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Próspera es la primera ciudad privada de América Latina. Situada en Roatán, una paradisíaca isla del Caribe, que constituye uno de los destinos turísticos más apreciados de Honduras, es un enclave de cuatro kilómetros cuadrados, fundado en 2017, que acaba de atravesar exitosamente una compleja situación legal que puso en tela de juicio de su subsistencia.
El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), del Partido Conservador, electo tras el golpe de estado que derrocó al mandatario izquierdista Manuel Zelaya, promovió una reforma constitucional para habilitar la creación de jurisdicciones semiautónomas llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) una iniciativa propiciada por Paul Romer, un activista libertario que fue economista - jefe y vicepresidente del Banco Mundial y ganador del Premio Nobel de Economía en 2018.
Romer es un ferviente defensor de la idea de las "ciudades startup" o "ciudades chárteres" desarrollada por otro ideólogo anarcocapitalista, el empresario estadounidense Balaji Srinivasan, quien postula la creación de comunidades digitales que competirían con los estados reemplazando progresivamente las soberanías estatales por entidades trasnacionales. Tras reunirse con Romer, Lobo Sosa impulsó la sanción de un régimen jurídico especial que habilitó la creación de jurisdicciones semiautónomas.
Ese régimen posibilitó que Próspera fuera creada a partir de Honduras Próspera inc., una sociedad anónima radicada en el estado de Delaware, el célebre paraíso fiscal de Estados Unidos, con el financista venezolano Erick Brimen como principal promotor, con un fondo de inversión de 120 millones de dólares y el objetivo de convertirse en una ciudad privada con fines de lucro que busca seducir a los inversores con bajos impuestos y una economía altamente desregulada.
Entre sus más reconocidos inversionistas figuran varias personalidades de las compañías tecnológicas de Silicon Valley, particularmente de la inteligencia artificial, como el entusiasta pensador libertario Peter Thiel (cofundador de Palantir), Sam Altman (cofundador de Open AI), Marc Andreessen (cofundador de Netscape), y Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, fundador de la famosa Escuela de Chicago.
La aprobación para su instalación en la isla hondureña no correspondió a Lobo Sosa sino a su sucesor y correligionario Jesús Orlando Hernández, quien gobernó durante dos mandatos consecutivos entre 2014 y 2022, fue condenado en 2024 en Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico y recientemente indultado por Donald Trump.
En la actualidad, Lobo Sosa trata de eludir una condena de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras que su esposa, Rosa Elena Bonilla, está bajo arresto domiciliario por una condena a quince años de prisión por cargos de corrupción impuesta por una corte hondureña.
En Próspera, con un territorio que tiene aproximadamente el doble de la superficie del principado de Mónaco, las empresas tienen libertad para elegir su marco regulador entre un menú de 36 países o también de sugerir uno propio sujeto a aprobación de las autoridades. La mayoría de las 200 empresas registradas operan de manera virtual, especialmente en el sector de las criptomonedas.
Siete años después de fundada, el primer censo consignó la existencia de 2.000 residentes físicos o electrónicos que pagan una cuota por el derecho de habitar en el lugar o constituir una empresa a distancia. Cada ciudadano debe firmar un "acuerdo de coexistencia" por el que se comprometen a cumplir 4.202 páginas de normas y acatar la jurisdicción de un tribunal de arbitraje integrado por tres magistrados jubilados de Arizona.
La administración del enclave, cuyo sistema de seguridad está a cargo de una compañía privada de guardias armados, es ejercida por una comisión de nueve miembros. Cinco de sus integrantes son electivos y los cuatro restantes nominados por Honduras Próspera Inc. Las resoluciones exigen los dos tercios de los votos, por lo que los representantes de la compañía tienen poder de veto. El 88% de los ingresos fiscales son empleados en la ciudad y el otro 12% derivados a un fideicomiso para la financiación de obras de desarrollo en el territorio hondureño.
En el casco céntrico se encuentran los principales negocios, un café y un centro educativo de bitcoin y una tienda de artículos de buceo. Funciona también un servicio de drones encargado del reparto de alimentos y suministros médicos. Una compañía privada ofrece enseñanza a unos 60 alumnos por el método Montessori, basado en un amplio protagonismo de los estudiantes. Otra novedad disruptiva fue la instalación de una fábrica robótica de materiales para la construcción de casas modulares diseñadas por Zaha Hadid Architectcs, especializada en viviendas de lujo.
Pero la innovación más controvertida fue la radicación de empresas de biogenética que ofrecen "terapias de rejuvenecimiento". Minicircle, desarrolla una práctica para aumentar la masa muscular conocida como "hackear el ADN para la inmortalidad". Cada sesión cuesta 25.000 dólares. Los clientes de estos tratamientos constituyen un porcentaje significativo del turismo local. Pese a que la convocatoria de Próspera incluye también la invitación a vivir "buenos momentos y vibras caribeñas" en un ambiente propicio para el placer, hasta el momento sólo se ha construido un edificio residencial y aunque el plan de inversión original preveía que en 2030 la ciudad tendría 38.000 habitantes esa meta aparece hoy muy lejana.
En tanto, Próspera perdió el padrinazgo que le dio nacimiento. En 2021 Xiomara Castro, esposa de Zelaya, asumió como bandera de su campaña electoral la acusación contra las Zedes como "usinas de corrupción y de explotación de la riqueza nacional". Una vez en la presidencia propició y obtuvo su derogación, lo que originó una larga controversia.
Próspera demandó a Honduras
ante el CIADI, un tribunal dependiente del Banco Mundial, por una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares, aproximadamente el 30% del producto bruto interno. En 2022 el Departamento de Estado señaló que la anulación viola el tratado de garantía de inversiones suscripto entre ambos países. En 2024 el CIADI desestimó el argumento de Honduras de que la compañía no había agotado previamente los procedimientos de arbitraje internos y avanzó en el análisis del litigio. En represalia, Honduras anunció su desafiliación del CIADI.
Mientras tanto, la situación política dio un vuelco a favor de Próspera: en las elecciones presidenciales de 2025 el Tribunal Supremo Electoral proclamó el triunfo del candidato conservador Nasry "Tito" Asfura, correligionario de Lobo Sosa y de Hernández, públicamente apoyado por Trump, que venció por un muy estrecho margen a Salvador Nasrala, del Partido Liberal, quien había denunciado fraude. Asfura, un acérrimo opositor al gobierno de Xiomara Castro, anunció el retorno al CIADI y es un decidido partidario del proyecto de "ciudad libre", que de ese modo superó el último obstáculo para avanzar.
Pero más allá de su especificidad, Próspera es una experiencia piloto que busca replicarse en otros territorios dispuestos a acoger iniciativas semejantes, adaptadas a las características y alternativas políticas propias de cada país. Esas expectativas incluyen a la Argentina, donde hoy está radicado Thiel mientras que Altman está interesado en la creación de un polo de inteligencia artificial en la Patagonia.
Esas expectativas crecieron exponencialmente cuando el presidente Javier Milei, en un reciente artículo en Financial Times, manifestó su apoyo a la total desregulación de la inteligencia artificial, mientras su gobierno propicia la sanción de un paquete legislativo que contempla una reforma de la ley de sociedades, que habilitaría una amplia liberalización de su objeto social, una desregulación de las normas de sus estatutos y la autorización de "sociedades automatizadas" manejadas por la IA, junto con la eliminación de restricciones legales a la adquisición de tierras por ciudadanos o empresas extranjeras y la implantación del "super-RIGI", un régimen de incentivos a las grandes inversiones en materia tecnológica que actualmente no existen en el país y que abarcaría a aquéllas que superen los 1.000 millones de dólares.