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El Gobierno la denominó "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Puesto así, ¿quién se atrevería a no acompañarla? Desde esa lógica, el presidente sostuvo que quienes se opongan a una defensa férrea del derecho de propiedad representan la decadencia argentina. El problema aparece cuando se escarba debajo del título y se descubre que el proyecto incluye - junto con disposiciones destinadas a reforzar ese derecho-, un capítulo que elimina buena parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por personas extranjeras.
La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la propiedad privada. Ésa es, precisamente, la trampa que instala el nombre elegido. Al presentar un conjunto heterogéneo de reformas bajo una denominación moralmente irreprochable, se obliga a debatir dentro del marco conceptual definido por quien bautizó el proyecto. Quien objeta la extranjerización de tierras deja de discutir una política territorial y aparece, por efecto del lenguaje, como alguien contrario a la propiedad. Antes de producirse la concesión jurídica, se produce una concesión lingüística: aceptamos las palabras del poder y comenzamos a pensar desde ellas.
El escritor británico, definidamente crítico del colonialismo y los totalitarismos, George Orwell comprendió que el deterioro político y el deterioro del lenguaje podían alimentarse entre sí. En su ensayo "La política y la lengua inglesa" advirtió que una lengua degradada facilita pensamientos degradados, que luego profundizan esa misma corrupción. Años después, en "1984", imaginó la neolengua: un idioma creado no sólo para expresar la visión del Partido, sino para volver imposibles las ideas que pudieran contradecirla. Su propósito no consistía en enriquecer el vocabulario, sino en reducirlo; no buscaba dar mayor precisión al pensamiento, sino disminuir el territorio de lo pensable. Las palabras conservaban una apariencia reconocible, pero eran despojadas de significados incómodos.
Hoy no estamos en Oceanía, el superestado totalitario donde se desarrolla la distopía, pero el mecanismo es igual de reconocible. La manipulación del lenguaje no necesita inventar un idioma completo; le alcanza con bautizar convenientemente una medida, reducir una discusión compleja a una etiqueta y transformar cualquier objeción en una falta moral catastrófica. La denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" incluye normas sobre expropiaciones, desalojos, registros, manejo del fuego y extranjerización de tierras. El nombre, sin embargo, selecciona de antemano qué parte debe mirar el ciudadano y bajo qué valores debe juzgarla.
Observadas por separado, algunas iniciativas recientes parecen pertenecer a mundos por completo separados y distintos. Por un lado, la flexibilización de las restricciones para adquirir grandes extensiones de tierra. Por otro, la creación de "sociedades automatizadas", empresas capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial, con personalidad jurídica, capacidad para contratar y responsabilidad limitada. A ellas se agregan las organizaciones autónomas descentralizadas, estructuras basadas en blockchain (*) cuyos mecanismos de decisión pueden dificultar la identificación de responsables y beneficiarios finales. Miradas todas juntas, señalan una dirección: menos restricciones territoriales, menor intervención estatal y nuevas figuras jurídicas destinadas a formas de capital que no necesariamente producen bienes ni generan empleo.
El mecanismo no es abstracto y tiene un nombre propio, Peter Thiel. No sólo un inversor tecnológico o un millonario excéntrico sino alguien que, desde hace décadas, intenta convertir una filosofía política en arquitectura institucional: tecnología sin límites, Estados debilitados, territorios disponibles y espacios donde el capital pueda fluir sin supervisiones ni controles, tempranos ni tardíos. Resulta legítimo preguntarse si estas reformas –vistas en conjunto– no configuran un entorno favorable a sus intereses.
La pregunta importa por qué las concesiones más profundas suelen presentarse bajo palabras como modernización, libertad o progreso. Ninguna de ellas es falsa por sí misma. Lo falso comienza cuando son utilizadas para impedir que se vea lo que contienen en su letra chica. Modernizar puede ser necesario; desregular puede corregir abusos; proteger la propiedad privada es indispensable. Pero ninguna palabra debería funcionar como grillete para clausurar el debate sobre soberanía, responsabilidad, trabajo, recursos naturales o poder desmedido y descontrolado. Llamar "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" a un proyecto que también modifica el régimen de extranjerización de tierras parece una operación extraída de la neolengua orwelliana: quien nombra las cosas primero condiciona la forma en que los demás las piensan.
El escritor japonés contemporáneo Hisashi Kashiwai escribió que "el desmoronamiento de una cultura comienza con la perversión del lenguaje". Tiene razón. Porque cuando las palabras dejan de ayudarnos a comprender el mundo y comienzan a impedirlo, lo que se deteriora no es solamente la lengua. También se deteriora nuestra capacidad de defender aquello que todavía nos pertenece.
Cuanto más se erosionan las palabras, más difícil resulta llegar a la realidad que deben nombrar. Y, para una democracia cuyos cimientos dependen de la transparencia, la discusión y la posibilidad de formular correctamente los problemas, esta degradación no es inocente. La perversión del lenguaje no consiste sólo en mentir. A veces consiste en construir una verdad tan incompleta que termina ocultando lo esencial.
(*) El blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos digitales compartida y descentralizada que guarda información de forma segura e inalterable.