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Hay una diferencia entre representar a un país y representarse a sí mismo. El primero es una función constitucional; el segundo, una empresa personal. La política exterior de Javier Milei, medida no por su retórica sino por sus itinerarios, ha ido borrando esa distinción hasta volverla casi imperceptible. Entre el 10 de diciembre de 2023 y junio de 2026, el presidente realizó cerca de 37 viajes al exterior y pasó alrededor de ciento veinte días fuera del país, casi cuatro meses, un 14% de su mandato, según datos del Presupuesto Abierto. Ningún jefe de Estado argentino había acumulado tanto tiempo en el extranjero a esta altura de su gestión. La pregunta que esa cifra impone no es estética sino institucional: ¿en nombre de quién, y para qué, viaja el presidente?
Decretazo para viajar
El primer plano es el del derecho. La Constitución no trata los viajes presidenciales como un asunto privado del mandatario. El artículo 99, inciso 11, le atribuye la conducción de las relaciones exteriores, una facultad ejercida en nombre del Estado y orientada al interés nacional, no a la proyección personal de quien la ejerce. Y el inciso 18 es aún más explícito: el presidente puede ausentarse del territorio de la Nación con permiso del Congreso, y durante el receso solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. La norma exige, viaje por viaje, una justificación de servicio público: es el mecanismo por el cual el Legislativo controla que la ausencia del jefe de Estado responda a un fin estatal y no a una agenda propia. Milei desactivó ese control de raíz. Mediante el Decreto 17/2025, como antes el Decreto 50/2024, se autoabsolvió de pedir permiso, habilitándose a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran durante todo el año. El instrumento que la Constitución concibió como excepción para el receso se transformó en regla permanente, y el control previo que el inciso 18 buscaba garantizar quedó vacío.
¿Diplomacia o interés personal?
El segundo plano es la naturaleza de esos viajes, y aquí los números oficiales son elocuentes. De los casi 37 destinos, 16 fueron a los Estados Unidos.
El resto dibuja menos un mapa diplomático que un circuito ideológico: las sucesivas ediciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington y en Mar-a-Lago; el Foro Económico de Davos; el encuentro de ultraderecha Europa Viva 24 junto a Santiago Abascal; el Instituto Milken en Los Ángeles; la asunción de José Antonio Kast en Chile; las reuniones con Viktor Orbán en Budapest. A ello se suma un catálogo de premios personales: Embajador de la Luz en Miami, medallas en Madrid, la Medalla Presidencial del Honor en Israel.
En diciembre de 2025 viajó a Oslo para celebrar el Nobel de la Paz de la venezolana Corina Machado, a quien ni siquiera logró cruzar. Pero el dato más revelador no es el destino sino la compañía. Según las comitivas informadas por la propia Jefatura de Gabinete, la funcionaria que más veces acompañó al presidente no fue su canciller sino su hermana, Karina Milei: los dos cancilleres del período, Diana Mondino y Gerardo Werthein, sumados, viajaron menos veces que ella. Cuando quien debe conducir la diplomacia figura por debajo de la Secretaria General en el avión presidencial, la política exterior ha dejado de ser política de Estado para volverse extensión de un núcleo de poder personal. La mayoría de esas giras no produjo reuniones bilaterales ni acuerdos verificables.
¿Y el ajuste?
El tercer plano es el del costo, y traduce la cuestión a la moneda del contribuyente. Según la reconstrucción de los siete informes de gestión presentados ante el Congreso por los sucesivos jefes de Gabinete, Posse, Francos y Adorni, los viajes al exterior del Presidente y sus comitivas insumieron más de 5.700 millones de pesos desde enero de 2024: unos 2.300 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, más de 1.970 millones en el tramo siguiente, y otros 437 millones entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, según la respuesta a la pregunta N° 1.997 del último informe. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, ocho viajes consumieron cerca de 970.000 dólares únicamente en combustible del avión presidencial, según pedidos de acceso a la información pública, más unos 130.000 dólares de hospedaje de la comitiva más cercana.
La partida de viáticos y pasajes de la Secretaría General de la Presidencia, el área que organiza estos desplazamientos, se duplicó en un año: de 2.135 millones de pesos en 2025 a 4.111 millones proyectados para 2026, un alza del 62,5%. Todo esto, mientras el mismo gobierno recorta en términos reales programas de primera infancia, de formación docente y de financiamiento universitario, y proclama un ajuste sin precedentes. La motosierra, al parecer, no llega al hangar presidencial.
Otra vez Adorni
Estos tres planos no flotan en el vacío. En febrero de 2026, la Decisión Administrativa 9/2026 limitó las comitivas oficiales a un máximo de un funcionario por cada evento internacional, invocando la gestión eficiente de los recursos del Estado. La norma duró lo que tardó en conocerse que Bettina Angeletti, esposa del (desde el sábado) ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, había viajado en el avión presidencial a Nueva York en el marco del Argentina Week. Aquel episodio derivó en una investigación sobre el patrimonio del propio Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, y tiene un agravante ya señalado en estas páginas: Adorni había fustigado públicamente, como vocero, ese mismo uso privado del avión oficial cuando lo cometían funcionarios kirchneristas.
La Secretaría General que organiza y financia las giras, a cargo de Karina Milei, es además el centro de las dos causas de corrupción más graves del oficialismo: la trama de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, describen un retorno del 3% que terminaría en manos de la Secretaria General y de Eduardo Lule Menem; y la criptoestafa $LIBRA, cuya comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que hubo un esquema de fraude planificado en el cual el presidente jugó un rol clave, y en la que Karina figura entre los imputados. El uso discrecional de los recursos del Estado para los viajes y la sospecha del uso del Estado para beneficio privado no son dos historias distintas. Son la misma lógica aplicada a distintas escalas.
El movimiento libertario llegó al poder denunciando a una casta que confundía el Estado con su patrimonio personal. La casta, sin embargo, nunca fue un grupo de personas: era un conjunto de prácticas. El uso de la investidura como vehículo de proyección propia, la conversión de los recursos públicos en logística de una agenda privada, la elusión de los controles que la República diseñó para impedirlo. Esas prácticas no se extinguen con un cambio de gobierno. Migran, se instalan en los nuevos despachos y vuelan, esta vez, en el avión presidencial.
La Constitución no le prohíbe al presidente viajar. Le exige que, cuando lo haga, viaje como jefe de Estado y no como figura internacional de una causa ideológica propia. La diferencia no es retórica. Se mide en dólares, en controles eludidos y en la pregunta más antigua de la democracia republicana: ¿en nombre de quién se ejerce el poder?