inicia sesión o regístrate.
Con la suspensión definitiva de las elecciones anunciada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, su gobierno cruzó el delgado límite que lo separaba del régimen de Anastasio Somoza, heredero de la dinastía que gobernó el país desde 1934 hasta 1979 y derrocada por la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuya continuidad histórica revindica el actual mandatario como fundamento de su legitimidad.
Con esta decisión, el régimen sandinista se aparta de sus antiguos y desfallecientes socios del "arco bolivariano", Cuba y Venezuela, para acercarse al modelo político de Corea del Norte. La reacción negativa de la opinión pública internacional demuestra que, al pasar del desmantelamiento de la oposición política, cuyos dirigentes están hoy en la cárcel o en el exilio, a la eliminación de las elecciones, Ortega teme una derrota, cuando en realidad pretende eternizarse en el poder. Por eso no vacila entonces en profundizar sus métodos represivos.
Ortega ya demostró saber sobrevivir a la adversidad. Gobernó once años, entre 1979 y 1990, durante la fase ascendente del "sandinismo", con el apoyo de Cuba y la Unión Soviética. En ese lapso derrotó a la rebelión armada de la "contra", alentada por Washington. En 1990, en coincidencia con la caída del muro de Berlín y la desintegración del bloque comunista, el desgaste de su gobierno le hizo perder las elecciones presidenciales y, tras algunas vacilaciones, entregar pacíficamente el mando.
En esa oportunidad, resultó electa Violeta Chamorro, viuda de Pedro Chamorro, ex director del diario "La Prensa" y cabeza de una tradicional familia nicaragüense, cuyo asesinato, perpetrado por un comando para- estatal en 1978, desencadenó una conmoción colectiva que catapultó a su viuda al estrellato político y aceleró la caída del "somocismo".
Aquella admisión de la derrota electoral salvó a Ortega de un final sangriento. En su decisión influyó el cambio en el escenario mundial y la presión de la Casa Blanca durante la presidencia de George H. Bush. Pero antes de transferir el mando forzó la firma de un "Pacto de Transición", que establecía la inmunidad de los funcionarios de su gobierno y la preservación de la cúpula militar adicta.
El acuerdo estipuló un singular proceso de regularización y legalización de la propiedad, conocido como la "piñata", que implicó la devolución de las propiedades de los empresarios nicaragüenses exiliados en Estados Unidos y la transferencia de cuantiosos activos económicos estatales, desde títulos financieros hasta lujosas viviendas y empresas rurales y comerciales, a la dirección del FSLN.
Con una estructura económica basada en esa "nueva burguesía" y el aparato político construido desde el poder, Ortega sobrellevó airosamente su retorno al llano. En 2006, dieciséis años más tarde, tras perder las elecciones presidenciales de 1996 y 2001, logró triunfar y volver al gobierno. En esa segunda etapa el apoyo de Moscú fue sustituido por el auxilio de Venezuela liderada por Hugo Chávez.
Pero el escenario internacional volvió a modificarse y Ortega padece sus consecuencias. El colapso del régimen de Nicolás Maduro privó a Nicaragua del abastecimiento del petróleo barato indispensable para su sistema productivo y la colocó en una situación semejante a la de 1990. En ese contexto, su manotón de ahogado fue apostar a la "carta china".
Ortega suscribió un convenio con un consorcio empresario chino para la construcción de un canal interoceánico capaz de competir con el canal de Panamá. El proyecto quedó trunco porque Beijing negoció un tratado con el gobierno panameño y se desentendió del tema. Pero ambos gobiernos suscribieron un tratado bilateral de libre comercio y empresas mineras chinas trabajan hoy un 5% de la superficie nicaragüense.
Cambio dinástico
Desde su retorno al poder Ortega cogobierna con su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, una poetisa que en la década del 70 fue combatiente guerrillera y escaló posiciones hasta convertirse primero en pareja y luego en socia de su marido. Su gravitación hace que Ortega haya proclamado que "en la presidencia, la Rosario es el 50% y Daniel el 50%".
En los círculos opositores, Murillo es comparada con Elena Ceausescu, la mujer del exlíder comunista rumano Nicolás Ceausescu, quien en la práctica funcionaba como primera ministra de su gobierno y terminó fusilada junto con su esposo. Sus detractores la comparan también con una figura mediáticamente más conocida: Claire Underwood, la ambiciosa esposa de Francis Underwood, el personaje central de "House of Cards", la conocida serie de Netflix.
"Ortega eliminó la competencia política, cerró el camino electoral y avanza hacia una sucesión familiar que lo acerca al modelo de las dictaduras hereditarias. Aislado por el derrumbe de sus aliados regionales, el líder sandinista profundiza la represión".
A semejanza de lo que ocurría con el clan Somoza, los siete hijos de la pareja presidencial ocupan cargos en organismos públicos, entre ellos en la Distribuidora Nacional de Petróleo y Gas Pro-Nicaragua (el ente encargado del frustrado proyecto de canal interoceánico) y también en numerosas empresas estatales, así como en las compañías privadas de su propiedad, incluidas emisoras radiales y canales de televisión.
Ortega tiene 80 años y prepara su sucesión dinástica. El elegido es Laureano Facundo Ortega Murillo, sexto hijo del matrimonio gobernante. Su cargo formal es Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional. En tal carácter, maneja la relación con China. Para facilitar su ascenso, Ortega desplazó a los sobrevivientes de la vieja guardia "sandinista", en especial a su hermano Humberto, fallecido en 2024.
A diferencia de la etapa anterior, la gestión de Ortega fue mucho menos ideológica y bastantes más pragmática. Reveló una notable "muñeca política" para reclutar a viejos adversarios, como el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), o a disidentes del "sandinismo", como Edén Pastora, el mítico "Comandante Cero", quien había sido uno de los lideres de la guerrilla contra Somoza y, tras romper con el régimen, jefe de la Columna Sur de la "contra", que aceptó a ocupar un cargo en su gobierno.
En ese giro Ortega anudó una alianza con un sector del empresariado local, basada en la distribución de prebendas estatales.
Pero ese acuerdo, análogo al que mantuvo durante décadas en el poder a la dinastía Somoza, se rompió por los mismos motivos que aquél. El clan Ortega quiso avanzar sobre algunos negocios de los grupos económicos tradicionales y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) pasó la oposición. Ortega intentó asimismo un acercamiento con la jerarquía eclesiástica, históricamente hostil al "sandinismo". Como prenda de paz, su gobierno se plantó enérgicamente contra la despenalización del aborto. En 2005, la pareja presidencial se casó por iglesia, en una ceremonia oficiada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, antiguo contrincante del régimen. Ortega pidió perdón por las viejas ofensas.
Pero aquel idilio finalizó bruscamente en 2019 cuando la Conferencia Episcopal condenó la represión policial a las manifestaciones callejeras de protesta antigubernamental. El resultado de la nueva ruptura fue la detención del obispo Rolando Álvarez, condenado a veintiséis años de prisión y luego expulsado del país, una sanción aplicada también a más de doscientos sacerdotes.
Los cambios registrados en el escenario internacional en el segundo mandato de Donald Trump, que incluyen el derrocamiento de Maduro y el creciente acorralamiento del régimen de La Habana, que actualmente negocia una salida política con Washington; a esto se suma la oficialización de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que define como prioridad la defensa del hemisferio americano y coloca nuevamente a Nicaragua entre la espada y la pared. Nada indica que el "paraguas chino" pueda sustituir la protección venezolana que en el pasado reemplazó a la tutoría soviética y el respaldo de Cuba.
Ortega atraviesa una encrucijada estratégica similar a la que afrontó en 1990. O negocia una retirada o corre el riesgo de repetir el trágico final del último Somoza, quien un año después de su derrocamiento, y ya exiliado en Asunción, fue asesinado por un comando "sandinista" encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, antiguo jefe militar del ERP al que Ortega había designado responsable del aparato de inteligencia del régimen y que finalizó sus andanzas en la Argentina en 1989 cuando lideró el frustrado pero sangriento intento de copamiento del Regimiento de Infantería de La Tablada.