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Las recientes elecciones presidenciales en Perú y en Colombia marcaron un punto de inflexión en la política de América del Sur, signada por dos fenómenos simultáneos: el decidido avance de la derecha y el peligro de ingobernabilidad derivado del cuestionamiento a la legitimidad de origen de sus respectivos gobiernos.
En ambos casos los mandatarios electos, tanto Keiko Fujimori en Perú como Abelardo de la Espriella en Colombia, triunfaron en una segunda vuelta y por una diferencia insólitamente ajustada frente a sus oponentes de izquierda, Roberto Sánchez en Perú e Iván Cepeda en Colombia, quienes después de varios días de arduo suspenso a la espera de las cifras definitivas del escrutinio denunciaron la existencia de episodios de fraude que invalidarían los resultados.
Otra característica de los dos ganadores es que ninguno pertenece a las expresiones tradicionales de la derecha de sus respectivos países, cuyos candidatos habían sido eliminados en la primera vuelta electoral. Su victoria se inscribe en un proceso marcado por el éxito en la Argentina de Javier Milei, en Chile de José Antonio Kast y, aunque con otras características, en Bolivia de Rodrigo Paz, un fenómeno que guarda sintonía con la línea expresada en el ascenso de Nayib Bukele en El Salvador y, por supuesto en una escala superior, con el retorno de Donald Trump en Estados Unidos.
En el caso peruano hay otra particularidad. En la primera vuelta Fujimori obtuvo el 17.1% de los votos y Sánchez el 12,1%. La suma de ambos no alcanzó al 30%. En el balotaje la ciudadanía peruana tuvo que optar entre dos candidatos que antes habían sido descartados por el 70% del electorado, lo que agrava la debilidad estructural de su gobierno y los cuestionamientos a su legitimidad de origen.
La diferencia entre Fujimori y Sánchez fue del 0,2%, un número tan pequeño que movió a algunos comentaristas políticos al neologismo de calificar al veredicto de las urnas como un "empate técnico" y a algunos humoristas a plantear una hipótesis que hasta entonces no había sido abordada por los constitucionalistas en ninguna parte del mundo: qué sucedería si el azar de los números arrojara un empate entre los dos candidatos. En medio de la euforia mundialista un periodista deportivo aventuró: "¡Entonces penales!".
En materia de coincidencias existe otra muy sugestiva: la importancia decisiva que tuvieron en los resultados de los dos países el voto de los residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos, quienes en su inmensa mayoría se volcaron hacia los candidatos de derecha. Fujimori fue un ejemplo emblemático: su victoria obedeció a las urnas del exterior, porque en las situadas en el territorio peruano ganó Sánchez.
Esta peculiaridad tuvo en Bogotá una repercusión más inquietante: Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, cuyo acólito Cepeda fue derrotado en las urnas, cuestionó los resultados con el argumento de la intervención extranjera en el proceso electoral y denunció maniobras fraudulentas en las urnas del exterior: "ahora entendemos porque nos tumbaban a todos los cónsules que nombraba", declaró, en alusión a la mayoría parlamentaria opositora que bloqueó sistemáticamente sus designaciones diplomáticas.
Pero Petro fue mucho más allá cuando sostuvo que "tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos y mesas de votación". Para no quedarse corto, aseveró: "el único capaz de hacer algo de esto en el mundo es el estado de Israel". La acusación aludía a la postura de su gobierno en el conflicto de Medio Oriente y su enérgica condena a la intervención militar israelí en la franja de Gaza.
Tras denunciar la interferencia estadounidense en el proceso electoral, reflejada en el abierto apoyo de Trump a De la Espriella, Petro mencionó el antecedente de Rumania, donde la Corte Constitucional anuló las elecciones presidenciales de 2024 con el argumento de que el candidato ganador, Calin Georgescu, un dirigente nacionalista de ultraderecha admirador de Vladimir Putin, había sido favorecido por una operación clandestina de los servicios de inteligencia rusos.
El fantasma
Estas denuncias de fraude electoral provenientes de la izquierda para deslegitimar a un presidente electo no son patrimonio de un sector político determinado. El ejemplo más elocuente fue la denuncia de Trump sobre el supuesto fraude en el voto por correspondencia que habría provocado su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y fundamentó la invasión de sus partidarios al edificio del Capitolio.
Algo semejante ocurrió en Brasil en 2021 cuando, en franca imitación de Trump, el entonces presidente Jair Bolsonaro denunció una presunta manipulación en el sistema de votación electrónica que habría provocado la derrota frente a Lula que frustró su sueño reeleccionista y, como señal de protesta, promovió la ocupación del Palacio Legislativo.
Ninguno de esto dos episodios quedó definitivamente en el olvido. En varios estados gobernados por el Partido Republicano Trump impulsa hoy una reforma en la delimitación de los distritos electorales por considerar que su actual configuración había sido diseñada por sus rivales demócratas para favorecer sus chances en la disputa por cargos legislativos en la crucial contienda de noviembre próximo.
En Brasil la familia Bolsonaro también está en pie de guerra contra lo que sus partidarios califican como una maniobra fraudulenta atribuida a Lula para eliminarlos de la competencia electoral de octubre de este año, en la que - a la inversa de 2022 - el actual mandatario buscaría la reelección contra Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, quien está inhabilitado para competir por encontrarse preso por una condena judicial derivada precisamente de aquella ocupación del Palacio Legislativo. Flavio, el suplente de Jair como candidato, está también procesado por cargos de corrupción que podrían dejarlo fuera de carrera. Hay empero una diferencia cualitativa entre esos escenarios de Estados Unidos y Brasil con las situaciones planteadas en Perú, Colombia y otros países sudamericanos, que reside en sus respectivos grados de solidez institucional. En Estados Unidos y Brasil estos conflictos, más allá de su gravedad intrínseca y su fuerte impacto en la opinión pública, no afectan la gobernabilidad. En Perú y Colombia, en cambio, tornan muy incierto el futuro de los flamantes mandatarios electos.
Ese riesgo de ingobernabilidad presenta características distintas en ambos países. En Perú casi todos los presidentes de las últimas tres décadas terminaron depuestos y procesados. En Colombia, a pesar de la guerra civil que ensangrentó al país durante sesenta años, cuyos coletazos distan de haber terminado, desde 1958 hasta hoy todos los presidentes finalizaron su mandato constitucional.
En ese sentido, las perspectivas de De la Espriella son bastante mejores que las de Fujimori. Pero los dos mandatarios tendrán el gigantesco desafío de ejercer un poder efectivo en países donde el Estado no controla amplias zonas de su territorio, que en la práctica viven a menudo fuera de la ley y muchas veces bajo el dominio del narcotráfico, como sucede en Bolivia, donde el gobierno de Paz, que puso fin a un largo ciclo de hegemonía de Evo Morales, no puede hacer cumplir la orden judicial de detención del ex presidente, refugiado en su reducto cocalero de Chapare.
Con una escuálida base de sustentación política Fujimori tendrá que enfrentar una oposición de izquierda encolerizada por la suma del odio ideológico con la sensación de haber sido despojada de la victoria, o sea virtualmente desalojada de un poder que nunca asumió, y tiene el apoyo mayoritario en todas las regiones del interior peruano. Lo de De la Espriella es todavía más arduo. La oposición política también está anclada socialmente en el interior del país, pero encima cuenta con una estructura organizativa armada altamente peligrosa, producto de la conjunción entre las bandas criminales del narcotráfico y los grupos guerrilleros que se negaron a acatar los acuerdos de paz. En sociedades fuertemente polarizadas, ambos presidentes electos, que además comparten un inequívoco alineamiento estratégico con Trump, estarán obligados a recurrir a las Fuerzas Armadas para gobernar al borde del abismo sin precipitarse en su profundidad.