inicia sesión o regístrate.
En sucesivas columnas de opinión, hemos venido insistiendo con la degradación de nuestro máximo Tribunal de Justicia en Argentina. En "Cortesanos, en comisión", dábamos una opinión adversa sobre las muy resistidas designaciones en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, señalando que la atribución de nombrar ministros de la Corte no es "exclusiva" del Poder Ejecutivo sino compartida con el Senado, como una de las formas que asume el balance entre poderes en nuestra Constitución política. Advertíamos, también, que cuestiones tan elementales como el género y el federalismo lucían ostensiblemente ausentes del debate en esas nominaciones. En febrero de 2025 volvíamos sobre el punto ("Sin consenso no hay juez constitucional") advirtiendo que la voluntad política que en esa materia vale, no es "mi voluntad o nada" como lo planteó con todo cesarismo el presidente Milei, sino la que emerge del acuerdo de las fuerzas representadas en el Senado.
Lamentablemente ahora el reciente Decreto Nº 467/2026 cierra el círculo de degradación institucional. Si los episodios anteriores que vivimos eliminaron los obstáculos que permitían resistir, democráticamente al menos, candidatos inadecuados, este reciente decreto del presidente, elimina la instancia en que la sociedad civil puede ejercer control antes de que el Ejecutivo cierre su decisión. Ahora el decreto presidencial retrograda una instancia deliberativa, suprime el período de quince días hábiles de observaciones ciudadanas, deroga la obligación de ponderar criterios de género, especialidad y procedencia regional y elimina la posibilidad de que entidades académicas y profesionales sean consultadas o escuchadas. Lo que antes era un proceso con apertura democrática -imperfecto, pero con apertura- pasa ahora a ser un ejercicio de discreción presidencial con publicidad mínima: Boletín Oficial y sitio web del Ministerio. Eso es todo.
El argumento oficial es que el Senado ya garantiza el control democrático. El mismo Senado que hace poco no permitió interpelar a la también degradada institución constitucional de la Jefatura de Gabinete, artefacto cuasi parlamentario que Manuel Adorni se ha encargado de dejar por el suelo. Pareciera que no dejamos de tocar fondo. Mas hiperpresidencialismo, menos controles ciudadanos.
El control ciudadano
La participación ciudadana previa y la parlamentaria posterior no son meramente intercambiables: la primera -en la sana idea republicana de autolimitación presidencial que se alumbró para recuperar cierto halo de legitimidad luego del menemismo- incidía ciertamente en la formación de la propuesta y de hecho ha sido copiada como idea por numerosos gobiernos provinciales; la segunda llega cuando la decisión política ya fue tomada y si bien es la que cuenta a nivel constitucional, al menos servía para evitar en cierta forma la opacidad de los candidatos. Pero quitar la primera en modo alguno refuerza la segunda: simplemente excluye a la ciudadanía del momento que importa, que es conocer a fondo los candidatos propuestos. Sin exigencias de transparencia, fácil es avizorar que pasaremos a un régimen donde nos enteraremos qué candidato a juez es propuesto para la Corte, entre gallos y medianoche, alentando acuerdos espurios, que mucho daño le han hecho al País y seguirán haciendo a la independencia de la Justicia, como se ha visto en la historia político constitucional del país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa hoy días difíciles. Funciona con tres integrantes, todos hombres, dos de ellos de la misma provincia y totalmente cruzada por internas de todo tipo, sobrellevando una forma bastante disfuncional de trabajar. Carece - o no exhibe- agenda en temas de interés público, se desconfía de sus tiempos y sus motivaciones, está ausente de la resolución de los grandes asuntos jurídicos del País (v.g. el mega decreto ómnibus con que Milei inauguró su Presidencia). Por otro lado, el criterio de respeto a la integración de género, la especialidad y la representación federal - que la norma ahora derogada mandaba considerar no era una cuota vacía de sentido: era el reconocimiento de que un tribunal federal, amplio en todo sentido, debe reflejar al país plural que está llamado a interpretar en su jurisprudencia. Un país donde existen Salta, Tierra del Fuego, Mendoza y tantas otras provincias, y no solo Santa Fe o el lugar que el juez Rosenkrantz quiera atribuirse como origen - todos de esa misma zona núcleo de poder que tanto entorpece la comprensión del país del interior-. A ello se suma la opacidad financiera: el decreto que cuestionamos también desmantela la exigencia de informar el patrimonio y la situación impositiva de quienes aspiren a integrar la Corte.
Suprimir todo esto - en una jugada con la que el presidente de la Nación ha salido a configurar la Corte sin la menor intención arquitectónica - no supone respeto alguno por la división de poderes y funciones que la Constitución: dispone fríamente es una opción política que se invoca en nombre de la agilidad, pero que produce concentración de poder y deja entrever intenciones que cualquier ciudadano podría advertir. Una Corte afín, que queda cada vez más lejos de la ciudadanía, ajena a los temas importantes que la sociedad necesita ver definidos, y reconcentrada en la tesitura que hoy parece haber asumido: frezar toda iniciativa de corrección jurídico-constitucional del proceso político. Lo vemos respecto del Decreto N° 70/23, pero también en muchos otros temas: coparticipación, organización judicial o corrupción política.
No nos cansaremos de insistir: toda Corte Suprema debería funcionar con eficiencia, erigida en guardiana de los derechos más elementales de las personas y del proceso democrático y con una autoridad ético política incuestionable en la Nación. Igual exigencia que hacemos para los Superiores Tribunales provinciales. Vienen dándose muestras de todo lo contrario. Ahora se le suma la retrogradación presidencial con este decreto -en materia de transparencia, idoneidad e independencia funcional-, que ni siquiera pasa por el Congreso y que ojalá los Gobernadores no se animen a copiar. Cuando uno cree que la cuestión ya no puede degradarse más de lo que está al presente, deciden seguir un liderazgo vacío de respeto a la Constitución, que Milei le imprime a la presidencia.
Concluyo con lo siguiente. Lo que debiera construirse pieza por pieza -la costosa legitimidad-, avanza hacia atrás, y la confianza se degrada. Una Corte que se edifica para sacar obstáculos y facilitar el acceso a los malos candidatos, y no para la democracia, en la intención velada de satisfacer fines al que todo populismo es afecto: armar una justicia a medida, y que la ciudadanía no lo advierta.