradición generosa convive hoy con una tensión creciente. Argentina ha visto reducirse su peso como destino migratorio - desplazada por Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil como receptores principales de venezolanos - en parte por su propia crisis económica, en parte porque el clima político también cambió. Bajo Milei, la migración fue tratada como amenaza a la seguridad antes que como fenómeno social complejo que exige respuestas complejas. El gobierno reconoció que la legislación vigente ya no se ajusta a las necesidades actuales, abriendo la puerta a un endurecimiento normativo que sigue el patrón que hoy se extiende por toda la región.
Chile es un caso que merece atención especial porque lo que allí ocurra en los próximos meses puede marcar un precedente peligroso. El país alberga cerca de 1,6 millones de migrantes internacionales, y se estima que unos 337.000 permanecen sin documentos vigentes, siendo la mayoría venezolanos. Sobre ese telón de fondo ganó las elecciones José Antonio Kast, con un discurso que convirtió la expulsión masiva en bandera electoral. Durante su campaña advirtió que los migrantes irregulares tenían 133 días para partir voluntariamente antes de que su gobierno los fuera a buscar, y prometió que no habría remesas, beneficios sociales ni arriendos para quienes estuvieran en situación irregular. El lenguaje era deliberadamente intimidatorio y la señal era clara: en Chile ya no eran bienvenidos,
Una vez en La Moneda, la retórica se tradujo en acciones inmediatas. El gobierno frenó la regularización de 182.000 personas que la administración anterior había dejado lista mediante decreto, y anunció proyectos de ley para tipificar la migración irregular como delito. Con cerca de 46.000 decretos de expulsión vigentes sin ejecutar, el Ejecutivo proyecta los primeros vuelos de deportación para las próximas semanas, apostando a que el operativo no solo tenga impacto práctico sino también político. El problema con Venezuela complica el cuadro: ese país concentra la mayoría de los casos, pero la ausencia de relaciones diplomáticas fluidas hace que la ejecución sea operativamente muy difícil. Lo que queda, entonces, es mucho ruido y pocas expulsiones efectivas. Pero el daño sobre las personas ya está hecho: la incertidumbre, el miedo, la decisión de no regularizarse para no quedar en el radar.
El problema no es solo jurídico o logístico. La mano dura no distingue entre el migrante recién llegado y el que lleva una década integrado, con hijos nacidos en Chile, con empleo formal, con vida construida. La fuerza de la imagen política de las expulsiones encubre esa brutalidad cotidiana.
Y sin embargo, el relato prende porque no es completamente falso. Los sistemas de salud, educación y vivienda de países que ya tenían déficits estructurales no absorbieron sin tensión la llegada de cientos de miles de personas en pocos años.
En Iquique, en 2021, hubo una quema de pertenencias de migrantes en plena plaza pública. No fue un acto aislado: fue la expresión visible de una tensión acumulada en comunidades que sentían que nadie les había preguntado si querían asumir esa carga. Esa tensión es real y no se resuelve descalificando a quienes la expresan como simples xenófobos. Ignorarla es, precisamente, lo que alimenta a los Kast de la región.
Pero el relato del control tampoco funciona. Las fronteras son porosas por naturaleza geográfica, histórica y económica. Lo que se logra con más restricción y menos vías legales de ingreso no es menos migración: es más migración irregular, más personas en manos de redes de tráfico, más vulnerabilidad y más explotación laboral. El coyote no desaparece cuando se cierra la frontera. Se encarece y se vuelve más peligroso.
Lo que falta es una política migratoria regional que deje de tratar el fenómeno como problema de orden público y empiece a tratarlo como lo que es: una consecuencia de desigualdades estructurales que ningún país puede resolver por sí solo. Eso requiere acuerdos regionales que hoy no existen porque cada gobierno responde a sus propias presiones electorales de corto plazo. Y requiere una conversación honesta sobre integración: regularizar el estatus migratorio no basta si no hay políticas activas de acceso al mercado laboral formal, reconocimiento de títulos, acceso real a salud y educación. La regularización sin integración produce una categoría nueva de excluidos: personas con papeles en regla pero sin acceso real a la vida social del país que las recibe.
Finalmente, hay que atacar las causas. La migración venezolana no va a detenerse mientras el régimen autoritario continúe y la economía siga destruida. La migración haitiana no va a cesar mientras Haití siga siendo el Estado fallido que es. Tratar los síntomas sin tocar las causas es, en el mejor de los casos, gestión de emergencia. No es política.
Los que caminan por el desierto no eligieron caminar. Eligieron no morir. Esa diferencia debería cambiar el tono de la conversación. Todavía no lo ha hecho.
* Paulo Hidalgo es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca-sede Santiago