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Hay ideas que fracasan por mala ejecución y otras que fracasan por diseño. El "shutdown" de gobierno que pretende el presidente, pertenece a la segunda categoría, y por eso ningún país del mundo lo adoptó jamás. Javier Milei anunció que su gobierno prepara un proyecto de ley para instaurarlo en la Argentina: "cuando se acaba el presupuesto, no se puede gastar más y el Estado se apaga", explicó, invocando el modelo estadounidense. La frase tiene la contundencia de un eslogan y la solidez de un malentendido. Porque el mecanismo que el presidente propone importar no es un instrumento de disciplina fiscal: es la falla institucional más costosa, más estudiada y más unánimemente lamentada del sistema presupuestario de los Estados Unidos. Copiarla no es audacia reformista. Es fanatismo ideológico elevado a técnica legislativa. Un error estratégico ante un país con instituciones endebles y finanzas en cornisas constantes.
Camino al naufragio
El primer plano es el del derecho comparado, y admite una constatación simple: el shutdown no existe en ningún otro país. No lo tiene Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Brasil, ni Chile, ni ninguna de las democracias que el propio gobierno suele citar como espejo. Y no lo tienen por una razón elemental: toda arquitectura presupuestaria seria incluye un mecanismo de continuidad para que el desacuerdo político no se traduzca en parálisis estatal. En los sistemas parlamentarios, el fracaso del presupuesto disuelve al gobierno, no al Estado: Bélgica pasó 541 días sin gabinete entre 2010 y 2011 y ningún hospital cerró ni ningún salario dejó de pagarse. En los presidencialismos como el de Brasil, el Ejecutivo mantiene las luces encendidas durante el impasse. Ni siquiera los Estados Unidos lo diseñaron: el shutdown es un accidente hermenéutico. Durante más de un siglo, los vacíos presupuestarios se administraron sin cerrar nada, hasta que en 1980 y 1981 dos dictámenes del procurador general Benjamín Civiletti impusieron una lectura literal de la Antideficiency Act de 1870: sin apropiación vigente, las agencias deben cerrar. Estados Unidos lleva cuarenta y cinco años pagando las consecuencias de esa interpretación. Nadie lo imitó.
La Argentina, de hecho, ya resolvió este problema. El artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera dispone que, si al inicio del ejercicio no hay presupuesto aprobado, rige el del año anterior con ajustes. Ese mecanismo de continuidad, el mismo que el proyecto presidencial vendría a abolir, es el que le permitió a Milei gobernar durante 2024 y 2025, sus dos primeros ejercicios completos. El presidente administró el país con el presupuesto prorrogado de 2023, sin ley aprobada por el Congreso, y con la discrecionalidad que esa prórroga le regaló para reasignar partidas. Recién en diciembre de 2025 logró su primer presupuesto propio. La paradoja es exacta: el jefe de Estado que propone apagar el Estado cuando no hay presupuesto es el que gobernó dos años enteros gracias a la norma que impide ese apagón. Bajo su propia ley, su propio gobierno habría permanecido cerrado.
Costos irreparables
El segundo plano es el de los costos, y aquí los números estadounidenses no requieren adjetivos. El cierre de 2018-2019, de 35 días, le costó a la economía norteamericana 11.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se perdieron de manera permanente, con 800.000 empleados federales sin cobrar, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
El de fines de 2025, el más largo de la historia con 43 días, fue peor: la CBO estimó una pérdida permanente de producto de otros 11.000 millones de dólares, con 1,4 millones de empleados suspendidos o trabajando sin sueldo, que dejaron de percibir unos 16.000 millones en salarios durante el cierre.
Por primera vez en sesenta años se interrumpió la asistencia alimentaria del programa SNAP, del que dependen 42 millones de personas. La aviación civil entró en crisis. Miles de vuelos cancelados por orden de la autoridad aeronáutica y más de cinco millones de pasajeros afectados, porque los controladores aéreos, obligados a trabajar sin cobrar, comenzaron a jubilarse a un ritmo de quince a veinte por día, cinco veces el ritmo habitual.
Ese último dato merece subrayarse: el shutdown no solo cuesta dinero, cuesta "expertise". El Estado que se apaga expulsa a sus cuadros más calificados hacia el sector privado, y esa capacidad no se recompra con la reapertura. En el país más rico del mundo, empleados públicos hicieron fila en bancos de alimentos. Trasladar ese escenario a una Argentina con más de un tercio de su población en la pobreza y salarios que se consumen en la quincena no exige imaginación: exige apenas honestidad. Y hay un detalle que demuele el argumento fiscal desde adentro. Desde 2019, una ley federal estadounidense garantiza el pago retroactivo de todos los salarios caídos. Es decir: el Estado paga íntegramente por servicios que nunca se prestaron. El shutdown no ahorra un dólar; destruye producto, paraliza servicios y luego paga igual. Como instrumento de reducción del déficit es peor que inútil: es contraproducente por diseño. El tercer plano es el de la economía política, y explica por qué el mecanismo sobrevive pese a su fracaso. El shutdown no es en Estados Unidos una herramienta.
fiscal sino un instrumento de extorsión partidaria: una pulseada en la que cada bando toma de rehén el funcionamiento del Estado para forzar concesiones que nada tienen que ver con el equilibrio de las cuentas. Clinton y Gingrich en 1995, el Obamacare en 2013, el muro de Trump en México en 2018, los subsidios de salud en 2025. En ninguno de esos episodios, el déficit fue la variable en disputa, y la deuda federal superó mientras tanto los 38 billones de dólares. Los cierres miden fuerza, no ordenan cuentas.
Quien crea que ese incentivo no operaría en la Argentina ignora la aritmética parlamentaria del propio oficialismo. Un presidente en minoría legislativa crónica le estaría entregando a cada Congreso futuro, incluido uno adverso, un botón para apagar su gobierno. La motosierra, convertida en interruptor, quedaría del lado de la oposición.
¿Por qué, entonces, importar la única pieza universalmente defectuosa de un sistema ajeno? La respuesta no es técnica sino devocional. Ya lo documentamos en estas páginas: dieciséis de los casi cuarenta viajes presidenciales tuvieron como destino los Estados Unidos, entre conferencias conservadoras y premios personales. El "shutdown a la argentina" es la continuación de esa liturgia por medios legislativos: no se copia porque funcione, puesto que no funciona ni en su país de origen; se copia porque viene de donde viene. Eso no es política comparada; es culto de imitación institucional.
La estupidez de la idea no reside en su radicalidad sino en su redundancia: propone crear por ley un problema que el resto del mundo diseñó cuidadosamente para no tener, y que la Argentina ya tenía resuelto desde 1992. Un Estado no es una empresa que se apaga cuando se queda sin caja. Es la infraestructura permanente de derechos: el hospital, el radar, la jubilación, el salario del que enseña y del que custodia. La disciplina fiscal es una causa seria, demasiado seria para confiarla a un mecanismo que en cuarenta y cinco años solo demostró saber destruir valor y tomar rehenes. Si el presidente busca en Washington lecciones presupuestarias, la evidencia le ofrece exactamente una: ningún país copió el shutdown. Los experimentos fallidos ajenos se estudian. No se legislan.