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Ley de tierras, política territorial y soberanía nacional

La venta de tierras a extranjeros es una cuestión geopolítica y no debe poner en riesgo la territorialidad. Al no haber una política de Estado que garantice el desarrollo, es bueno repensar los obstáculos que se ya imponen a nuestros productores e industriales.
Jueves, 06 de agosto de 2026 01:40

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Pongamos la cuestión de esta manera: aun entrado el mundo en multipolarismo - de Estados o bloques de Estados -, éstos siguen siendo principales protagonistas de la política internacional.

Desde su origen, cuenta con tres componentes inmanentes: territorio, población y autoridad soberana. La doctrina iusinternacionalista considera que puede modificarse alguno, pero seguirá siendo un Estado; si algún componente desapareciera, entonces será otra cosa. Sobran ejemplos históricos de modificaciones por vía de absorción, fusión, secesión, fraccionamiento. Hasta hoy se pagan las consecuencias de los cambios forzados, ocasionados -por ejemplo- por el ignominioso reparto de África en la Conferencia de Berlín 1885.

Siguiendo esta línea argumental, hay un componente estrechamente ligado a la noción de Estado y es el concepto de "Nación" (inescindible de aquél), o sea el "proyecto sugestivo de vida en común" que J. Ortega y Gasset expuso en su "España invertebrada", 1921. Ese ensamble sostiene al Estado Nacional, cuya viabilidad histórica depende de una convivencia social tolerante y de un proyecto estratégico para el mediano y largo plazos.

Dicho lo precedente, hubiese deseado que el debate sobre la venta de tierras a extranjeros se basara en tales premisas, que - lamentablemente - en la Argentina de hoy, de ayer y anteayer, no se consideran.

Tierra y territorio

Conviene ahora nueva salvedad conceptual. No es lo mismo "tierra" (porción de terreno dedicada a algún emprendimiento) que "territorio" (porción de la superficie terrestre perteneciente a un país, a una región o provincia, según el DRAE). El debate sobre ambos conceptos se dio -intenso- cuando los pueblos indígenas (así los denomina el derecho internacional) empezaron a reclamar los "territorios" que ancestralmente ocupan. No abundaré en esto, sobre lo cual me expedí en dos lejanas notas publicadas en los números 191 y 192 (julio y agosto de 2010) de la Revista Claves, disponibles en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AHIRA) https://ahira.com. ar/revistas/claves/.

Considérese el riesgo innecesario de no tener clara la distinción en tiempos tan volátiles, con desesperados desplazamientos migratorios. No quisiera que algún burócrata internacional nos planifique la recepción de contingentes humanos extrañados de sus países de origen para asentarlos en la despoblada Patagonia o en el Gran Chaco con promesas de créditos internacionales.

La subjetividad "pueblo" asentada en un territorio tarde o temprano puede reclamar su voluntad de autodeterminación. Y con esto no busco pelo al huevo: ya vivimos pujos secesionistas de algunas comunidades patagónicas patrocinadas desde Birmingham.

La venta de tierras a extranjeros en principio no debe poner en riesgo la territorialidad, mientras se la analice en función del interés nacional. Recién nos estamos enterando de cuánta hay en manos de particulares y empresas extranjeras. Según el Observatorio de Tierra del CONICET-UBA (https://iesyh.conicet.gov.ar /observatorio-de-tierras/), en el caso de Salta está "comprometido" el 11,3% del territorio provincial (menos del 15% previsto en la ley vigente), aunque en los casos de los departamentos Molinos y San Carlos el cupo se excede: 57,79% y 59,82%, respectivamente. ¿Quiénes son, de dónde vienen?

El manejo descontrolado de tierras privadas repercute en el manejo territorial cuando no hay política de estado, dado que el territorio es esencial recurso tangible de poder. Si un país tiene clara conciencia de su dimensión y de sus recursos naturales, el debate acerca del porcentaje previsto para extranjeros resultaría hasta innecesario.

¿A quién le vendemos?

La Argentina, repitamos hasta el cansancio, es la octava extensión continental del planeta. Si sumamos nuestro Sector Antártico, los tres archipiélagos irredentos y sus espacios marítimos circundantes, estamos hablando de 3.71.274 de km2, más una generosa plataforma continental de más de 6,5 millones de km2 para preservar y proteger. ¿Defensa y seguridad nacionales? Bien, gracias. Dicho esto, la pregunta a continuación sería cuándo crear mecanismos que favorezcan al productor/inversor nacional, en especial a aquellos que por generaciones apuestan a la producción agroindustrial, empezando por eliminar las famosas retenciones. ¿No hay suficiente ahorro interno?, vaya novedad. Empecemos entonces por considerar qué vender y para qué emprendimientos, pues no da lo mismo la puna pedregosa que la pampa húmeda.

Todo esto produce la inexistencia de un plan de desarrollo integral, que requiere ineludible participación estatal. Una ley como la que se debatirá este jueves

no debiera basarse en un colosal dogmatismo fundamentalista de libre mercado, que resulta hasta sospechoso. Tampoco zafaremos con argumentos del tipo cipayo-extractivista-vendepatria, que conduce a la nada misma. No hubo discursos -ni de izquierdas ni de las abundantes derechas actuales- que consideren los aspectos acá expuestos. Y eso ocurre porque nuestra dirigencia abandonó la reflexión geopolítica.

Complejidad de las fronteras

En una nota anterior ("El apático regionalismo argentino", disponible en https://foropatriotico. com.ar/apático-regionalismo-argentino/), señalé la morosidad de los impulsos neo-regionalistas, cada vez más necesarios en Argentina. Desconozco si los gobernadores han promovido reuniones regionales orgánicas para debatir este tema, al que Salta tiene bastante para aportar dada su vasta complejidad territorial, limítrofe con tres países hermanos, por el deterioro de sus carreteras y ferrovías, por la amenaza constante del contrabando y el narcotráfico que caló hasta el hueso. De los veinticuatro distritos argentinos, solo seis carecen de límites internacionales: ¿cómo desatender la seguridad de fronteras?

Mucho tiempo atrás participé en un curso de posgrado organizado por la Facultad de Derecho de la UNC y la Asociación Argentina de Derecho Internacional, septiembre de 1997. La consigna de esa actividad académica fue "La política internacional, el derecho y el territorio nacional". Veintisiete expositores, la mayoría con más recorrido y versación que este autor, abordamos los aspectos más sensibles de la territorialidad argentina y su cualidad marítima.

El título de mi exposición fue "Políticas de fronteras e integración", asunto que - como ven- remo desde hace décadas. Más allá de la retórica propia de aquella época y del desfasaje legislativo ocurrido en este lapso, hay un aspecto irrefutable: todavía carecemos de políticas territoriales y de fronteras. En mi discurso denuncié, la peligrosidad de las asimetrías internas en un país fragmentado, con un proceso de integración nacional inconcluso, generador de recurrentes crisis de legitimidad política.

Nuestros problemas estructurales no provienen de un determinismo geográfico, sino de la carencia de un proyecto nacional con anclaje geopolítico. Y quien quiera oír que oiga.

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