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En agosto, la secuencia de mujeres jóvenes víctimas de muertes violentas viene siendo estremecedora. Veamos. El primero de mes, Juana Mailén Antonich, de 25 años de edad, madre de dos hijos menores, salió de su casa en un barrio de Mar del Plata para una entrevista de trabajo. No regresó y su familia intentó hacer una denuncia en la seccional de policía del barrio. Al no encontrar la receptividad y el interés de los efectivos, la misma familia emprendió la búsqueda. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el interior de lo que es un parador de un balneario en zona sur, ahora inactivo. La policía llegó a los dos sospechosos de nuevo por el aporte de un familiar; los detuvo y fueron acusados del crimen y de delitos sexuales. Son dos hombres jóvenes, de 26 y 27 años de edad, que eran los serenos del predio.
Días después, la fiscalía a cargo de la investigación trabaja sobre una nueva pista. Se trata de la exsuegra de la víctima, la madre de un exesposo, a quien Antonich habría denunciado por falta de pago de cuota alimentaria por una de sus hijas. Eso habría motivado a que la exsuegra la amenazara de muerte varias veces y que se habría contactado con terceros para pagarles para que la mataran.
En esos mismos días, esta vez en Pilar, PBA, Milagros Naomí Cabrera, de 30 años de edad, salió de su casa con destino a su lugar de trabajo. No llegó y fue buscada por todas partes, durante unas treinta horas. El cuerpo sin vida fue encontrado en un descampado. Hay un sospechoso detenido, ex empleado del Servicio Penitenciario de la PBA.
Hubo otro caso de femicidio, esta vez en el Barrio Luis Agote, en Rosario, Santa Fe. Sucedió el 4 de agosto pasado. Débora Giuliana Bordón fue asesinada de una puñalada en el cuello; hay un detenido: Axel Alejandro M.
Lo que sigue es mucho más que un número: 147. Incluyendo el del párrafo anterior, esa es la cantidad de femicidios cometidos en la Argentina, desde el primero de enero al cuatro de agosto.
¿Cómo se pudo llegar a todo esto? ¿Alguna vez se intentó cambiar esta triste y trágica historia contra las mujeres argentinas? Para quien esto escribe la respuesta es afirmativa, de acuerdo con la reseña de casos y acciones emprendidas en el país con el último objetivo.
El 3 de junio del año 2015, en la ciudad de Rufino, Santa Fe, fue encontrado sin vida el cuerpo de Chiara Díaz, de 14 años y embarazada. Fue asesinada por su novio y luego enterrada en el patio de la casa de los padres de éste.
Antes de Chiara, hubo otras jóvenes mujeres, víctimas de la violencia irracional masculina: Ángeles Rawson, Melina Romero, Daiana García. Un día de ese año, fue una periodista, Marcela Ojeda, quien publicó en su cuenta de la entonces Twitter, hoy "X", unas palabras alusivas y esta pregunta: ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO (sic). Ese posteo fue la principal inspiración para que se organizara la primera marcha pública.
Se acordó en unificar posiciones detrás de una sola consigna, que es la que da título a esta nota. Se inspiró en otra mujer, en otra lucha, muy peligrosa, que Susana Chávez dio hasta su propia muerte para frenar los crímenes contra las mujeres, en la temible Ciudad Juárez, en México. Chávez dijo: "Ni una mujer menos ni una muerte más".
La primera marcha argentina no se agotó en la consigna, pues llegó al lugar no precisamente vacía de propuestas. Al contrario, éstas fueron ambiciosas, porque entre otros temas, se lucharía por:
1) la aplicación efectiva y el presupuesto de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
2) la creación de un registro oficial de femicidios; 3) las efectivas garantías procesales y patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género;
4) la educación y capacitación de la educación sexual infantil en las escuelas;
5) la capacitación obligatoria en perspectiva de género a los agentes de los tres poderes del Estado Nacional.
Avances y retrocesos
Tres años después, las acciones del colectivo que impulsaba las marchas y las propuestas empezaron a dar sus frutos. Por ejemplo, se sancionó la Ley 27.499, llamada Ley Micaela, que admitió la propuesta número 5) del párrafo anterior; después, la Ley 27.452, llamada Ley Brisa, estableció una reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos o hijas de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima; se sancionó la Ley de Paridad de Géneros en la representación política; se sancionó la Ley 27.610, que - dentro de una campaña más amplia, a favor del aborto legal, seguro y gratuito - permitió la interrupción voluntaria del embarazo; se sancionó la Ley de Cupo laboral travesti- trans, mediante la cual el Estado Nacional quedaba obligado a designar un 1% como mínimo, anualmente, a personas de esa identidad. A partir de las primeras propuestas, se concretó la creación del Registro Nacional de Femicidios; surgió un Ministerio específico, el de las Mujeres, Género y Diversidad; y se creó el Programa Acompañar, destinado a la asistencia de las víctimas de violencia de género. En su mayor parte, las medidas adoptadas desde el año 2.018 en adelante, fueron revisadas por la gestión del nuevo presidente, Javier Milei. Entre otros cambios, primero fue cerrado el Ministerio de las Mujeres y poco después, la Subsecretaría que sobreviviera. El cupo trans cayó en medio de las medidas de ajuste del personal estatal.
El alcance original de la Ley Micaela fue reducido a los agentes estatales vinculados con la temática. La Ley Brisa tiene problemas de demoras para cumplir sus objetivos -se habrá dicho que no hay plata-. La interrupción del embarazo atraviesa dificultades por la falta de insumos médicos en los hospitales públicos -lo mismo-.
El infierno sigue ardiendo
Lo que sigue son datos, no relatos. Desde fines del año 2.015, es decir, desde que la temática se hizo pública hasta la fecha, la tasa de femicidios del país se ha mantenido sin cambios. Se cometen cada 28 a 30 horas.
En su gran mayoría, los autores de femicidios son parte del entorno de la víctima. Existe un vínculo previo en 9 de cada 10 casos: parejas, ex parejas; relaciones afectivas; familiares; conocidos, tales como compañeros de trabajo o empleadores. Los autores fuera del circuito anterior, desconocidos de la víctima, fueron pocos: entre un cuatro y un seis por ciento.
Aunque resulte difícil de aceptar, el hogar es el lugar más peligroso para las víctimas de femicidios. Allí se cometieron entre un 70 y un 75% del total de casos. Víctima y victimario convivían en el mismo hogar entre un 30 y un 35%. Los otros hechos sucedieron en viviendas propias de las víctimas.
Es cierto que a veces, la placa roja de ciertos noticieros emite un "Urgente" para informar de un homicidio cometido por una mujer contra un varón. Por ejemplo, el reciente caso de Matías Álvarez, sucedido en Resistencia, Chaco, presuntamente atacado con un arma blanca en el pecho por una mujer con quien mantenía una relación considerada como tóxica. Claro que no es menos cierto que los autores de homicidios son varones entre un 85 y un 90%, con prescindencia del sexo de la víctima o su autopercepción.
La violencia
Como estamos cada vez más cerca del próximo calendario electoral, habrá algunas medidas que dependen de si la actual administración consigue la reelección del actual presidente; o si eso no sucede y otra forma de ver el país se hace cargo de sus destinos. Mientras tanto, un buen punto de partida será hacer todo lo necesario para reducir la violencia con la que convivimos a diario en estas tierras. Hablamos de la violencia en todas sus formas, para incluir la verbal y la física, porque como es sabido la primera antecede y en buena forma anticipa la otra, que se hace difícil de prevenir y de evitar.
Si la gran mayoría de los casos de femicidios tiene como marco dos personas que se conocen, que son parejas o ex parejas, etc., el Estado, dentro de la ley y de las herramientas que dispone, debiera estar más atento acerca de lo que pasa dentro de las casas, mirando desde afuera, lo que queda a la vista de todos y de las cámaras de seguridad, en los lugares de trabajo, oyendo a las empleadas de la casa, a los parientes, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Habrá que intentar algo superador a la llamada exclusión del hogar, o lo que se conoce como "perimetrales", que han demostrado por lo menos su insuficiencia o su inoportunidad; en todo caso, así como se ayuda a las víctimas, alguien debiera ocuparse del acusado del primer caso de violencia, ese que enciende la mecha, generalmente desatendido, olvidado y estigmatizado, que a veces pierde su trabajo. Alguien debiera colaborar para que obtenga un lugar donde vivir; alguien debiera contenerlo psicológicamente, ocuparse de que tenga una defensa eficaz, para que la exclusión o otras restricciones no sean la inspiración para aumentar la violencia o terminar con otra vida y la propia.
Estas opiniones son apenas una aproximación a un gran problema. No es poco lo que se hizo, pero les aseguro que es mucho más lo que nos debemos como sociedad en defensa de las mujeres víctimas de femicidios, o de sus tentativas. Algo más concreto, más efectivo de lo que se vino haciendo. Lo que les digo es tan real, que no nos alcanzaron las consignas, las marchas, las leyes ni los decretos; los subsidios; ni siquiera ampliar el objeto de protección y llevarlo muy lejos, poniéndolo en la mira del primero que piense distinto. Hasta ahora al menos, parece no advertirse que la primera dificultad está dentro de la misma casa en la que se alojan la víctima y su eventual victimario. Ahí, en presencia de los hijos, se mata y se muere.