inicia sesión o regístrate.
Hubo un tiempo en que nos escandalizábamos – con razón– porque Cristina Elisabet Fernández de Kirchner utilizaba aviones de la flota presidencial para hacerse llevar los diarios a Santa Cruz. Era un gesto pequeño si se lo mide en dinero, pero enorme si se lo analiza desde una perspectiva institucional. El mensaje era devastador: los recursos del Estado podían ponerse al servicio de las necesidades personales de quien circunstancialmente ocupaba la presidencia. Aquello estaba mal. Muy mal.
Por eso me pregunto si no deberíamos hacernos exactamente la misma pregunta ahora.
El presidente Javier Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. No fue una visita de Estado. No fue una reunión bilateral. No viajó para fortalecer la relación con el principal socio comercial de la Argentina. Viajó para intervenir, explícitamente, en una campaña electoral ajena, respaldando al principal rival del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien además llamó "presidiario", "ladrón" y "zurdo de mierda" durante un acto partidario.
Todos podemos tener una opinión sobre Lula. Todos podemos simpatizar más con Bolsonaro o con el Partido de los Trabajadores. Ése no es el punto. El punto es otro. Mucho más sencillo y mucho más importante. ¿Corresponde que el presidente argentino en ejercicio de sus funciones utilice la investidura presidencial, los recursos públicos y la representación institucional de la Argentina para hacer campaña por un candidato opositor en otro país?
Sé que no. Y lo sé exactamente por la misma razón por la que estaba mal utilizar un avión presidencial para transportar diarios. Porque la discusión nunca fue el costo del vuelo. La discusión siempre fue otra: dónde termina la persona y dónde empieza la institución.
La Presidencia de la Nación no pertenece al partido que ganó las elecciones. Pertenece al Estado argentino.
Quien la ejerce conserva, naturalmente, sus convicciones políticas. Pero también asume una obligación que está por encima de ellas: representar a todos los argentinos – todo el tiempo – e, incluso, a quienes no lo votaron. Esa representación no puede transformarse en patrimonio personal ni partidario.
"La vara institucional no puede cambiar según quién gobierne: lo que estaba mal antes, también está mal ahora".
La política exterior admite afinidades ideológicas. Las ha tenido siempre. Lo que no admite es la confusión entre diplomacia y militancia. Una cosa es mantener relaciones más fluidas con gobiernos ideológicamente afines. Otra muy distinta es viajar al exterior para participar activamente de campañas electorales contra gobiernos con los cuales Argentina mantiene relaciones diplomáticas, comerciales e institucionales.
Brasil respondió como cabía esperar. Desde el entorno de Lula calificaron el episodio como "inadmisible" y recordaron que ningún jefe de Estado extranjero debería dirigirse en términos irrespetuosos hacia las instituciones brasileñas. Incluso el presidente del Supremo Tribunal Federal lamentó expresiones "incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados".
No hace falta compartir esas críticas para advertir que el problema existe.
Porque aquí no se está discutiendo si Lula o Bolsonaro tienen razón. Ni siquiera, si Milei tiene razón en sus críticas. Se está discutiendo otra cosa: cuál es el límite entre la acción política de un dirigente y las responsabilidades institucionales de un presidente.
Durante años denunciamos –con razón– la apropiación partidaria del Estado. Denunciamos el uso de los recursos públicos para fines privados o políticos. Denunciamos la confusión deliberada entre gobierno, partido y Estado. Sería una enorme contradicción dejar de hacerlo simplemente porque ahora quien ocupa la Casa Rosada es opositor al blanco de nuestras críticas durante los últimos 16 años.
Ese error ya lo había denunciado Camus: cuando se dejan de juzgar los hechos y se juzga según quiénes los cometen. Cuando la moral deja de ser un principio para convertirse en una bandera. Deberíamos aprender de él. La vara moral no puede variar según la identidad del autor de la tropelía. Nunca.
Las instituciones no se degradan únicamente cuando alguien roba dinero público. También se erosionan cuando los símbolos, los recursos y la representación del Estado comienzan a ser utilizados como si pertenecieran al gobernante de turno. La diferencia puede parecer sutil. No lo es. La investidura presidencial no pertenece al presidente. El presidente pertenece, y sólo temporalmente, a la investidura.
Llevar diarios al sur era una forma menor de esa confusión. Llevar la investidura presidencial al exterior para intervenir en campañas electorales extranjeras me parece una forma bastante más grave e, incluso, mucho más perjudicial para el país. Porque ya no compromete solamente recursos públicos. Compromete algo mucho más difícil de reconstruir una vez deteriorado: la seriedad institucional con la que un país representa sus propios intereses frente al mundo.
Y ese costo, a diferencia del combustible de un avión, no figura en ningún presupuesto y tiene un valor intangible muy difícil de reponer.