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La democracia atraviesa una crisis de eficacia. Esa es una de las claves para entender un mundo en zozobra y las crecientes dificultades de la dirigencia política para descifrar las tendencias electorales y gobernar. En un tiempo encogido por los avances tecnológicos, las sociedades requieren respuestas perentorias a problemas cada vez más complejos.
Ante el hartazgo, la inclinación es la salida fácil: una vuelta al atavismo. Se reemplaza el concepto de cambio como eje de política de gobierno, por el artificio de resolverlo todo rompiéndolo todo, con algarabía refundacional. El tiempo empieza a demostrar los límites y las contradicciones de ese discurso, y el riesgo de una decepción acrecentada. Se entiende mejor con un ejemplo: la propuesta de reforma de la carta orgánica del Banco Central.
En menos de dos años pasamos de eliminarlo a impulsar una modesta enmienda de su misión, como un presupuesto para reforzar el compromiso por limitar la emisión monetaria. Desde la aparición de los bancos centrales en el siglo XVII, su propósito ha sido preservar el valor de la moneda; el resto de sus funciones derivan de este concepto. En Argentina, esa tradición tan fértil fue alterada en 2012, cuando se transformó en un catálogo de objetivos tan extenso como confuso, tan ambicioso como estéril.
Ahora se impulsa una vuelta atrás. Un camino intermedio entre el impulso refundacional y la retórica de los derechos declamados. Cambiemos... La pregunta decisiva es la sustancialidad de la propuesta, si es suficiente, o no, para torcer una historia de desconfianza en la moneda nacional. Si su historia de degradación se puede alterar con leyes o si hace falta algo más. Recuerdos como la ley de convertibilidad y de intangibilidad de los depósitos invitan a desconfiar de las respuestas simples.
Gobernar no es un acto aislado. Es una sucesión de decisiones que se interpretan en consuno. Y se debe partir de una premisa que la experiencia de las democracias consolidadas confirma una y otra vez: pocas leyes y muchas instituciones es propio de un gobierno democrático; los autoritarios suelen compensar debilidad institucional con incesante producción normativa. Todo lo contrario de sociedades impacientes. Aquí está el desafío que tenemos como sociedad: darnos cuenta de que la eficacia no depende de la velocidad con que actúa el Estado sino en su calidad institucional.
Para ser más claros, si junto a esta propuesta se designan centenares de jueces a los empellones, abusando de procedimientos para alterar órdenes de mérito, privilegiando afinidades por sobre excelencia, estamos repitiendo la fórmula del fracaso con métodos conocidos, y sobre todo diciendo (y diciéndonos) que no queremos cambiar. Que se pueden dictar cientos de leyes y derogar otras tantas, simplificar trámites y conceder privilegios, pero que no entendimos el corazón del problema: la confianza de otros en el país, y de los argentinos en su país. Podemos declarar con leyes que no vamos a emitir más de la cuenta, pero si quienes las juzgan no son independientes o los mejores, pues nos estamos engañando al solitario.
El superávit comercial es récord; la dolarización de portafolios también. Vaya contradicción, que desnuda el problema: la moneda es una institución que se funda en la confianza. Y la confianza no depende de una ley sino de otra institución, que es la justicia. No hay moneda sin justicia, y no hay futuro sin instituciones.