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El memorando firmado por los estadounidenses Donald Trump, J.D. Vance y el iraní Mohamad Baqer Qalibaf, con mediación de Pakistán, redefine la guerra híbrida en Oriente Medio. Sus puntos centrales son claros: suspensión inmediata de las hostilidades, reapertura del estrecho de Ormuz, levantamiento del bloqueo naval, compromiso de EEUU de no imponer nuevas sanciones, reactivación de las exportaciones de petróleo y derivados, liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados y la discusión (todavía disputada) sobre un programa de reconstrucción económica. La tregua de 60 días no apaga el conflicto, lo transforma, y en esa transformación las potencias globales y los actores periféricos quedan atrapados en un tablero que mezcla diplomacia, economía, operaciones encubiertas y presión militar.
El levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre Irán descomprime la logística del US TRANSCOM (Comando de Transporte de EEUU, encargado de mover tropas y suministros por aire, mar y tierra en todo el mundo) y la Quinta Flota, liberando recursos para otros escenarios como el Mar del Sur de China. Sin embargo, la advertencia iraní sobre el cobro de "tasas por servicios marítimos" convierte al Estrecho de Ormuz en una aduana geopolítica. La capacidad de bloqueo asimétrico iraní no desaparece: se regula bajo un marco de lawfare marítimo.
Además, los planes de contingencia nuclear contra Natanz y Fordow (principales plantas de enriquecimiento de uranio de Irán) entran en suspenso. El US STRATCOM (Comando Estratégico de EEUU, responsable de la disuasión nuclear y de coordinar operaciones espaciales y cibernéticas) congela órdenes de ataque, supeditando su reactivación al resultado de inspecciones técnicas en Suiza. Crítica: se celebra la distensión, pero se omite que el desminado llevará meses y que la amenaza de un cierre súbito sigue latente. La inclusión del frente Israel-Hezbolá es el verdadero talón de Aquiles del pacto. Israel mantiene intacta su doctrina de libertad de acción, y cualquier intento iraní de reabastecer a sus proxies (grupos armados aliados que actúan como representantes indirectos de un Estado, como Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen para Irán) puede detonar ataques unilaterales.
Aquí aparece un elemento central: la exigencia iraní de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Teherán, es una lección aprendida del desmantelamiento del JCPOA (acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y potencias mundiales; limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones, pero EEUU se retiró en 2018). Para Washington, implica negociar con el derecho a veto de Rusia y China, lo que otorga a estas potencias un enorme poder de presión sobre la letra chica del desarme nuclear.
La desescalada en el Golfo reduce las primas de riesgo para los buques tanque que abastecen de crudo al continente americano, permitiendo al US SOUTHCOM (Comando Sur de EE. UU., responsable de operaciones militares en América Latina y el Caribe, con foco en narcotráfico y seguridad marítima) redirigir recursos hacia el control del tráfico ilícito en el Caribe y el Pacífico Sur.
Pero el descongelamiento de activos iraníes abre un frente menos visible: el financiero. América enfrenta el riesgo de que la liquidez iraní financie redes de apoyo encubierto.
Crítica: los gobiernos suelen subestimar este vector. La seguridad ya no se mide en portaaviones, sino en transferencias bancarias y redes de lavado.
Sudamérica se encuentra en una posición delicada frente a la dinámica híbrida que el pacto inaugura. La región, marcada por fronteras extensas y permeables, arrastra un historial de infiltración logística que la convierte en terreno fértil para operaciones encubiertas. El riesgo no proviene de un enfrentamiento militar
directo, sino de la utilización de corredores como la Triple Frontera para financiar y sostener redes ilícitas. El desafío se desplaza hacia el control de la arquitectura financiera y el fortalecimiento de las capacidades de contraterrorismo, ámbitos donde la región muestra debilidades estructurales.
El alineamiento irrestricto con Washington y Tel Aviv coloca a la Argentina en una posición de exposición estratégica. A nivel de la economía: la baja del crudo ofrece alivio inmediato, pero si los precios caen por debajo del umbral de rentabilidad de Vaca Muerta, las inversiones extranjeras podrían retraerse. Respecto a lo social: la volatilidad global afecta la percepción de seguridad y la confianza económica. Una caída en inversiones energéticas o mineras impactaría en el empleo. Y en referencia a la seguridad interior: Argentina se convierte en un blanco blando para redes transnacionales que podrían aprovechar la liquidez iraní descongelada. Esto obliga a reforzar la vigilancia sobre infraestructura crítica, puertos y fronteras del Norte Grande. Salta ilustra cómo las dinámicas globales repercuten en lo local. La estabilidad en costos logísticos favorece el desarrollo del litio en la Puna y atrae inversiones, pero el descongelamiento de activos iraníes también reinyecta liquidez en redes globales que podrían aprovechar la condición fronteriza para operaciones ilícitas. Esto obliga a reforzar la inteligencia criminal y la coordinación con fuerzas federales, ya que el Norte Grande corre el riesgo de convertirse en corredor financiero y logístico. La vigilancia sobre flujos de dinero grises, contrabando tecnológico y tráfico ilícito se vuelve prioritaria.
El pacto Trump-Qalibaf no representa un triunfo definitivo ni una derrota: es apenas un intermedio en una guerra híbrida que se reinventa constantemente. La crítica central es clara: sin mecanismos de verificación robustos, las treguas son castillos de arena.
Argentina debe leer estas dinámicas con pragmatismo. Se requieren políticas concretas: radarización, aviones ISR, drones, inteligencia financiera y resiliencia logística.
La historia enseña que las treguas son apenas respiraciones en medio de la tormenta. La pregunta no es si el pacto durará, sino cómo nos preparamos para el día después.