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En medio del recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la situación política de Medio Oriente se conmociona por la confluencia de tres acontecimientos relacionados entre sí y obviamente vinculados con la evolución del conflicto bélico: las elecciones parlamentarias en Israel, la convocatoria a elecciones en Palestina y la autodisolución del gobierno de Hamas en el territorio de Gaza.
En la contienda del 27 de octubre, Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha permanecido en su cargo desde el nacimiento del Estado de Israel, aunque en períodos discontinuos, juega su supervivencia política y también su destino personal. Su derrota aceleraría los procesos penales por acusaciones de corrupción que pueden llevarlo a la cárcel.
Las encuestas indican una notoria paridad entre el Likud, el partido de Netanyahu, expresión de la derecha nacionalista, y su principal oponente, el partido Yashar (en hebreo "recto" u "honesto"), una agrupación de centro liderada por el general Gadi Eizenkot, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. En tercer lugar, se ubica el Partido Juntos, también centrista, encabezado por los dos ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid.
Eisenkot, hijo de inmigrantes judíos marroquíes, un destacado jefe militar que en 2024 rompió con Netanyahu y renunció al "gabinete de guerra" por discrepancias con la estrategia de guerra en Gaza, cuestiona al primer ministro por entender que su política acentúa el aislamiento internacional de Israel. Uno de sus hijos y dos de sus sobrinos murieron en combate, circunstancias que incrementaron sensiblemente su popularidad.
Para conservar su competitividad electoral, Netanyahu debe mantener a flote la coalición gubernamental. Para ello, depende del respaldo de dos pequeñas formaciones de la derecha religiosa. A tal efecto, se vio obligado a impulsar la sanción de un polémico paquete legislativo, cuya aprobación impacta fuertemente en la vida cotidiana de la sociedad y motivó grandes movilizaciones de protesta.
El proyecto más resistido fue la exención del servicio militar para los ciudadanos consagrados a los estudios religiosos, una antigua exigencia de las formaciones ultraortodoxas. La ley aprobada establece que "el Estado de Israel reconocerá a las personas que se dediquen al estudio permanente de la Torá por prestar un servicio significativo en beneficio del Estado y del pueblo judío".
Esta decisión generó un indisimulado descontento en las filas militares. Eisenkot, que entre sus consignas de campaña incluyó el "Ejército para todos", salió frontalmente contra el proyecto: "mientras ellos están ocupados con la supervivencia de su coalición, nosotros luchamos por el país y los intereses de los ciudadanos de Israel".
En reciprocidad los partidos de la ortodoxia religiosa votaron a favor de dos iniciativas de Netanyahu: una reforma en la regulación del sector de la radiodifusión y una modificación en la estructura del Poder Judicial, ambas tenazmente objetadas por la oposición con el argumento de que tienden a concentrar del poder en la autoridad gubernamental.
Presentada por sus partidarios como una ley diseñada para promover la apertura del mercado a la competencia, la reforma aprobada es atacada por habilitar el control político sobre los medios de comunicación social, socavar su independencia y brindar beneficios económicos a los órganos periodísticos cercanos al gobierno.
El otro proyecto de Netanyahu apuntó a la disminución de las facultades de la Fiscalía General de Estado, un cargo ocupado por Gali Baharav-Miara, una personalidad crítica del gobierno, estableciendo que sus dictámenes ya no tendrán carácter vinculante, reforma denunciada como un intento de eliminar un contrapoder independiente.
En cualquier circunstancia, el escenario postelectoral es muy incierto. Si Netanyahu no llegara a obtener la mayoría parlamentaria para formar gobierno, Eisenkot precisaría el apoyo de los partidos de la minoría árabe, que se erigirían así en los inesperados árbitros de la situación. La política israelí puede quedar encerrada entre dos fuegos: la ultraderecha religiosa, indispensable para la continuidad de Netanyahu, y los partidos de la comunidad árabe, que congrega al 21% de la población, necesarios para el ascenso de Eisenkot.
Cambio en Palestina
Mientras esto ocurre en Israel, su frontera palestina experimenta una acelerada transformación. La primera noticia impactante fue la autodisolución del gobierno de Gaza, que administra de hecho el territorio desde 2007, anunciada por su portavoz, Ismail al Thawabta y que comunicó la renuncia de Muhammad Abdul al Farra, presidente del Comité de Emergencia creado por Hamas tras la respuesta militar israelí a la sangrienta incursión terrorista en el Estado judío de octubre 2023. La información consignó también que continuaría en funcionamiento la maquinaria administrativa, a través de los empleados públicos de los diferentes ministerios, a la espera de la llegada del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo dependiente de la Junta de Paz integrada por doce técnicos palestinos constituida en consonancia con el plan de veinte puntos elaborado por Estados Unidos. Simultáneamente, el Sindicato de Empleados Públicos de Gaza manifestó su predisposición a colaborar con las nuevas autoridades y pidió el respeto de los derechos de los 40.000 trabajadores del sector.
Mientras el Comité Nacional para la Administración de Gaza lleva meses denunciando que las autoridades israelíes le niegan su acceso al territorio, el gobierno de Tel Aviv responde que Hamas no está procediendo al desarme de sus milicias. El gobierno estadounidense sostuvo que la proclamada disolución encubría la intención de eludir el desarme, lo que tornaba imposible la ejecución de los acuerdos.
Para confirmar esa presunción, Hamas informó la designación de Khalil Al Hayya como nuevo líder máximo de la organización, en lugar de Yahya Sinwar, abatido en combate por las fuerzas israelíes en octubre de 2024, un anuncio
que fue interpretado como una ratificación de la decisión de no avanzar en el desmantelamiento de la estructura militar. El resultado es un vacío de poder que aumenta la incertidumbre de la población local. En sugestiva coincidencia con el anuncio de Hamas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, firmó un decreto para convocar a elecciones legislativas para el 28 de noviembre, una votación que pondría fin a casi dos décadas sin renovación parlamentaria en los territorios palestinos y en las que sólo hubo comicios municipales.
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en 2006 y arrojaron un resultado inesperado: Hamas obtuvo la mayoría y derrotó al movimiento Al Fatah, la organización nacionalista laica fundada por Yasir Arafat, fallecido en 2004 y sucedido por Abbas. Esa victoria determinó la suspensión de la ayuda internacional a las autoridades palestinas y desencadenó un enfrentamiento entre ambas facciones que derivó en la fractura entre Cisjordania y la franja de Gaza, que fue ocupada militarmente por Hamas.
Abbas, de 90 años, ganó las elecciones presidenciales de 2005 que le otorgaron un mandato de cuatro años que concluía en 2009. Ese mandato fue prorrogado en atención al estado de guerra y desde entonces gobernó mediante decretos ejecutivos. En 2021 también convocó a elecciones presidenciales y legislativas, pero posteriormente resolvió postergar el llamado "hasta que se obtenga la aprobación para celebrarlas en la ciudad de Jerusalén", un impedimento que aún continúa vigente.
En este laberinto donde las incógnitas superan a las certezas, existe una hipótesis que permite alimentar alguna esperanza: la convergencia entre el debilitamiento militar de Irán, un Hezbollah acorralado en El Líbano, un nuevo gobierno en Tel Aviv y una autoridad palestina legitimada electoralmente podrían posibilitar el avance en la negociación con Hamas para garantizar el ejercicio efectivo del poder por parte del Comité Nacional para la Administración de Gaza, el retiro de las tropas israelíes y el establecimiento de una "Fuerza de Paz" integrada por efectivos de los países árabes. Esa conjunción generaría el clima propicio para la puesta en marcha de un "Plan Marshall" financiado por las monarquías petroleras del Golfo Pérsico que cimente las bases para la gobernabilidad en una zona devastada por la guerra.