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Tres noches. Cerca de 120.000 usuarios a la intemperie.
Trabajadores que salen a las once, estudiantes del turno noche, personal de salud, jubilados varados sin saber que el colectivo ya no pasaba. Gente que paga el boleto por adelantado y recibió un servicio cortado de un día para el otro, sin aviso y sin alternativa.
El transporte público es un servicio esencial. Su garantía es del Estado y no se delega. Por eso preocupa que desde SAETA se quiera correr el eje hacia "los empresarios": la responsabilidad última es estatal e indelegable.
El Gobierno reaccionó recién al tercer día. ¿Por qué tres noches? ¿Por qué hubo que esperar a los estudiantes en la calle y a un amparo colectivo para hacer lo que el contrato ya obligaba? Las disputas económicas entre el Estado y las prestatarias son legítimas y deben resolverse.
Pero hay un límite que no se cruza: esas controversias no pueden trasladarse al usuario, que es la parte más débil y la que nada tuvo que ver. La tarifa está aprobada por audiencia pública y no se modificó. Entonces el servicio tampoco puede modificarse en perjuicio de quien lo paga.
Con el debido respeto le pido al Gobernador algo simple y exigible: que garantice, de manera permanente y por escrito, que el servicio se preste en sus frecuencias habituales, sin cortes ni recortes sorpresivos.
Que lo que ayer se anunció en una conferencia de prensa se convierta en una obligación verificable. La vocera oficial dijo que "con las necesidades de la gente no se negocia".
Estoy de acuerdo. Que esa frase deje de ser un comunicado y se transforme en una política pública esencial del Gobierno. Defender al usuario no es un gesto: es un deber del Estado Provincial. Y el primer obligado a cumplirlo es quien lo conduce.
(*) Ex Secretario de Estado de Defensa del Consumidor de Salta. Especialista en Responsabilidad por Daños (UNL), apoderado y representante de Protectora ONG Salta.