inicia sesión o regístrate.
La carta abierta publicada por Cristina Fernández de Kirchner intenta reinstalar una idea que desde hace años forma parte de su construcción política: la condena penal dictada en su contra constituiría un episodio de lawfare, es decir, la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política.
El argumento merece ser analizado con seriedad precisamente porque involucra uno de los bienes más valiosos de una república: la credibilidad de la Justicia. Cuando se afirma que un proceso judicial constituye una operación política, no sólo se cuestiona una sentencia. Se cuestiona la legitimidad del sistema institucional que la produjo.
El problema aparece cuando esa afirmación se transforma en una explicación automática de cualquier investigación o condena por corrupción que alcance a un dirigente político.
El lawfare existe como categoría de análisis. Ningún observador serio puede desconocer que, en determinados contextos nacionales, la justicia ha sido utilizada como herramienta de disputa política. La historia latinoamericana ofrece ejemplos suficientes para justificar esa preocupación. Pero precisamente por la gravedad de esa práctica, el concepto exige prudencia. No puede convertirse en un recurso retórico destinado a neutralizar toda responsabilidad penal.
La causa Vialidad no constituye un ejemplo paradigmático de lawfare. Constituye un proceso judicial que se extendió durante años, con producción de prueba, audiencias públicas, ejercicio pleno del derecho de defensa, intervención de jueces de distintas instancias y revisión por los mecanismos previstos por la Constitución. Puede discutirse la valoración de determinada prueba o el alcance jurídico de algunos fundamentos. Lo que no puede hacerse es reemplazar esa discusión por la afirmación de que todo el sistema judicial actuó coordinadamente para excluir a una dirigente política.
Esa hipótesis requiere un nivel de demostración muy superior al que ofrece una narrativa política.
Existe además una cuestión institucional de mayor profundidad.
En un Estado constitucional de Derecho, la legitimidad democrática no sustituye la responsabilidad jurídica. Haber sido elegido por millones de ciudadanos no otorga inmunidad frente al control judicial. Por el contrario, cuanto mayor es la responsabilidad pública ejercida, mayor debe ser el estándar de rendición de cuentas. Confundir representación popular con impunidad constituye uno de los riesgos más serios para cualquier democracia.
La corrupción tampoco puede quedar atrapada en una lógica binaria donde sólo existen dos alternativas: o absolución o persecución política. Entre ambas existe un espacio mucho más exigente, donde actúan los jueces, se producen pruebas, se garantizan derechos y finalmente se dictan sentencias. Ese espacio se llama Estado de Derecho.
Resulta llamativo que la carta dedique un esfuerzo considerable a desacreditar a los jueces y muy poco a controvertir, con la misma intensidad técnica, los fundamentos concretos de la condena. La discusión institucional nunca debería desplazarse desde los hechos acreditados hacia las intenciones atribuidas a quienes juzgan.
La democracia no se debilita porque un ex Presidente sea investigado, juzgado y eventualmente condenado. Se debilitaría si determinadas personas quedaran excluidas del alcance de la ley por la magnitud de su poder político.
Ese es, precisamente, el principio republicano que distingue a las democracias consolidadas de los sistemas personalistas. La Argentina necesita una Justicia más rápida, más transparente y más confiable. Necesita mejores mecanismos de selección, evaluación y control de magistrados. Necesita reducir los tiempos procesales y recuperar credibilidad social. Todo ello constituye una agenda institucional imprescindible. Pero ninguna de esas reformas exige aceptar que toda condena por corrupción deba interpretarse como una conspiración política.
Las democracias maduras no fortalecen sus instituciones descalificando sistemáticamente a los jueces cuando las sentencias resultan adversas. Las fortalecen cuando el poder político acepta que también puede ser controlado, investigado y condenado conforme a las reglas del debido proceso.
Porque el verdadero costo democrático no reside en que la Justicia alcance al poder. El verdadero costo aparece cuando el poder pretende colocarse por encima de la Justicia.