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En el año 1995, por iniciativa del entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, la Legislatura sancionó la Ley 2404, mediante la cual se reformó la organización del Poder Judicial. Esa reforma eliminó el cargo de Procurador General, que ocupaba el doctor Eduardo Sosa y en creó dos cargos distintos: agente fiscal ante el Tribunal Superior y Defensor General.
Frente a eso, el doctor Sosa tenía dos opciones: cerrar una etapa en su carrera y reiniciar el ejercicio de la profesión de abogado o bien, accionar en defensa del principio constitucional que establece la inamovilidad de los magistrados. Eligió esta última, pidiendo la inconstitucionalidad de la reforma y su restitución en el cargo.
El caso llegó varias veces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario o bien, por incidentes en la ejecución de las sentencias. La primera vez fue el 30/06/98. La Corte dijo entonces que la inamovilidad de los magistrados impedía que una simple reforma legal eliminara el cargo para desplazar a quien lo ocupaba. Ordenó que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resolviera aplicando ese criterio. La segunda vez, el 4/11/2000, como este tribunal demoró en cumplir con su sentencia, la Corte Suprema lo intimó a hacerlo. La tercera vez, el 2/10/2001, informada que todo seguía igual, la Corte resolvió que el máximo tribunal de la provincia había desconocido indebidamente lo resuelto la primera vez, en 1.998, y ordenó restituir al doctor Sosa en el cargo de Procurador General, dentro de un plazo de treinta días. Esta vez, el más Alto Tribunal dijo expresamente que el tribunal provincial había incurrido en palmario apartamiento de lo que se le había ordenado.
Cuesta creerlo
El 14 de mayo del año 2005, la Provincia de Santa Cruz intentó revertir las sentencias adversas mediante un recurso de reposición, que previsiblemente fue rechazado. Siguió sin cumplir las sentencias del máximo tribunal. En el año 2.009, la Provincia intentó resolver el caso sustituyendo la reincorporación de Sosa por una indemnización económica, que el ex procurador rechazó, diciendo que él no pretendía un resarcimiento patrimonial, sino que se cumpliera una sentencia de la Corte Suprema, que protegía la independencia del Poder Judicial. El caso requirió de otra resolución de la Corte, esta vez para decir que la reparación económica no sustituía el derecho de ocupar el cargo del que el actor había sido removido ilegítimamente.
En síntesis, el caso "Sosa", tiene sus propios contenidos:
1) Como principio, los jueces y fiscales son inamovibles, salvo casos de mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones
2) Las reformas judiciales provinciales tienen límites en su propia Constitución y en la de la Nación
3) Las sentencias de la Corte Suprema deben acatarse
4) La supremacía constitucional, cuyo intérprete final es la propia Corte, está por encima del federalismo con el que se pretendió arropar una arbitrariedad.
El actual Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, propuso la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada por la Legislatura. El cargo de Procurador General fue restituido. Después, el Gobernador designó a Eduardo Sosa en ese cargo. Lo que sigue pasó en los primeros días de este mes de julio. El doctor Sosa juró en el mismo cargo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Su despacho estará en el mismo edificio en el que se desempeñaba en el año 1.995.
La respuesta es negativa. Hasta ahora, eso no ha pasado en nuestro querido y castigado país. En cambio, hay antecedentes negativos en aquellos casos en los cuales el Estado Nacional, cuando resulta vencido, ha decidido desobedecer una sentencia de la Corte, como, por ejemplo, en temas relacionados con la coparticipación federal de impuestos. Después del revuelo político, la desobediencia se convierte en demora, se negocia y de alguna forma se cumple.
En este sentido, en el año 2022, durante la administración de Alberto Fernández, se decidió no cumplir con la sentencia de la Corte que ordenó aumentar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se dijo entonces que era de imposible cumplimiento. Al cabo de un tiempo, se negociaron mecanismos de pago parcial.
La Justicia de EEUU
Las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos se cumplen. En 1857, ese respetado tribunal, presidido por el juez Roger B. Taney, en el caso "Dred Scott v. Sandford", resolvió que las personas de ascendencia africana no podían ser considerados ciudadanos de los Estados Unidos a los efectos constitucionales; y que el Congreso no tenía facultades para prohibir la esclavitud en los territorios federales. Como era previsible, en ese tiempo de crisis política, la sentencia fue considerada como una gran victoria por los estados esclavistas, a los que desde lejos se conoce como el profundo sur. Cuatro años después, estalló la guerra civil.
Esa sentencia fue y sigue siendo objeto de estudios calificados. Puede ser que, como se dice, fuera la peor de la historia, pero se cumplió. Desde 1865, hubo que hacer varias enmiendas a la Constitución para recién abolir la esclavitud, para reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y finalmente, para reconocer el derecho al voto sin discriminación racial.
No obstante, eso no fue suficiente para los que no cambiaron su forma de pensar explícitamente racista - ahora les dirían supremacistas - entonces encarnizados con los afroamericanos y su descendencia. En el año 1896, hubo otra sentencia de la Suprema Corte en el caso "Plessy v. Ferguson", en el cual se avaló la segregación racial. De nuevo, la sentencia fue acatada y de inmediato comenzó la discusión jurídica y política para atenuarlo hasta donde se pudo.
Las lecciones
La primera lección que nos dio el procurador Eduardo Sosa fue la firmeza con que defendió sus derechos y la de sus convicciones. La segunda, su fortaleza de carácter, gran antídoto ante la adversidad y su más que notoria resiliencia. Por último, viene a nuestra memoria un consejo que Eduardo Duhalde le dio a Alfredo Yabrán, cuando todavía había tiempo: que se busque un buen abogado. Queda claro que el doctor Sosa así lo hizo. Su abogado durante todos estos años fue el doctor Daniel Sabsay.
Poco después de su segundo juramento para el mismo cargo, en una entrevista concedida a un medio nacional, el Procurador General Eduardo Sosa fue preguntado acerca de si, como consecuencia de su retorno, la Provincia de Santa Cruz podía esperanzarse de un Poder Judicial que funcione de otra manera. Sosa respondió: "…En lo personal, espero poder dar valor a la obligación legal que tengo a partir de reasumir el cargo, contribuir para poder mejorar y organizar el funcionamiento del servicio de justicia dentro de mi ámbito de competencia, que es jefe de los fiscales…"