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Bolivia, una nación ubicada en el corazón de Sudamérica y de fuertes lazos con Salta, Jujuy y toda la Argentina, se encuentra en estos días soportando una crisis que, de no resolverse institucionalmente, y lo más rápido posible, va a impactar también en la región. El presidente Rodrigo Paz, representante de la Democracia Cristiana, moderado y dialoguista, ganó el balotaje en octubre, con el 54% de los votos sobre Tuto Quiroga, representante de la derecha radicalizada. En esa segunda vuelta quedó sellado el rechazo electoral al Movimiento al Socialismo y al expresidente Evo Morales.
La herencia recibida de casi veinte años de socialismo es muy pesada. Como es frecuente en los procesos populistas, el desaliento a la inversión privada había ido erosionando las inversiones en exploración de reservas de gas, petróleo y yacimientos minerales, que son la columna de la economía boliviana. Tampoco se había desarrollado un aparato productivo moderno.
Por eso, la movilización actual reclamando la renuncia prematura del presidente Paz solo puede entenderse como parte de una estrategia destituyente de Evo Morales. El expresidente está prófugo de la Justicia en un ambiente rural, probablemente oculto en la región de El Chapare, rodeado de milicias armadas.
También seguiría contando con los grupos de apoyo rusos, iraníes y venezolanos que lo acompañaron durante años.
Evo Morales es un líder aymara, claramente distanciado de la cultura occidental y sin ningún apego por la democracia ni por la ley. Como líder de los productores cocaleros, en 2003 organizó bloqueos similares a los de estos días que obligaron al presidente Gonzalo Sánchez de Losada a renunciar tras semanas de protestas y decenas de muertos por la represión policial y militar. Su sucesor, Carlos Mesa, también se vio obligado a dimitir, pero sin recurrir a las fuerzas de represión.
El 22 de enero de 2006, Evo se convirtió en el primer mandatario de origen indígena en la historia del país. En 2019, resolvió asumir un tercer mandato, un referéndum se lo impidió, pero un tribunal electoral le permitió violar la Constitución, y como perdió, hizo fraude. La reacción popular masiva, y la negativa de la policía y las fuerzas armadas a reprimir las protestas lo obligó a renunciar. Entonces Evo y sus seguidores denunciaron un golpe, que nunca existió. Ahora, desde los montes cocaleros, asegura que el Gobierno argentino envió tropas militares para ir a capturarlo.
El canciller Fernando Aramayo describió esa versión como "paranoia".
Está claro que Evo quiere voltear a cualquier gobierno que asuma en Bolivia y que no sea suyo. En las circunstancias actuales, se ha convertido en enemigo declarado de la democracia.
Los bloqueos de rutas paralizan la actividad económica del país y ponen en una situación desesperante a localidades enteras, que quedan sin acceso a alimentos y medicamentos esenciales. Frente a ese juego extremo, Rodrigo Paz ha decidido evitar derramamiento de sangre, por eso no van a buscar a Evo Morales a sus refugios.
El presidente, que va abriendo cordones humanitarios, confía en que sea la misma población afectada la que se movilice pacíficamente contra los cortes de la minoría que responde al caudillo, apostando al agotamiento de los activistas.
No obstante, el momento es crítico. Si bien muchos países, incluidos Estados Unidos y la Comunidad Europea, han manifestado su respaldo a la democracia boliviana y enviaron asistencia humanitaria, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en cambio su apoyo a la "movilización popular", contra el presidente.
Tanto Petro como Evo son figuras residuales de un modelo que naufragó. Pero América latina está siendo interpelada por este intento de golpe cívico, enancado en una crisis generada por el populismo. Por eso, los países democráticos deben poner todo su esfuerzo para evitar que, nuevamente, una minoría violenta amenace la paz continental.