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La educación no es prioridad hasta que deja de serlo.
Solo el 5% de los argentinos considera a la educación como el problema más importante del país, según el último informe de Argentinos por la Educación. La inseguridad y la economía duplican y triplican esa cifra. En América Latina, el promedio es aún más bajo: 3,4%. Estos datos revelan una paradoja profunda.
Mientras la sociedad no coloca a la educación en el centro de su agenda, las aulas universitarias viven un fenómeno silencioso y masivo: nunca hubo tantos jóvenes dispuestos a formarse. Como economista y educadora, sostengo que la indiferencia social hacia la política educativa - que ocupa el octavo lugar en satisfacción ciudadana según encuesta - es un lujo que Argentina no puede permitirse. El mundo redefinió el conocimiento como el activo más valioso del siglo XXI.
Más estudiantes, pero...
En las últimas dos décadas, la tasa bruta de educación superior en jóvenes de 18 a 24 años pasó de 36% a casi 71%. Tres de cada cuatro jóvenes argentinos están hoy en algún nivel de educación superior. La universidad pública supera el millón y medio de estudiantes.
Es un éxito histórico en democratización del acceso.
Sin embargo, aquí aparece la primera señal de alerta: la tasa neta universitaria - jóvenes efectivamente en un aula universitaria - apenas alcanza el 25,7%. El resto se distribuye entre el sector terciario y, sobre todo, en el rezago etario. Hay una enorme cantidad de estudiantes mayores de 24 años que siguen en el sistema porque, al trabajar y estudiar, sus carreras se extienden de 5 a 8 años o más. Como sostiene Edgar Morin, destacado filósofo, la educación del futuro debe enseñar a navegar en la incertidumbre. Pero navegar no basta si el barco tarda una década en llegar a puerto.
Entran muchos, salen pocos
El verdadero termómetro del éxito no es cuántos entran, sino cuántos y cómo salen. Mientras la matrícula creció al 3,4% anual en la última década, los egresados lo hicieron a menos de la mitad de esa velocidad. La brecha entre ingresantes y graduados es un embudo estructural. El sector privado, con mayor capacidad para ofrecer modalidades híbridas, muestra un egreso más ágil que el estatal. Esto no desmerece el rol democratizador de la universidad pública, pero sí enciende una luz amarilla sobre su rigidez.
Gilles Lipovetsky describe nuestra época como una hipermodernidad donde la flexibilidad choca con instituciones ancladas en el pasado. Nuestras universidades siguen operando bajo un paradigma analógico del siglo XIX. El dato más revelador está en las carreras tecnológicas. Las Ciencias Aplicadas atraen cada año a casi 200.000 nuevos ingresantes, pero apenas logran graduar a una fracción. En Ingeniería en Sistemas, por cada 100 ingresantes, solo unos pocos se gradúan en tiempo razonable. No es desinterés: el mercado laboral los absorbe antes de recibirse o abandonan, y la universidad no ha sabido ofrecer trayectos flexibles que permitan trabajar, estudiar y certificar por etapas.
El contraste con China
Mientras Argentina debate cómo contener la masividad con estructuras del pasado, China comprendió que el problema ya no es cuántos entran, sino cómo y cuándo salen. Pekín ejecuta una reestructuración universitaria sin precedentes: elimina carreras obsoletas, crea programas en Inteligencia Artificial y obliga a sus universidades a romper el aula tradicional mediante el modelo de "Ingenieros de Excelencia", donde los estudiantes se titulan resolviendo problemas reales en empresas. Como señala el presidente de la Universidad de Soochow, Zhang Qiao: "Cuando los estudiantes regresan con problemas reales de la industria, aprenden más profunda, rápida y sólidamente". Frente a esto, nuestra discusión sobre si extender o no las carreras resulta anacrónica. Como advierte Morin, la educación del futuro exige flexibilidad, certificaciones intermedias y empatía institucional. Pekín ya tomó nota.
Salta como laboratorio
Salta funciona como un microcosmos de esta tensión nacional. La universidad estatal encarna el ideal democratizador: más del 75% de sus alumnos es primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Pero apenas uno de cada cinco se gradúa en tiempo cercano al teórico. La pobreza, el trabajo y la rigidez académica conspiran contra la retención. La universidad privada ha apostado por un modelo híbrido con sólido sistema a distancia, logrando contener a estudiantes trabajadores que el aula física suele expulsar. Finalmente, la universidad provincial propone un modelo disruptivo: carreras cortas, modulares y orientadas a oficios tecnológicos, ofreciendo certificaciones intermedias que permiten insertarse laboralmente mientras se avanza hacia títulos más complejos.
Lo que Salta muestra es que el problema ya no es la falta de vocación tecnológica ni el acceso. El problema es el diseño institucional. Las estructuras universitarias fueron pensadas para una época donde estudiar era un privilegio de tiempo completo. Hoy, la masividad impone otra lógica.
Refundar el contrato educativo
Hay un dato inapelable: hemos democratizado el acceso, pero no el egreso. Entran muchos, salen pocos. Y los que salen, lo hacen con una lentitud que la época ya no tolera. Pero este no es solo un problema de eficiencia. Es, ante todo, un problema de sentido. Como advierte Jürgen Habermas, vivimos en una sociedad donde la razón instrumental - la lógica del costo-beneficio - ha colonizado esferas que deberían regirse por la razón comunicativa: el diálogo, el entendimiento mutuo, la construcción colectiva de sentido.
En esa tensión se debate hoy la universidad.
Por un lado, el mundo le exige ser una máquina de producir egresados rápidos y competitivos. Por el otro, su tradición humanista le recuerda que su función no es solo formar mano de obra calificada, sino ciudadanos críticos, capaces de interrogar al poder.
En Argentina, la universidad promete movilidad social, pero luego abandona a sus estudiantes en un laberinto de burocracia y falta de acompañamiento. Yuval Harari nos recuerda que el siglo XXI no será de los que acumulan información - eso ya lo hacen las máquinas - sino de los que saben reinventarse. La Inteligencia Artificial viene a redefinir qué significa ser humano. En ese contexto, la universidad sigue anclada en el siglo XIX: carreras lineales, tiempos fijos, poca flexibilidad.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa no es solo un conjunto de artículos. Es, en el fondo, una pregunta filosófica sobre el contrato entre la sociedad, el Estado y el conocimiento. ¿La educación es un derecho garantizado por un Estado planificador, o un bien abierto donde convergen familias, comunidades e instituciones privadas? La respuesta exige un equilibrio reflexivo, al estilo habermasiano: un diálogo entre principios en tensión.
La ley propone subsidiariedad, financiamiento por resultados y apertura a universidades extranjeras. Suena razonable. Pero ninguna reforma educativa puede evaluarse solo por sus intenciones. Hay que preguntarse siempre: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? La distribución del 20% del presupuesto por "desempeño" puede premiar a las universidades ricas y castigar a las que atienden a estudiantes vulnerables. Los vales educativos pueden ampliar la libertad de elección, pero también profundizar la segmentación. La virtualidad puede incluir, pero también servir de coartada para desfinanciar la presencialidad. No se trata de rechazar el cambio. Sería necio defender un statu quo que no logra titular a la mayoría. Se trata de cambiar con criterio, con debate público y con una idea clara de la universidad que queremos.
Como sostiene Harari, las instituciones que sobreviven no son las más fuertes, sino las más adaptables. Y la adaptabilidad no es sumisión al mercado: es la capacidad de mantener un núcleo de sentido mientras se transforman las formas. La universidad argentina tiene un núcleo que vale la pena preservar: el conocimiento como bien común, el acceso como derecho, la educación superior como motor de movilidad social. Pero ese núcleo no sobrevivirá sin repensar las estructuras. La masividad no es el problema; es el punto de partida. El problema es la rigidez, la falta de certificaciones intermedias, la evaluación que mide insumos y no resultados.
La pregunta que atraviesa este artículo es: ¿qué sociedad queremos construir? Si queremos una sociedad más justa, más crítica y preparada para los desafíos tecnológicos sin perder su alma humanista, necesitamos universidades que no solo incluyan, sino que acompañen hasta el final. Que no solo enseñen contenidos, sino que enseñen a pensar. Que certifiquen saberes por etapas, reconozcan la experiencia laboral y dialoguen con la inteligencia artificial sin rendirse ante ella. El futuro no se escribe solo con matrícula. Se escribe con cada estudiante que no abandona, con cada profesor que reinventa su práctica, con cada política pública que pone en el centro a la persona. La ley puede ser un acelerador o un freno. Pero por sí sola no hará milagros. El milagro - si es que existe - está en el aula, en el vínculo cotidiano entre quien enseña y quien aprende. Ahí, como siempre, se juega lo esencial.