inicia sesión o regístrate.
La Argentina, en un contexto de grandes cambios estructurales en la geografía mundial, afronta la reconversión de su economía. Lo hace bajo el impulso de la ortodoxia anarcocapitalista, en feroz combate con los defensores y beneficiarios del viejo orden que, para colmo, no atinan a presentar alternativas consistentes con la realidad local y global.
Aquella ortodoxia pretende que la reorganización de la economía argentina y de sus unidades menores (regiones, sectores, empresas) se haga sin ambulancias que asistan a los heridos y auxilien a los excluidos y sin bomberos que reconstruyan la paz social allí donde la crisis habrá de alterarla inexorablemente.
Las principales corrientes políticas, económicas y jurídicas no comparten la fe ciega del presidente Javier Milei en la idoneidad del mercado para alumbrar el nuevo orden económico del modo más eficiente en términos productivos y de integración social y territorial.
A estas alturas contamos con evidencias de que Milei adoptó una doble decisión (que, ciertamente, contradice su propia dogmática):
La primera decisión manda apoyar -con toda la fuerza disponible del Estado- a los que están en mejores condiciones para ganar terreno en los nuevos escenarios. El RIGI, la desregulación, las modificaciones tributarias, y la reforma laboral apuntan en esta dirección. Los hidrocarburos patagónicos, la minería cordillerana (Ruta 40), los exportadores, ciertos soportes físicos de la Inteligencia Artificial (IA), la economía del conocimiento y determinados sectores de nuestra industria forman en el bando de los ganadores. La segunda decisión proclama la necesidad de dejar en la estacada a los perdedores que surjan del proceso de destrucción creativa colocándolos en el mismo contenedor donde malviven los excluidos generados por el mal funcionamiento de nuestra economía en décadas pasadas y contemporáneamente pese a las recientes reformas de mercado. Esta abstención que inunda los discursos del presidente contra la Justicia Social deviene, en cualquier caso, compatible con el mantenimiento y perfeccionamiento de la red de asistencia social que con acierto dirige la ministra de Recursos Humanos Sandra Petovello.
Para conjugar un balance exitoso esta doble decisión tiene no menos de tres grandes desafíos: en primer lugar, conservar el apoyo de una mayoría ciudadana antes y después de las elecciones de 2027.
El segundo punto es acotar o retrasar el cansancio cívico que acompaña la reorganización y que, como recordamos, fue una de las causas de la costosa caída de la convertibilidad en los años de 1990.
El tercer desafío consiste en ampliar o mantener la confianza de los grandes y pequeños actores económicos y sociales (ahorristas, inversores, consumidores, trabajadores) en el sentido de que "esta vez" las reformas estructurales y la nueva organización "vencerán al tiempo" y terminarán arrumbando las acechanzas nostálgicas.
Pero quizá el cometido más grande que pesa sobre el Estado argentino es aquel que se refiere a las infraestructuras requeridas por la Nueva Economía; vale decir a los caminos, ductos, tendidos eléctricos, puentes, puertos y aeropuertos, nuevas ciudades y - aprendiendo de la experiencia de Añelo (*) - medidas de apoyo a las próximas migraciones interiores; y, desde luego, la reconversión educativa que, con las urgencias del caso, ponga a nuestros trabajadores (incluidos emprendedores y pequeños y medianos empresarios) a tono con los requerimientos contemporáneos permitiéndoles retornar o insertarse en el trabajo decente (OIT).
Un breve paréntesis para poner de relieve que cuando el gobierno de Donald Trump incrementa aranceles a la importación de productos argentinos, lo hace con el argumento de que en nuestro país hay millones de trabajadores forzosos o no registrados. Lo que muestra que la regularización laboral, antes o después de una exigencia moral o socializante, es también un requerimiento de la lógica de mercado.
Puestos a inventariar las ambulancias con las que cuenta la Argentina el resultado muestra precariedad y fracasos. En el orden institucional hay falencias en materia de reestructuración productiva, despidos colectivos por causas económicas o tecnológicas (artículo 247 LCT), procedimientos preventivos de crisis, programas de emergencia ocupacional, seguro por desempleo; un conjunto de medidas, alumbradas por la Ley Nacional de Empleo (1991) siguiendo la inspiración de mis colegas Rodolfo Diaz y Enrique Rodríguez, cuyas buenas intenciones no fueron suficientes para asistir a los heridos causados por las reformas de la convertibilidad.
En el terreno de los bomberos (instituciones y expertos especializados en reconstruir la paz social) si bien la Argentina cuenta con redes y herramientas de probada eficacia (desde las familias, mutualidades, solidaridad barrial, obras sociales y sindicatos) el gobierno Milei se halla atrapado en su estrategia de esmerilar a todas estas estructuras a las que cargan -en muchos casos sin razón- con el mote de "corporativas". Una estrategia que parece desdeñar los estallidos de 1958 (frigoríficos y bancos), 1963 (planes de lucha), 1969 (Cordobazo), 1975 (rodrigazo), sin olvidar olas más recientes de conflictividad que provocaron daños en términos de convivencia y producción.
Si bien la reciente Ley de Modernización Laboral registra algunos avances en materia de descentralización, federalización, democratización y libertad sindical, el frontal ataque al derecho de huelga, la pasividad del Estado ante la crisis de las Obras Sociales, y las triquiñuelas para limitar los recursos con los que cuentan los sindicatos y que se nutren del bolsillo de los trabajadores no hacen sino privar de capacidad representativa a los trabajadores organizados (**).
Asignar al Estado la misión de derrumbar los sindicatos argentinos sin distinción de familias ("combativos" y "vandoristas", entre otras que perduran a lo largo de nuestra historia), corrientes o trayectorias es otro grave error que, a mi juicio, está cometiendo el gobierno Milei que, también en este terreno, luce alejado de la realidad, la prudencia y la solvencia técnica.
(*) El crecimiento de Vaca Muerta aceleró la llegada de nuevos habitantes a la localidad de Añelo, pero la infraestructura urbana no acompaña ese proceso.
(**) Este curso de acción en contra de los sindicatos realmente existentes activa la capacidad de resistencia de las viejas cúpulas .