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Hay proyectos de ley que buscan resolver un problema y hay proyectos de ley que buscan producir un dolor. El que un grupo de diputados chilenos del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional acaba de ingresar al Congreso -bautizado, con ese gusto por el eslogan que caracteriza a la nueva derecha, "Escucha su corazón"- pertenece inequívocamente a la segunda categoría.
Su contenido es simple: antes de practicar una interrupción del embarazo dentro de las tres causales vigentes desde 2017, el médico deberá informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecerle la posibilidad de escucharla. La mujer, dice el texto, "podrá rechazar libremente" esa instancia. Pero si la rechaza, el médico "deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo". La libertad, aquí, es una trampa con forma de eufemismo.
Conviene detenerse en ese mecanismo, porque es donde reside la verdadera arquitectura del proyecto. No se prohíbe el aborto —eso sería inconstitucional y, sobre todo, impresentable para una derecha que en campaña prometió no dar "la batalla cultural"—. Se lo condiciona a un ritual. Y el ritual, disfrazado de información médica neutra, es en realidad un dispositivo de disuasión emocional diseñado para una mujer que ya está, en la inmensa mayoría de los casos, atravesando la experiencia más dura de su vida reproductiva. Porque conviene recordarlo: estamos hablando de las tres causales, no de un aborto electivo. Hablamos de niñas menores de catorce años embarazadas por violación, de mujeres cuyo feto presenta anencefalia o ausencia de riñones, de embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre. A esas mujeres —a esas niñas— la ley chilena ya les exige sortear un proceso administrativo exigente. Este proyecto les añade, además, la obligación de escuchar el latido de un feto que no va a sobrevivir, o de decidir en caliente, bajo presión, si rechazan esa experiencia sabiendo que su rechazo puede convertirse en la excusa perfecta para que el médico se niegue a operar.
¿Qué se pretende con esto? La pregunta que da título a esta columna no es retórica: tiene una respuesta bastante precisa y bastante fría. No se pretende disuadir a nadie de una decisión libre —la evidencia comparada, empezando por Hungría en 2022 y siguiendo por Castilla y León bajo la coalición Vox-PP, muestra que estas leyes no reducen las cifras de interrupción del embarazo; lo que hacen es aumentar el sufrimiento del trámite—. Se pretende, más bien, instalar una lógica de fricción: hacer que cada paso del proceso sea un poco más lento, un poco más doloroso, un poco más susceptible de terminar en la negativa de un profesional de la salud amparado en una cláusula de objeción encubierta. Es la estrategia del desgaste antes que la de la prohibición frontal, y no es casual: es la misma que han desplegado movimientos ultraconservadores en otras latitudes cuando comprenden que la derogación directa ya no es viable políticamente.
"Obstruyen el derecho de aborto a menores violadas y a madres con embarazos inviables y riesgo de vida".
Los impulsores del proyecto lo defienden con una frase que merece ser citada por lo que revela: sostienen que no puede haber nada menos ideológico que el latido de un bebé. Es exactamente al revés. No hay nada más ideológico que decidir, desde una banca parlamentaria, qué debe sentir y escuchar una mujer en el momento más íntimo y más terrible de su vida. La neutralidad que invocan es una ficción retórica; el latido no es un dato clínico neutro cuando se lo instrumentaliza como el último obstáculo antes de un derecho reconocido por ley. Es, para decirlo sin eufemismos, un chantaje afectivo con financiamiento parlamentario.
Crueldad
Antonia Orellana, ex ministra de la Mujer, lo llamó con precisión "crueldad legislativa". Corporación Miles advirtió que la derecha chilena ha ido incorporando, sistemáticamente, discursos y estrategias de movimientos ultraconservadores internacionales. Ambas lecturas son correctas y se complementan: lo que estamos presenciando no es una ocurrencia aislada de un diputado libertario, sino la importación deliberada de un manual que ya se probó en Budapest y en Valladolid. Kast puede seguir repitiendo que su gobierno no dará la batalla cultural; mientras tanto, su coalición legislativa se la está dando, causal por causal, en el terreno donde más duele: el cuerpo de las mujeres que menos margen de maniobra tienen.
Lo grotesco no es el latido. Lo grotesco es usarlo como arma. Y lo verdaderamente inquietante es que este proyecto probablemente no busca siquiera convertirse en ley —las mayorías parlamentarias no están, o no todavía—; busca instalar un relato, correr el cerco de lo decible, y preparar el terreno para una discusión más amplia sobre las tres causales cuando las condiciones políticas maduren. Es, en ese sentido, menos una ley que una consigna con forma de moción. Y las consignas, cuando triunfan, no necesitan aprobarse: basta con que la sociedad se acostumbre a ellas.