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El pasado 15 de julio, cuatro piqueteros se reunieron con el intendente de Tartagal Franco Hernández Berni y le advirtieron: o les daba obras púbicas o tomaban la casa municipal y cortaban indefinidamente la ruta nacional 34. En una región, que por más de dos décadas sufrió la violencia piquetera, que padeció la destrucción del radio céntrico de dos localidades como Tartagal y Mosconi, la reacción del intendente norteño fue atinada: primero los expuso públicamente y después los denunció ante la justicia.
Y es que, en el norte de la provincia, lo que pareciera de sentido común -denunciar la violencia- no lo es tanto al menos en algunos sectores que siguen fogoneando este tipo de prácticas e, increíblemente, victimizando a los violentos, no porque ellos les interesen; lo hacen porque es una forma mezquina de llevar agua para su propio molino bajo el pensamiento de "cuanto peor, mejor". ¿Peor para la institucionalidad, peor para la paz social, peor para el derecho de miles de norteños a transitar libremente por la ruta nacional 34? Mejor, para quienes creen que generar malestar social beneficia a sus propios intereses.
Son los mismos o al menos guardan el mismo pensamiento que aquellos que sabían que los cortes de ruta que asediaron por 25 años al norte provincial nunca buscaron el bien común, ni la calidad de vida de las familias del departamento San Martín. Tampoco, que alguna vez los centralismos (porteño o salteño) respeten a una región que por 100 años les ha provisto gas, petróleo, madera, agricultura y ganadería, recibiendo a cambio migajas en concepto de regalías hidrocarburíferas.
Pero, a la vez, fueron funcionales a gestiones que contrajeron multimillonarios créditos de la banca internacional para obras que nunca se concretaron, se concretaron a medias o directamente estaban pensadas para otras regiones. La escasez de infraestructura en San Martín habla por sí sola.
Si Hernández Berni no hubiera filmado el apriete, hoy como hace largos 25 años, los violentos aparecerían como víctimas, perseguidos políticos y unos pobres "luchadores sociales", como eufemísticamente gran parte de la dirigencia política opositora y muchos periodistas denominaban a los piqueteros.
A los norteños, con el ojo más que adiestrado en cómo se piensan y se gestan los conflictos sociales hasta llegar al estallido, no les pareció para nada casual que un legislador provincial del sur de la provincia que se auto percibe paladín de la justicia pero que carga con la friolera de 32 denuncias por apremios ilegales, torturas, violencia de género y otras perlas de la época en que era policía, apareciera de la nada misma, sin razón aparente denunciando en diversos medios de comunicación -nunca en la justicia- que intendentes del norte tienen vínculos con el narcotráfico. Y que desde cuentas falsas por redes sociales se exhibiera la imagen del intendente tartagalense, después que sus pares del departamento San Martín salieran en su apoyo.
Hoy queda cerrar el círculo sencillo, pero a la vez tan virtuoso, que establece cualquier estado de derecho: que el Poder Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta y el de la Nación apliquen el Código Penal a los cuatro violentos, citen a quienes revolean por cualquier lado y tan livianamente acusaciones gravísimas y eviten la comisión de un delito como es el corte de una ruta nacional que los piqueteros anticipan por varios días. Algo tan sencillo como eso.
Menos sencillo será hacerle entender a la dirigencia política que para las elecciones del 2027 falta todavía un año y medio y que para ganar elecciones tendrían que ser creativos, predicar con el ejemplo o lo que su inteligencia les permita, pero que utilizar a unos pocos para el perjuicio de miles de norteños, atrasa, pero lo más dramático, daña a toda una región que no puede soportar ni una sola inequidad, ni una sola injusticia más.