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Hay silencios que también golpean. Ocurre dentro de nuestros colegios. También en instituciones privadas, donde muchas veces existe una imagen de excelencia, contención e inclusión. Pero detrás de esa imagen también pueden esconderse situaciones de violencia que nadie quiere mirar.
Cuando hablamos de abuso, solemos pensar en el abuso sexual. Pero también existe el abuso físico, verbal, psicológico y social. El hostigamiento, las amenazas, la humillación y la exclusión deliberada también destruyen. Un insulto aislado puede parecer una pelea. Cien insultos ya no son una pelea. Un empujón puede parecer una travesura. La agresión repetida es violencia. Y cuando un adolescente comienza a tener miedo de entrar a su propio colegio, algo está profundamente mal.
La situación puede ser todavía más grave cuando la víctima es un estudiante con TDA, TDAH, TEA u otra condición del neurodesarrollo. Sus diferencias en la forma de aprender, comunicarse o relacionarse nunca justifican una agresión, pero pueden convertirlo en un blanco fácil para quienes buscan ridiculizar, provocar, excluir o someter. Por eso los adultos deben comprender antes de juzgar. Existe una situación concreta que debería obligarnos a mirar hacia adentro.
Un adolescente ingresó a un colegio privado mediante un programa de inclusión. Entró para estudiar, integrarse y formar parte de una comunidad educativa. Pero comenzó a sufrir hostigamiento, aprietes y amenazas por parte de otros alumnos.
Hasta que decidió hablar.
Contó que había sido intimidado dentro del baño del colegio y que allí había recibido amenazas relacionadas con abusos y con la obligación de hacer determinadas cosas para poder pertenecer al grupo. El baño, un lugar cotidiano, se había convertido para él en un lugar de miedo.
Y hay algo fundamental: la víctima no respondió con violencia. No golpeó. No buscó una pelea. Se fue apagando.
Comenzó a aislarse, a retraerse y a perder el deseo de asistir al colegio. Su tutor conoció lo ocurrido e intervino. Se realizaron reclamos y denuncias ante las autoridades del colegio y posteriormente ante organismos educativos. Se pidió ayuda. Se pidió intervención. Se pidió protección. Pero la situación no encontró una respuesta efectiva capaz de garantizar que el adolescente pudiera continuar sus estudios sin miedo.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿Qué ocurre cuando una institución privada recibe una denuncia y, pese a ella, el problema continúa?
No alcanza con decir que se activaron protocolos. Hay que preguntarse qué ocurrió después. ¿Se investigó? ¿Se protegió al alumno? ¿Se acompañó a la familia? ¿Se hizo seguimiento?
Porque un protocolo no se mide por las hojas que se firman. Se mide por las vidas que protege.
El sufrimiento llegó a tal extremo que el adolescente manifestó que ya no soportaba la situación y que no quería volver al colegio. Aparecieron incluso pensamientos relacionados con quitarse la vida. Ese debería haber sido el momento en que todas las alarmas se encendieran. Finalmente, tuvo que pedir el pase.
No porque fuera violento. No porque hubiera protagonizado una pelea. No porque no quisiera estudiar. Se fue porque ya no podía soportar lo que estaba viviendo. Y entonces aparece la contradicción más dolorosa: ¿De qué sirve hablar de inclusión si la víctima termina siendo quien debe abandonar la institución?
"Cuando la víctima debe irse para poder estar a salvo, la escuela deja de ser un lugar de inclusión y se convierte en parte del problema".
La familia tuvo que buscar otro colegio. El adolescente tuvo que empezar nuevamente. El problema no desapareció: simplemente cambió de lugar. Y eso es lo que no podemos aceptar.
Hay una frase que deberíamos desterrar de nuestras escuelas: "Son cosas de chicos".
No. Algunas situaciones son conflictos propios de la edad. Otras son violencia. Y los adultos tenemos la obligación de distinguirlas.
Cuando un estudiante cambia su comportamiento, comienza a faltar, se aísla, pierde interés o manifiesta miedo, hay que preguntar qué está pasando. Detrás de una baja en el rendimiento puede haber mucho más que falta de estudio. Puede haber un adolescente pidiendo ayuda. Puede haber una familia golpeando puertas. Puede haber una institución que escucha, registra y protocoliza, pero no resuelve.
Esto no significa afirmar que toda la educación privada funcione de la misma manera. Significa señalar una realidad que también existe allí y que no puede ocultarse detrás del prestigio, las cuotas o la imagen institucional. Una institución educativa, pública o privada, tiene la misma obligación: proteger a sus estudiantes. No alcanza con incluir en el papel. No alcanza con escuchar. No alcanza con activar protocolos. Hay que actuar.
Porque si después de sufrir violencia la única salida que encuentra el sistema es que la víctima se vaya, entonces no estamos resolviendo el problema. Estamos haciendo que quien sufrió pague las consecuencias. Y mientras tanto, la violencia queda adentro. Sentada en otro banco. Esperando el próximo recreo. Esperando, quizá, a otra víctima. Y esta vez no ya podremos decir que no sabíamos.