Una hiperinflación semántica

Durante años, Javier Milei sostuvo que emitir dinero constituye una de las formas más inmorales de empobrecer a una sociedad. Confieso que coincido con él. Y que podrá discutirse la intensidad de esa afirmación, pero no la coherencia con su concepción económica. Sin embargo, recientemente, fue un paso más allá al proponer que la emisión monetaria sea considerada un delito de lesa humanidad.

Y acá vale la pena detenerse a pensar. No para discutir si emitir dinero genera inflación, ni siquiera si puede provocar o no enormes daños económicos. La cuestión es otra. ¿Qué ocurre cuando una de las categorías jurídicas más extremas del derecho internacional pasa a utilizarse para describir una política monetaria? Creo que ocurre exactamente lo mismo que Milei denuncia cuando habla de la moneda. Se produce una inflación. No monetaria. Sino una inflación semántica. Pero el uso inflacionario de la palabra denota su vaciamiento y crisis.

Toda moneda pierde valor cuando se emite sin respaldo. Su capacidad para representar riqueza comienza a deteriorarse hasta que deja de cumplir la función para la que fue creada. Algo parecido sucede con las palabras. Cuando se las utiliza para designar cualquier fenómeno, cuando las categorías más excepcionales se convierten en calificativos de uso corriente, también comienzan a perder valor. No desaparecen. Siguen circulando. Pero dejan de describir la realidad.

Un delito de lesa humanidad no es tan solo un delito especialmente grave. Es una categoría jurídica muy precisa, construida después de Auschwitz, de Núremberg y de los grandes crímenes sistemáticos cometidos contra poblaciones civiles. Allí conviven el Holocausto, el genocidio armenio, el Holodomor, Camboya bajo los Jemeres Rojos, Ruanda, Srebrenica, los vuelos de la muerte y los centros clandestinos de detención de la última dictadura argentina. Todos ellos pertenecen a una misma familia jurídica y moral porque describen ataques sistemáticos contra seres humanos por el solo hecho de pertenecer a un determinado grupo ideológico, sexual, racial o religioso.

Emitir dinero puede ser irresponsable. Puede ser inflacionario. Puede ser confiscatorio. Puede ser una salida populista fácil para evitar reformas difíciles. Puede empobrecer a millones de personas. Puede ser todo eso. Pero ninguna de esas características lo convierte en un crimen de lesa humanidad. Porque cuando una categoría de esa magnitud se utiliza para describir una política económica no se engrandece el problema monetario. Se empequeñecen los crímenes de lesa humanidad verdaderos.

Resulta curioso que el propio presidente haya cuestionado en numerosas oportunidades que se lo compare con Hitler porque, según él afirma, ello banaliza el Holocausto. Hay una parte atendible en su planteo; las categorías históricas extremas no pueden ser usadas con ligereza. Pero esa misma prudencia debería ser aplicada a todas las palabras, no solamente a aquellas que lo tienen como destinatario. Si banalizar el fascismo implica banalizar Auschwitz, también banalizar los delitos de lesa humanidad implica banalizar Auschwitz. El problema no es ideológico: comienza siendo un problema lingüístico y termina siendo uno moral. También hay un fruto venenoso del árbol prohibido en la hiperinflación semántica.

El escritor George Orwell comprendió que el lenguaje podía ser manipulado para alterar nuestra relación con la realidad. En 1984, la neolengua reducía el vocabulario para volver impensables ciertas ideas. Hoy asistimos a un fenómeno distinto, pero emparentado. No se reducen las palabras. Se las hipertrofia. Se las obliga a cargar significados cada vez más desmesurados hasta que terminan perdiendo su capacidad para distinguir unas cosas de otras. Todo es genocidio. Todo es fascismo; comunismo; terrorismo; estafa; robo; traición; asociación ilícita. Todo es un crimen de lesa humanidad. Y cuando todo pasa a ser un algo absoluto, nada conserva su verdadera dimensión.

Las sociedades necesitan palabras que mantengan proporciones. No todas las injusticias son iguales. No todos los errores políticos pertenecen a la misma categoría moral. Porque, además, las hipérboles permanentes tienen una consecuencia grave poco advertida. Obligan a buscar expresiones cada vez más extremas para producir el mismo impacto. Igual que una moneda hiperinflacionada obliga a emitir cada vez más billetes para comprar un mismo bien, una lengua hiperinflacionada obliga a emitir conceptos cada vez más dramáticos para describir fenómenos cada vez más ordinarios. Toda emisión sin respaldo termina degradando aquello que pretende representar. Sea una moneda, un concepto o una calificación.

Así la verdadera paradoja es ésta: un presidente que ha construido buena parte de su pensamiento económico alrededor de la necesidad de preservar el valor de la moneda parece no advertir que las palabras también poseen un valor que debe ser preservado. Y que no se pueden deteriorar a la ligera.

Deberíamos ser capaces de aprender –de una vez– que una sociedad que permite que su dirigencia política degrade sistemáticamente el significado de los conceptos terminará perdiendo una de sus herramientas más importantes y básicas para comprender y habitar la realidad.

Las hiperinflaciones monetarias destruyen monedas. Las hiperinflaciones semánticas destruyen palabras. Ninguna sociedad puede prosperar cuando deja de confiar en su moneda. Tampoco cuando deja de confiar en la justeza de su lenguaje.