Estado invisible

Hay gobiernos que mienten sobre sus resultados. Y hay gobiernos que, además, desmantelan los instrumentos que permitirían probar que mienten. El de Javier Milei pertenece, con acumulación de evidencia, a la segunda categoría.

El episodio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que estalló en la primera semana de junio de 2026, no es un escándalo técnico sobre una repartición parlamentaria desconocida: es la manifestación más reciente de un patrón deliberado de destrucción institucional que tiene por objeto impedir el acceso ciudadano a la información necesaria para juzgar al poder.

La OPC fue creada por ley 27.343 en noviembre de 2016, en tiempos del macrismo, como organismo desconcentrado del Congreso de la Nación. Su mandato legal es preciso y republicano: analizar el presupuesto nacional, evaluar el impacto fiscal de proyectos de ley, monitorear la ejecución del gasto, estudiar la sostenibilidad de la deuda pública y producir estimaciones sobre el costo tributario de las políticas públicas.

Todos sus informes son, por ley, de acceso público. La institución tiene directores seleccionados por concurso con mandatos de cinco años, un cuerpo de analistas profesionales de planta permanente y una Comisión de Supervisión Parlamentaria que, conforme al artículo 8° de su ley de creación, puede aprobar el plan de trabajo, pero no dictar qué puede o no puede decir técnicamente el organismo. Esta arquitectura no es caprichosa: responde a la necesidad de garantizar que el Congreso, y a través de él, la ciudadanía, cuente con información objetiva e independiente del Poder Ejecutivo para hacer política presupuestaria con algún grado de realismo.

Anestesiar el control

Lo que ocurrió el 2 de junio de 2026 fue cualitativamente distinto de cualquier supervisión legítima. La Comisión de Supervisión Parlamentaria, controlada por La Libertad Avanza y sus aliados, con el diputado Bertie Benegas Lynch como impulsor y el senador Agustín Monteverde en la presidencia, aprobó la Resolución 003-CSP-2026. Esa resolución devolvió el Plan de Trabajo Anual 2026 para su reformulación y estableció, en su artículo 4, una condición que paraliza de facto al organismo: cualquier análisis técnico extraordinario o no planificado debe contar con el aval previo de la comisión. Como el plan anual fue rechazado y aún no existe versión aprobada, el margen de acción de la OPC quedó sujeto a la interpretación política de quienes la controlan. Fuentes del organismo confirmaron que la institución estaba virtualmente paralizada. En términos constitucionales, el oficialismo tomó el control editorial de un organismo técnico del Congreso que por ley no puede obtener.

El timing no es irrelevante. La resolución llegó en la misma semana en que las comisiones debatían el proyecto denominado súper-RIGI, una expansión del régimen de incentivos a la inversión que implica cuantiosas exenciones tributarias. La OPC estaba trabajando, precisamente, en la cuantificación de los gastos tributarios que ese régimen implicaría. Los gastos tributarios, la pérdida de recaudación que surge de promociones impositivas, son el tipo de número que los gobiernos encuentran incómodo cuando son grandes. En su exposición ante las comisiones, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que no puede medirse el impacto tributario de inversiones que, sin la promoción, no existirían. Es una posición legítimamente discutible en términos económicos. Lo que no es legítimo es impedir que el organismo técnico competente haga esa medición y la publique para que los legisladores y la ciudadanía puedan evaluarla por sí mismos.

La otra intervención

El gobierno de Néstor Kirchner lo hizo antes con el INDEC, poco después de la renuncia en diciembre del 2005 de Roberto Lavagna al Ministerio de Economía, quien se oponía a la manipulación de estadísticas públicas, que ocurrían por la injerencia cada vez mayor de Guillermo Moreno. En enero de 2007, la intervención de los mecanismos de elaboración del Índice de Precios al Consumidor produjo una crisis de credibilidad estadística que tardó una década en resolverse. La historia del mileísmo reproduce la estructura del problema con distinto ropaje ideológico: en febrero de 2026, Marco Lavagna, hijo del ex ministro y conductor del INDEC, abandonó la conducción del organismo en medio de tensiones con el equipo del ministro Luis Caputo por datos que no se alineaban con la narrativa oficial. La estrategia es invariante: cuando los números incomodan, se desplaza a quien los produce. Lo que hizo un pasado gobierno con la inflación, el mileísmo lo intenta con el gasto, la deuda y el costo tributario del modelo.

Efectos nefastos

La relevancia de este ataque no puede medirse sólo en abstracto institucional. Los datos que la OPC produce, y que ahora podrían quedar bajo control político, son los mismos que permiten evaluar si el ajuste fiscal tiene la composición que el gobierno proclama.

Los informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria a mayo de 2026 muestran una caída real del gasto total de la Administración Pública Nacional del 31% respecto de igual período de 2023, con recortes del 100% en programas de primera infancia, del 89% en formación docente, del 68% en prevención de enfermedades endémicas y del 97% en asistencia técnica a municipios. En el mismo período, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, incrementó su ejecución un 34%. La coparticipación a las provincias cayó un promedio del 7,2% interanual en el primer cuatrimestre del año, con Salta entre las jurisdicciones más afectadas, con una retracción del 10,9% en los recursos de origen nacional. Desde el inicio de la gestión Milei, los recursos propios provinciales acumulan una caída real del 16% frente al período anterior. Son números que cuentan una historia diferente a la que el gobierno relata sobre el éxito del programa económico. La OPC era uno de los pocos organismos con legitimidad técnica y mandato legal explícito para sistematizar esa historia de manera autónoma.

Pero el problema no es qué está ocurriendo hoy: es qué mecanismo se acaba de instalar.

Una institución a la que se le exige pedir autorización previa para analizar lo que no estaba planificado es, por definición, una institución que ya no puede responder a lo que el debate político necesite en tiempo real. Y un plan de trabajo que no puede ser aprobado sin mayoría oficialista es un plan de trabajo que el oficialismo puede mantener en limbo indefinido. Argentina tiene una larga tradición de destruir las instituciones que miden el poder. Cada vez que eso ocurre, el argumento es el mismo: se trata de una auditoría legítima, de un proceso saludable, de transparencia de gestión. Cada vez que los números incomodan, alguien encuentra la manera de que los números no lleguen. La Oficina de Presupuesto del Congreso fue creada para que eso no pudiera ocurrir con el análisis fiscal. Lo que el gobierno acaba de demostrar es que, cuando los instrumentos de control republicano empiezan a funcionar, la respuesta libertaria no es diferente a las anteriores: se los captura, se los paraliza o se los vacía de contenido técnico. El nombre del partido cambia. La lógica, no.