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El 25 de julio de este año, el presidente Javier Milei subió al escenario de la convención nacional del Partido Liberal, en San Pablo, para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su intervención llamó ladrón, presidiario y basura socialista al presidente de Brasil, y sumó una descalificación personal contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como era de esperarse, Itamaraty llamó a consultas a su embajador al día siguiente.
El 4 de agosto, tras una nueva tanda de declaraciones presidenciales, insólitas, hirientes, el canciller Mauro Vieira entregó al embajador argentino Daniel Raimondi una nota de protesta y le comunicó que Brasil rebajaba la relación al nivel de encargado de negocios, posponiendo sin fecha el regreso de su embajador, Julio Bitelli, en Buenos Aires.
Rebajar una relación bilateral de rango de embajador a encargado de negocios es grave y representa el mínimo de contacto entre países. Es la primera medida de ese alcance en décadas. No constituye una ruptura de relaciones, pero sí la degradación deliberada de un vínculo que la Argentina no eligió y no puede sustituir. En síntesis, un error extremadamente caro y sin precedentes, otro ejemplo de una conducta no digna de un presidente.
No entender qué es un socio
El primer plano del error es estratégico: los socios comerciales no se seleccionan por afinidad ideológica. En 2025, el intercambio bilateral de bienes con Brasil alcanzó 31.195 millones de dólares, el valor más alto desde 2013, un 12% por encima de 2024, según el INDEC. Brasil absorbió el 14,7% de todas las exportaciones argentinas, por delante de Estados Unidos y China.
En el primer semestre de 2026 las ventas sumaron 6.254 millones de dólares, y las compras, 7.650 millones: uno de cada ocho dólares exportados tuvo ese destino, y solo en junio Brasil absorbió el 68,9% de todo lo enviado al Mercosur. La dependencia no es agregada sino estructural. Cerca del 38% de las Manufacturas de Origen Industrial que la Argentina exporta se dirigen al país vecino. En el complejo automotriz, el país produjo 490.876 unidades en 2025 y exportó el 57%. Brasil compró el 65% de esos envíos y originó el 79% de los vehículos importados. No es un mercado entre otros, es la columna vertebral del entramado industrial argentino y del empleo formal que sostiene.
El impacto en la economía
El segundo plano es económico, y su riesgo no adopta la forma que suele imaginarse. Nadie espera una guerra arancelaria ya que el Arancel Externo Común la vuelve jurídicamente impracticable dentro del bloque. El riesgo real es la no cooperación.
La decisión brasileña acota la representación al plano comercial que mantiene el trámite y elimina el canal político que resuelve los problemas antes de que escalen. Y la agenda pendiente es densa: la renovación del régimen automotriz común, la distribución de las cuotas agrícolas del acuerdo con la Unión Europea, cuyo criterio de asignación por orden de solicitud ya generó fricción cuando la Argentina agotó los cupos anuales de arroz, huevos y miel, y la revisión formal que Brasil abrió sobre el acuerdo que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero, por temor a que la eliminación de aranceles para 221 posiciones perfore el Arancel Externo Común.
Cada uno de esos expedientes requiere buena voluntad brasileña. La balanza bilateral, además, es estructuralmente deficitaria para la Argentina: 5.653 millones de dólares en contra en 2025. Ese déficit no se corrige con adjetivos. Se corrige negociando acceso, reglas de origen y previsibilidad, exactamente lo que un canal diplomático degradado no puede ofrecer. La Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina reclamaron públicamente que el respeto es condición básica del desarrollo y del clima de inversión. No lo dijeron desde la oposición, lo dijeron desde la producción.
El costo geopolítico
El tercer plano es geopolítico y es el más costoso a largo plazo. El escenario internacional de 2026 es de fragmentación. Nuevas rondas arancelarias estadounidenses alcanzan a decenas de economías, con Brasil entre las más golpeadas, mientras el acuerdo Mercosur Unión Europea rige en aplicación provisional desde el 1 de mayo. En ese contexto, el poder de negociación del bloque no depende de su tamaño nominal sino de su credibilidad: cuanto más dudan los terceros de que el Mercosur pueda sostener compromisos conjuntos, menor es el incentivo para negociar con él y mayor la presión para hacerlo país por país, escenario en el que las economías medianas pierden.
Argentina y Brasil concentran la mayor parte del producto del bloque. Si sus presidentes no se hablan, el bloque no negocia. A eso se agrega la intervención en una campaña electoral ajena, que el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA excluye del repertorio legítimo de un jefe de Estado.
Y es, además, una apuesta sin cobertura. Los sondeos muestran a Lula da Silva adelante en el promedio: Quaest le dio 45% a 37% en segunda vuelta en julio, AtlasIntel 49,2% a 42,9% y Nexus/BTG Pactual midió un empate técnico de 46% a 45%. El mandato en disputa el 4 de octubre corre de 2027 a 2031. Un Estado no arriesga su principal relación comercial al resultado de una elección que no controla.
Irregularidades flagrantes
Hay un plano institucional adicional. El artículo 99, inciso 11, de la Constitución atribuye al presidente la conducción de las relaciones exteriores en nombre del Estado, no en nombre de una corriente ideológica transnacional. El viaje fue oficial: avión presidencial, comitiva y fondos públicos. Dos abogados lo denunciaron penalmente por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Más allá de su suerte judicial, la pregunta previa es republicana: ¿puede la partida destinada a la representación exterior de la Nación financiar un acto partidario extranjero? La respuesta no depende del signo político del gobierno.
Brasil tampoco es un actor pasivo ni inocente. Su proteccionismo industrial explica buena parte del déficit bilateral, Lula no asistió a la firma del acuerdo con la Unión Europea en Asunción y retiró la representación de los intereses argentinos en Caracas. Pero la asimetría de responsabilidad es evidente. La escalada no comenzó con una diferencia de política comercial, sino con un jefe de Estado haciendo campaña dentro de otro país.
Para Salta el asunto no es abstracto. Brasil fue en 2025 el tercer destino de las exportaciones salteñas, detrás de Estados Unidos, con 23,3%, y China, con 13,7%; los cinco primeros destinos explicaron el 52,5% del total provincial. Y compra un perfil específico. Los productos inorgánicos, boratos y derivados, explicaron alrededor del 36,6% de los envíos salteños a ese mercado, seguidos por legumbres y tabaco. Es demanda industrial, sensible a la relación entre ambos aparatos productivos. Por eso, la política exterior no es un espacio de expresión personal. Es una función estatal cuyo rendimiento se mide en mercados, empleo industrial y capacidad de negociación. La Constitución no le prohíbe al presidente tener convicciones. Le exige que, cuando viaje, viaje como jefe de Estado.