inicia sesión o regístrate.
En las instituciones educativas, especialmente del nivel superior, comienza a repetirse una misma escena. Los estudiantes utilizan inteligencia artificial para investigar, redactar, resumir, analizar información, preparar presentaciones y resolver problemas cada vez más complejos. Los resultados suelen ser sorprendentes. Pero junto con la admiración que generan estas nuevas capacidades emerge una pregunta que interpela a docentes, directivos y responsables de las políticas educativas: ¿estamos formando personas capaces de pensar críticamente? ¿O simplemente usuarios cada vez más eficientes de tecnologías diseñadas por otros?
La pregunta remite a una provocadora reflexión del filósofo Slavoj i ek, quien, retomando ideas presentes en la reciente encíclica del Papa León XIV, se preguntaba: ¿quién es el Anticristo hoy?
Más allá de cualquier interpretación teológica, la provocación puede leerse como una invitación a reflexionar sobre uno de los desafíos más significativos de nuestro tiempo: la tensión entre el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías y la necesidad de preservar la autonomía intelectual de las personas. En un escenario donde los sistemas de inteligencia artificial participan cada vez más en la generación de conocimiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones, las instituciones educativas enfrentan una cuestión estratégica y es definir cómo formar ciudadanos capaces de utilizar estas herramientas sin renunciar a su capacidad de análisis crítico, discernimiento ético y pensamiento independiente.
Quizás el problema no sea la inteligencia artificial. Quizás el problema sea la renuncia gradual para pensar por nosotros mismos. La educación superior enfrenta hoy una paradoja inédita. Nunca los estudiantes tuvieron acceso a tanta información ni dispusieron de herramientas tan potentes para aprender. Pero tampoco había existido una tecnología capaz de producir respuestas tan convincentes sin exigir necesariamente comprensión profunda. Por primera vez en la historia, un estudiante puede presentar un excelente trabajo sin haber atravesado completamente el proceso intelectual que tradicionalmente permitía construir ese conocimiento. Durante décadas enseñamos a buscar información. Hoy la información busca al estudiante. Enseñamos a producir textos y hoy los textos pueden ser generados en segundos por una plataforma. Enseñamos a resolver problemas rutinarios y hoy los algoritmos lo hacen mejor y más rápido. La respuesta no parece estar en prohibir la inteligencia artificial. Tampoco en ignorarla ni en incorporarla acríticamente. El desafío es mucho más profundo.
Diversos autores coinciden en una misma advertencia. Ethan Mollick propone incorporar la IA como un nuevo compañero cognitivo; Andreas Schleicher sostiene que el valor diferencial estará cada vez más en la capacidad de interpretar y utilizar el conocimiento; y Yuval Harari alerta sobre el riesgo de perder la capacidad de distinguir entre información, verdad y manipulación. Todas estas reflexiones convergen en una misma conclusión: el pensamiento crítico se ha convertido en la competencia central del siglo XXI.
Sin embargo, aparece otra pregunta incómoda. ¿Cómo están preparando las instituciones de nivel superior a los estudiantes para convivir con la inteligencia artificial? Se habla mucho de ética de la IA. Se organizan congresos, seminarios y paneles. Pero todavía son pocos los establecimientos que poseen protocolos claros sobre el uso académico de estas tecnologías. La mayoría avanza sobre la marcha.
Al mismo tiempo, muchas instituciones incorporan soluciones tecnológicas que prometen responder a problemas vinculados con la gestión, la evaluación, la retención estudiantil o la certificación de competencias. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿quién produce el conocimiento estratégico a partir de los datos que generan nuestras instituciones?
Cuando una universidad delega el análisis e interpretación de información crítica en plataformas desarrolladas por terceros, la discusión deja de ser exclusivamente tecnológica para convertirse en una cuestión de autonomía institucional. La verdadera transformación digital no consiste únicamente en adquirir soluciones, sino en desarrollar capacidades propias para comprender, gobernar y orientar esos sistemas al servicio de la misión educativa.
¿Quién se ocupará de la ética de la inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas?
¿Quién supervisará los algoritmos que orientan decisiones académicas?
¿Quién evaluará sesgos, transparencia y riesgos?
¿Quién garantizará que la eficiencia tecnológica no termine desplazando principios fundamentales de la educación?
Durante décadas, los profesorados y las carreras de formación docente tuvieron la misión de preparar profesionales capaces de enseñar contenidos, gestionar aulas, acompañar trayectorias educativas y evaluar aprendizajes. Ese mandato continúa siendo fundamental. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial plantea responsabilidades que hasta hace pocos años ni siquiera formaban parte del horizonte de la profesión docente. Las instituciones educativas comienzan a enfrentarse a desafíos vinculados con la gobernanza de datos, la supervisión de algoritmos, la transparencia de los sistemas inteligentes, la protección de la privacidad y la definición de criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial.
Aquí resulta necesario distinguir entre formación continua y formación inicial docente. Es cierto que en los últimos años se han impulsado cursos, seminarios y programas de actualización sobre inteligencia artificial y educación. Estas iniciativas representan un avance valioso y necesario. Sin embargo, ¿cómo formar desde el inicio a los profesionales que deberán liderar, regular y gobernar estas transformaciones dentro de las instituciones educativas?
Si las universidades, institutos superiores y escuelas están incorporando plataformas inteligentes, asistentes virtuales y sistemas automatizados, surge una pregunta inevitable: ¿quién está formando hoy a los futuros responsables de gobernar la inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas? ¿Quién preparará a los profesionales que deberán integrar comités de ética digital, definir políticas institucionales sobre IA, auditar algoritmos y supervisar el uso de datos?
Argentina posee un marco normativo construido sobre valores plenamente vigentes: libertad, ciudadanía, inclusión, pensamiento crítico y formación integral. El problema no es la ausencia de principios. El problema es que la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial ha superado la capacidad de adaptación de las estructuras normativas y curriculares.
La Ley de Libertad Educativa propuesta actualmente discute quién elige, quién financia y quién administra. Sin embargo, todavía queda pendiente una pregunta central para el siglo XXI: ¿quién gobernará los algoritmos y custodiará los datos que comienzan a influir sobre las decisiones educativas?
La libertad educativa ya no depende solamente de la autonomía de las familias o de las instituciones. También depende de la autonomía intelectual y tecnológica frente a sistemas de inteligencia artificial cada vez más influyentes. La educación argentina lleva décadas discutiendo quién financia, quién administra y quién elige. La irrupción de la inteligencia artificial obliga a incorporar una nueva pregunta: ¿quién gobierna los algoritmos que comienzan a influir sobre lo que enseñamos, ¿cómo aprendemos y qué decisiones tomamos?
La historia demuestra que cada revolución tecnológica obligó a redefinir el papel de la educación. La inteligencia artificial no será la excepción. Sin embargo, el desafío actual parece diferente a todos los anteriores.
La verdadera pregunta es si estamos ayudando a los estudiantes a desarrollar aquello que ninguna tecnología puede reemplazar plenamente: la capacidad de analizar críticamente, ejercer juicio propio, actuar con responsabilidad y tomar decisiones libres.
Pero también interpela a las instituciones educativas. La cuestión ya no es quién posee los datos de la universidad. La cuestión es quién los interpreta, quién construye significado a partir de ellos y quién transforma esa información en decisiones. Porque quien interpreta los datos termina influyendo sobre las estrategias institucionales. Y quien influye sobre las estrategias también condiciona, en alguna medida, el futuro de la institución.
Durante siglos, las universidades fueron espacios privilegiados de producción de conocimiento crítico. Hoy, una parte creciente de la información estratégica sobre estudiantes, docentes y trayectorias académicas es procesada mediante plataformas y sistemas desarrollados por terceros. El riesgo más profundo no es la cesión de datos, sino la delegación de la capacidad de interpretarlos y convertirlos en inteligencia institucional. La reciente encíclica del Papa León XIV advierte precisamente sobre esta cuestión al señalar que el desarrollo tecnológico debe permanecer al servicio de la persona humana y de las instituciones orientadas al bien común. La preocupación no es la innovación en sí misma, sino las nuevas formas de concentración de poder que pueden surgir cuando la información, los algoritmos y la capacidad de decisión quedan progresivamente en manos de unos pocos actores.
La verdadera transformación digital debería medirse por la capacidad de las instituciones para gobernar sus datos y fortalecer su autonomía intelectual en un entorno crecientemente algorítmico. Una universidad que renuncia a interpretar por sí misma su realidad corre el riesgo de perder su función de producir conocimiento para orientar su propio destino y contribuir críticamente al desarrollo de la sociedad.