inicia sesión o regístrate.
El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso fue ultimada en uno de los dormitorios de su casa, ubicada en un club de campo de Río Cuarto. Si bien hubo varias personas investigadas por el crimen, entre ellos un albañil, el esposo de la víctima y el hijo de ambos, recién en 2024, un nuevo fiscal designado para la investigación pudo demostrar, al menos como probable, que en realidad el autor del ataque sexual y el posterior homicidio de la víctima fue una persona que venía trabajando en la obra de refacción de la casa familiar, como parquetista: Roberto Marcos Bárzola.
Cuando eso se hizo público, los analistas que siguieron el caso alertaron sobre la posible prescripción de la acción penal. La presentación del sospechoso en los tribunales, acompañado por su abogado particular, confirmó esa alerta y desde entonces, en los tribunales cordobeses sigue discutiéndose el tema.
A la vez, lo que pasó con Bárzola, tantos años después, hizo que las miradas de los ámbitos políticos y judiciales se posaran en tres de los fiscales que investigaron el caso, desde que empezó, hasta el año 2019: Javier Di Santo, hasta 2015; Daniel Miralles, entre 2016 y 2017; y Luis Pizarro, desde 2017 hasta 2019.
Los tres fueron acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba. Desde 2006, ese Jurado está integrado por un vocal del Superior Tribunal de Justicia y cuatro legisladores, dos por la mayoría y dos por la minoría. Este caso, el de los fiscales, fue presidido por la legisladora Julieta Rinaldi; los vocales fueron la jueza de Supremo Tribunal de Justicia, Aída Tarditti, y los también legisladores Facundo Torres Ávila, Miguel Nicolás y Walter Gispert.
Los motivos del pedido de enjuiciamiento fueron negligencia grave y mal desempeño. Ello por haber omitido, desatendido y relegado sistemáticamente una línea investigativa razonable, que apuntaba a la posible participación en el hecho de Roberto Marcos Bárzola, desde los inicios de la investigación. En efecto, esa línea fue habilitada por el acusado ahora al día siguiente del crimen. Ya entonces, Bárzola había admitido que estuvo en la casa de la víctima el mismo día de su muerte. Incluso, que abrió el pasador de la puerta de rejas e ingresó hasta la puerta principal de la vivienda; que llamó y esperó diez minutos y como nadie lo atendió, se retiró. Además, mencionó que él fue a la casa de la familia Macarrón porque así habían quedado con su empleador para que él -Bárzola- pudiera terminar su trabajo de pulido del parquet.
Esta línea de la investigación, que los fiscales nunca siguieron, tenía un respaldo sólido en la declaración del empleador de Bárzola, señor González, porque, a diferencia de aquél, dijo que la noche anterior le había encomendado que fuera a la casa de otro cliente, de apellido Stankevicius, para terminar un trabajo de pulido. Ante el reclamo de ese cliente, González dijo que cuando le preguntó a Bárzola, este le comentó que fue a la casa de ese cliente y como no encontró a nadie, fue a la de la familia Macarrón.
Stankevicius fue citado por la autoridad y allí desmintió a Bárzola, porque si bien se lo esperaba en su casa, nunca llegó. La autoridad fue entonces ante el guardia de seguridad del barrio donde estaba la casa del cliente y éste dijo que ese sábado no había ido ningún trabajador. Ya que estaban ahí, se consultaron dos libros de otras dos guardias del barrio, en los que tampoco constaba el ingreso de nadie ajeno al lugar.
Por si todo esto no fuera suficiente, el empleador González dijo que la máquina de pulir, con la que debía trabajar Bárzola, había quedado en la casa del otro cliente. Pues sí: no fue suficiente, porque los tres fiscales -Di Santo, Miralles y Pizarro-, optaron por otra línea de investigación, esto es, al entorno íntimo y familiar de la víctima -primero el hijo, después el esposo-. En todos los años que intervinieron en la investigación del crimen, lo único que consiguieron fue una parte del informe criminalístico del CEPROCOR -nuestro CIF-, según el cual se encontraron rastros genéticos en la sábana de abajo de la cama donde fue encontrado el cadáver de la víctima. Uno de ellos era igual al haplotipo de la línea del esposo.
Esta parte de nuestra historia de hoy estaría incompleta si no se dijera que, desde antes del crimen, en la casa de los Macarrón se estaban haciendo refacciones, especialmente en el quincho, por lo que había varias personas haciendo distintos trabajos. Fue así que el fiscal Di Santo, al sospechar de uno de ellos, el albañil Gastón Zárate, pidió y obtuvo su detención. El efecto en la opinión pública riocuartense fue negativo, porque hubo marchas de protesta pidiendo la libertad del detenido. Como nada ni nadie escapa del ingenio cordobés, cuando se conoció su detención, Zárate pasó a ser "El Perejilazo" (sic). Fue liberado, es cierto, pero recién fue sobreseído en el año 2011.
El mismo fiscal fue quien imputó a Facundo Macarrón, a quien nada pudo demostrarle respecto del crimen de su madre. Fue sobreseído en noviembre del año 2012. Di Santo, que había pedido por los canales que corresponden la intervención del F.B.I. de los Estados Unidos, recibió un informe de esa agencia en el cual se le sugería investigar a todos quienes trabajaron en la casa de los Macarrón antes del crimen. Eso no fue suficiente para este fiscal, que pareciera haber perdido el entusiasmo sin el cual no se puede investigar nada, lo que fue confirmado en la sentencia del Jurado, que destaca que no dispuso ninguna medida entre el 5/10/2012 y el 28/2/2015.
El segundo fiscal, Miralles, siguió adelante con la línea del crimen pasional y del entorno cercano de la víctima. Imputó al marido, pero no pudo desbaratar la coartada que tenía el médico: en el momento del crimen, él estaba participando de un torneo de golf en Punta del Este, Uruguay. No pudo porque debió especular, de manera informal con el vecino país y nada más, con un supuesto vuelo en avión privado, no registrado, en el que se habría trasladado desde el Este hasta Río Cuarto y que, tras cometer el crimen, lo llevó de regreso. Ningún registro aeronáutico demostró que ese vuelo existió. La investigación al empresario Miguel Rohrer, a quien se atribuía un romance con la víctima, también fracasó.
El tercer fiscal, optó por una variante más del entorno familiar. Introdujo la variante de que el doctor Macarrón pudo haber contratado un "killer", que dio muerte a Nora Dalmasso. Obviamente, fracasó y la línea fue desestimada. Nada hizo sobre Bárzola y no explicó por qué.
El Jurado sostiene que los tres acusados tienen en común la desidia en no haber tomado la medida más razonable para esclarecer el caso, que era seguir a Bárzola. En cambio, los tres eligieron una conjetura -crimen pasional, entorno familiar- y se mantuvieron en ella. No les importó comprometer sin sentido recursos humanos y materiales del Poder Judicial al que hicieron gastar fondos innecesariamente.
El Jurado descartó que alguno de los fiscales hubiera tenido algún obstáculo investigativo insuperable. Lo que sí hubo fue un déficit funcional grave en la tarea de todos ellos. Por ejemplo: ni siquiera dispusieron tomar muestras genéticas a todas las personas que trabajaban en la obra de refacción de la casa de los Macarrón.
Todo lo que había pasado cambió recién en el año 2022, cuando un nuevo fiscal, Pablo Fávega, se hizo cargo de la investigación. En poco tiempo, revisó todo lo que había. Después, decidió ir por la línea más clara: la pista Bárzola. A esos fines, conformó un grupo de ochenta (80) personas, que tenían en común su trabajo en la casa de la familia Macarrón y con la víctima. Entre ellas estaba el parquetista. Obtuvo material genético para confrontar con el detectado en aquella sábana. Fue entonces cuando el perfil desconocido detectado, resultó ser el de ese hombre, pues tenía compatibilidad con la mezcla denominada "haplotipo Y consensos", descubierta en la bata de la víctima. Más precisamente, la pericia estableció que el haplotipo mencionado y tipificado por el propio F.B.I. a partir de la muestra 9.11.1 -un vello secuestrado de la zona vaginal de la víctima- era compatible con el haplotipo mitocondrial de Bárzola. Esa fue la base de la acusación que Fávega dirigió en contra del pulidor de parquet.
El Jurado también destaca que Bárzola, que conocía la casa y los movimientos de la familia, sabía que el día en que decide ir por Nora Dalmasso, estaría sola. Bárzola, al día siguiente de iniciada la causa, mintió a la autoridad, mintió a su empleador y no fue a donde debía ir. Claro, tenía otros planes para ese día.
Obviamente, los tres fiscales se defendieron. El Jurado calificó a esta parte de la defensa como "inexplicable".
La última vez que la imagen de la justicia argentina estuvo entre lo mejor de todas las instituciones argentinas fue en el segundo semestre de 1989. Sí. Cuando tambaleaba el gobierno de Alfonsín. Pero también, fue el tiempo de la mejor de todas las Cortes Supremas: la de Genaro Carrió (luego reemplazado por Jorge Bacque), Enrique Santiago Petracchi, Carlos Fayt , Augusto Belluscio y José Severo Caballero. Esos hombres sí entendieron lo que era su rol fundacional en una democracia todavía amenazada incluso en los cuarteles. Hablaban -y cómo, y cuánto- por sus sentencias.
Hoy la única institución que tiene imagen más negativa que la justicia son los sindicatos. Entre otras cosas, porque cada vez que se destituye a un juez o fiscal, el efecto es brutalmente negativo. Pareciera ser que cada uno de los que obraron mal en los tribunales, que no honraron su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia, vale por cien de los buenos.