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La decisión del Presidente Milei de recuperar la plena autonomía del Banco Central resulta lógica, coherente y necesaria. Lo digo con la autoridad de haber sido autor de la ley por la cual se reformó la carta orgánica de esta entidad cuando fui Senador Nacional.
Ya en el Gobierno de Raúl Alfonsín, comencé a elaborar un proyecto de Carta Orgánica del Banco Central, con la valiosa colaboración del Dr. Enrique Olivera, economista de gran trayectoria, y del Dr. Luis Adolfo Saravia, prestigioso abogado salteño. Ese proyecto fue presentado el 24 de mayo de 1989, convencido que una de las causas de la hiperinflación era la manipulación monetaria, o sea la recurrente tentación de los poderes ejecutivos de echar mano a los recursos del Banco Central y a la emisión monetaria.
En cada sesión insistía, debido a la falta de apoyo mayoritario, por el tratamiento del proyecto que unos años después se aprobaría. Ya con el nuevo gobierno presidido por Carlos Menem se incorporó la decisión de abordar este tema, y el 2 de noviembre de 1991 se pudo poner en debate en el recinto la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
La misma estableció y redefinió la naturaleza y objeto del Banco, que es definido como una entidad autárquica del Estado Federal. Su misión primaria y fundamental es preservar el valor de la moneda.
El texto establece que el Central, debe desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a resguardar las funciones del dinero. También se define que, en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el Banco Central no debe estar sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de otros órganos del Estado, salvo lo que disponga el Congreso mediante legislación. En esa ley, que luego el kirchnerismo, en su afán populista, modificó, se definen las funciones de esta institución tales como:
* Regular la cantidad de dinero.
* Observar la evolución del crédito.
* Vigilar el funcionamiento del mercado financiero.
* Aplicar la Ley de Entidades Financieras.
* Actuar como agente financiero del Estado.
* Administrar reservas en oro, divisas y otros activos externos.
* Representar al país ante instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales.
* Promover el desarrollo del mercado de capitales.
Se legisló también sobre la conformación del directorio, que queda compuesto por presidente, vicepresidente y ocho directores.Los miembros deben ser argentinos, tener idoneidad en materia monetaria, bancaria, legal o financiera, y reconocida solvencia moral.
Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, duran seis años en sus funciones y pueden ser designados nuevamente. El proyecto buscaba que los mandatos del directorio no dependan directamente del calendario político del Poder Ejecutivo.
"Después de varios años debemos decir que, salvo las primeras integraciones del directorio, estas nunca más pasaron por el Senado".
Después de varios años debemos decir que, salvo las primeras integraciones del directorio, estas nunca más pasaron por el Senado, siendo desde entonces hasta hoy nombrados en comisión por el Poder Ejecutivo.
Esta reforma, en mi criterio, debería incluir también, que todo funcionario del Banco Central y los directores fueran seleccionados por concursos nacionales e internacionales. Así lo hace Chile, por ejemplo y luego pasar una terna para el acuerdo del Senado de los directores.
En esa ley de 1991, se dejó expresamente prohibido que el Banco Central pueda financiar al Tesoro Nacional, bancos, provincias ni municipalidades. Tampoco puede garantizar obligaciones del gobierno ni de otras entidades, prestar a personas no financieras, comprar acciones salvo excepciones vinculadas a organismos financieros internacionales, participar en empresas comerciales o emitir instrumentos obligatorios para entidades financieras.
Uno de los puntos más importantes es la limitación del financiamiento al Tesoro. El proyecto permitía cierta adquisición de títulos públicos, pero bajo condiciones estrictas y con límites. Algunos senadores, que votaron en contra o se abstuvieron, pensaban que un Banco Central independiente no debería transformarse en un órgano aislado de la política económica general,esto debería desaparecer también .
En ese momento, como autor de la ley y presidente de la comisión de Hacienda, defendí el proyecto como una herramienta para terminar con la inestabilidad monetaria, evitar la subordinación del Banco Central al financiamiento del Tesoro y dar previsibilidad institucional.
Esta reforma debería incluir también, que todo funcionario del Banco Central y los directores fueran elegidos por concursos nacionales y a nivel internacional.
El argumento principal de mi exposición fue que la inflación y la inestabilidad monetaria no son solo problemas económicos sino también institucionales. El Banco Central debe tener autonomía operativa, pero bajo la ley del Congreso.
Siempre estuve orgulloso de esa sanción. Llevó su tiempo de debate y modificaciones, e incluso la Cámara de Diputados demoró casi un año para darle sanción definitiva. Hoy el Presidente Milei plantea recuperar el espíritu de esa ley, que fue modificada en el año 2012 por el Gobierno de Cristina Kirchner, con el fin de utilizar el Banco Central para financiar al propio Estado y hasta incluso gastos corrientes. De hecho, en marzo de 2024 presenté nuevamente un proyecto de ley para recuperar la autarquía del Banco tal como lo habíamos planteado en 1991. Ese proyecto solo tenía tres artículos:
1. Restituir la vigencia de los artículos 1° a 56° de la Ley 24.144 en su versión original (la del año 1992).
2. Derogar las leyes modificatorias de la Ley 24.144 (que aprobó el kirchnerismo) y toda norma que se le oponga.
3. Comunicar al Poder Ejecutivo.
Justamente es este artículo segundo el que ahora intentará aprobar el Gobierno Nacional, lo cual resulta no solo oportuno sino necesario.
La Ley 24.144 nació para restablecer disciplina monetaria después de períodos prolongados de inflación e hiperinflación a fines de los años ochenta y principios de los noventa, y durante más de quince años se respetó la autonomía del Banco Central, y eso, junto con otras medidas económicas, permitió superar la crisis de comienzos del siglo XXI y recomponer reservas superiores a 50.000 millones de dólares.
Hay que recordar que a partir de 2007 comenzó una desaceleración económica: de tasas cercanas al 9% anual durante la gestión de Néstor Kirchner a 3,6% durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hasta llegar a un estancamiento, con consecuencias como:
* Deterioro del resultado fiscal primario.
* Mayor emisión monetaria para financiar el déficit.
* Alta inflación acumulada.
* Endeudamiento creciente del Banco Central con el sistema financiero.
* Deterioro del tipo de cambio real.
* Escasez de reservas de libre disponibilidad.
* Deterioro del balance del Banco Central.
Como lo expresé en su momento, la reforma de la Carta Orgánica de marzo de 2012 hizo al Banco Central mucho más manipulable por el Poder Ejecutivo.
Esa reforma debilitó su autonomía, amplió la discrecionalidad, redujo controles y permitió mayor financiamiento del Tesoro mediante adelantos transitorios.
Incluso algunos senadores obsecuentes del gobierno de entonces negaron con argumentos diversos lo que el tiempo se encargó de confirmar, y es que el objetivo real de esa reforma fue subordinar la autoridad monetaria al Poder Ejecutivo, poder del cual justamente la entidad monetaria siempre debió haber sido independiente, tal como lo expresé en mi alocución, y evitar la subordinación del Banco Central a políticas del gobierno nacional, o sea del Palacio de Hacienda, situación que hasta el día de hoy sucede.
Países vecinos exitosos lograron esa necesaria autonomía: Perú, Paraguay, Chile, Uruguay. En esta materia sí que debemos lograr un cambio cultural, para vencer la conducta nacional de déficit permanente, emisión descontrolada, endeudamiento creciente, deterioro de la moneda, hiperinflación en la puerta.
Es una gran noticia que aquel proyecto de restauración institucional, que presenté en marzo de 2024, hoy busca ser expuesto y debatido por el gobierno nacional.
A los legisladores actuales les debería resultar sencillo, con tantos años de inestabilidad económica, elegir entre un Banco Central autónomo, sujeto al Congreso y orientado a preservar la moneda, versus un Banco Central subordinado a la política económica inmediata del Poder Ejecutivo.