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Hay instrumentos de medición que no simpatizan con ningún dogma partidista. El Elite Quality Index 2026 (EQx2026), elaborado por Tomas Casas-Klett y Guido Cozzi en la Universidad de St. Gallen en Suiza, en su séptima edición anual, es uno de ellos. Evalúa 148 indicadores distribuidos en doce pilares y cuatro áreas de economía política sobre 151 países, con el propósito de determinar en qué medida las élites nacionales convierten su poder político y económico en creación sostenible de valor. No mide intenciones, no pondera narrativas, no premia el relato del ajuste. Mide resultados. Y sus resultados sobre la Argentina en 2026 merecen una lectura técnica y honesta que el debate público local raramente ofrece.
La posición del país en el ranking global es el puesto 104 de 151 economías evaluadas. La trayectoria de los últimos tres años (70 en 2024, 86 en 2025, 104 en 2026) describe una caída acumulada de 34 posiciones en el período en que el gobierno de La Libertad Avanza ejecuta su programa de gobierno. Ese dato, por sí solo, no debería leerse como un veredicto ideológico. El EQx es explícito en su metodología: busca las causas estructurales del estancamiento, no a sus responsables políticos coyunturales. Pero sí señala con precisión qué dimensiones del sistema se han deteriorado. Y esas dimensiones son exactamente las que el gobierno presenta como sus mayores logros.
Impresionante: el EQx2026 ubica a la Argentina en el primer puesto mundial en contracción de inversión pública como porcentaje del PBI, moviéndose desde la posición 35 que ocupaba en 2025.
El informe advierte, sin embargo, sobre una confusión conceptual que el gobierno explota con frecuencia: la habitual confusión de gasto público con inversión pública. No son sinónimos. El ajuste sobre el gasto corriente, reducción de la planta estatal, licuación de haberes, tiene una lógica fiscal diferente al recorte del gasto de capital, que elimina infraestructura, conectividad y capacidad productiva con efectos que se ex tienden décadas hacia delante. La evidencia de esa confusión es cuantificable. El gobierno instrumentó en 2026 un recorte del 20% en el gasto de capital de todas las reparticiones nacionales, y simultáneamente ejecutó el Decreto 253/2026, que delegó en nueve provincias la concesión de obra pública vial mediante peaje, desplazando la carga fiscal hacia las jurisdicciones subnacionales sin resolver el problema de fondo.
El caso del gasoducto de reversión norte, obra que demanda una inversión estimada en 700 millones de dólares y cuya demora obligará al país a importar gas natural licuado durante el invierno de 2026 por aproximadamente 1.400 millones de dólares, ilustra con precisión el costo concreto de no invertir en infraestructura estratégica. El ahorro fiscal es de 700 millones; la erogación por no haberlo construido es el doble.
El indicador que el EQx identifica como el impedimento más importante para el desarrollo de Argentina es justamente sobre la inversión en bienes capitales.
Un sistema donde el capital no preserva su valor y la inversión productiva cede frente a la especulación financiera, el propio análisis del EQx señala que la bicicleta financiera rinde más que la producción en el esquema actual. En definitiva, tenemos un sistema que no financia su propio futuro.
El EQx lo formula con una precisión que el discurso oficial evita: "el capital es donde una sociedad decide si financia producción e innovación, o si sostiene un equilibrio frágil mediante la depredación de sus propios recursos".
El EQx2026 señala una paradoja estructural que vale la pena descomponer. Argentina ocupa el puesto 22 en el indicador de inversión pública en educación como porcentaje del PBI y el puesto 8 en la relación alumno-docente. Son posiciones de alto rendimiento relativo. Sin embargo, esa inversión declarada no se traduce en resultados: el país ocupa el puesto 59 en los puntajes PISA.
El informe diagnostica desalineamiento entre la formación de capital humano, los mercados laborales y la demanda de competencias, que se agrava cuando el sistema que produce ese capital es sometido a un ajuste sostenido en términos reales. El informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UCA, publicado en mayo de 2026, cuantifica ese ajuste con precisión. El presupuesto real del Programa 26 "Desarrollo de la Educación Superior", que financia las Universidades Nacionales, registró una caída acumulada del 32,5% entre 2023 y 2025. Tomando el presupuesto vigente para 2026, la caída acumulada respecto de los niveles de 2023 asciende al 41,6%.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el 21 de agosto de 2025 con apoyo de ambas cámaras, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre, insistida nuevamente por el Congreso el 2 de octubre y luego suspendida en su aplicación mediante el Decreto 759/2025 del 21 de octubre, con el argumento de que la ley no especificaba la fuente de financiamiento, pese a que la propia norma autorizaba las adecuaciones presupuestarias necesarias, habría permitido una recuperación presupuestaria real del 33,8% frente a 2025.
El proyecto alternativo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 18 de febrero de 2026, en cambio, implica una caída real del 33,9% respecto de 2023 y un presupuesto universitario que queda un 35,1% por debajo del que correspondía bajo la ley democráticamente ratificada. El EQx introduce el concepto de "empate hegemónico" para describir la situación argentina: un equilibrio tácito entre élites que neutralizan la competencia productiva y externalizan los costos sobre los sectores más vulnerables, concentrando la acumulación en posiciones de renta.
El informe concluye que Argentina tiene capacidad para superarlo, porque sus indicadores de Poder Político y Poder Económico son razonablemente sólidos: el país tiene coordinación institucional suficiente para sostener reformas. Lo que no tiene es la conversión de ese poder en creación real de valor. Y el EQx es preciso sobre por qué: "la pregunta estratégica no es quién gana en el corto plazo, sino qué modelo de incentivos hace que ganar dependa de la creación de valor".
El gobierno de Milei no ha dado esa respuesta. Ha dado, en su lugar, un catálogo de descalificativos. El problema no es retórico sino institucional. Un sistema político que opera mediante el insulto sistemático, y el gobierno lo ha convertido en metodología de gobernanza, destruye los mecanismos por los cuales el desacuerdo puede procesarse dentro de los límites constitucionales. La trayectoria de la Ley 27.795 documenta ese proceso con nitidez: sancionada, vetada, insistida, congelada por decreto, declarada inaplicable por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal y respondida con un proyecto de reemplazo.
En cada uno de esos pasos, el gobierno eligió el conflicto institucional sobre el consenso posible. No es la actitud de una administración que cree en los incentivos para crear valor; es la actitud de una administración que cree en el poder discrecional como fin en sí mismo.
El impacto de estas tres tendencias, destrucción del capital público, deterioro de la educación universitaria y clausura del espacio de consenso, no es abstracto para Salta. La Universidad Nacional de Salta, institución que forma la mayoría de los profesionales que el sector público, el sector productivo y las organizaciones de la sociedad civil salteña demandan, ha absorbido el mismo recorte presupuestario real del 41,6% que afecta al sistema universitario nacional en su conjunto.
El gasoducto de reversión norte, cuya demora cuesta al país 1.400 millones de dólares en importaciones este invierno, es infraestructura cuyo trazado atraviesa el corredor noroeste argentino, la región que Salta integra y de cuya conectividad energética depende parte de su actividad económica.
El Decreto 253/2026, que transfiere a las provincias la concesión de obra pública vial, impone a Salta una carga fiscal que la provincia, altamente dependiente de transferencias federales y con una estructura de gasto relativamente rígida, no puede absorber sin consecuencias sobre sus propios programas de inversión. Y la fuga de cerebros golpea con especial fuerza a las provincias del interior, donde los incentivos para retener talento calificado son estructuralmente más débiles que en los grandes centros urbanos. El EQx llama a este fenómeno "salida silenciosa". En Salta, tiene nombre, apellido y fecha de partida.