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El 30 de julio, por cadena nacional, el presidente anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto ingresó por Diputados al día siguiente. Fue presentado como el conjunto de reformas más importante de los últimos 91 años usando un vocabulario penal: estafa, falsificación, robo, asociación ilícita. La inflación acumulada desde 1935 se enunció con una cifra de veinte dígitos. Conviene separar las dos cosas. El proyecto es, en lo sustancial, razonable y merece discutirse con seriedad. La épica que lo envuelve es un problema. Un gobierno que lleva dos años y siete meses en el poder sigue explicando el presente como herencia, cuando en realidad lo explica con sus propias decisiones.
El valor de la moneda
El primer mérito del proyecto es que no es excéntrico, excepto en la idea de shutdown (*). Casi todos los países de la región que consolidaron la estabilidad hicieron reformas similares. Chile con la Ley 18.840 en 1989, Colombia, México, Perú y Uruguay en los noventa, y Brasil con la Ley Complementaria 179 de 2021. En todos, la prioridad legal es preservar el valor de la moneda, la asistencia directa al Tesoro está prohibida y las autoridades son técnicos designados por plazos que exceden un mandato presidencial. Por eso, organizaciones como Fundar, difícilmente sospechoso de simpatía con el oficialismo, tituló su análisis del 31 de julio con una fórmula precisa: una reforma que va en la dirección correcta, pero cuyo éxito dependerá de los detalles.
La literatura comparada refuerza el diagnóstico y desmiente el tono. Cristina Bodea y Ana Carolina Garriga computan trece reversiones claras de independencia en América Latina entre 1970 y 2019, y registran que la reforma argentina de 2012 redujo el índice de independencia legal del BCRA de 0,817 a 0,767, con la caída concentrada en el componente de objetivos. El problema de 2012 es medible y no requiere el vocabulario del Código Penal. Y señalan algo que el discurso oficial omite: aquella reducción no fue precedida por campaña pública alguna de deslegitimación. La des-delegación argentina fue silenciosa. La re-delegación actual viene con cadena nacional. La asimetría importa: una reforma que se apoya en la épica queda atada a la suerte política de quien la enuncia, y una carta orgánica debe sobrevivir a su autor.
Las designaciones
El segundo punto es el que más debería ocupar al Congreso. El proyecto mantiene el mecanismo de designación vigente, el Ejecutivo propone, el Senado acuerda, y endurece la remoción: dos tercios de ambas cámaras. Blinda la salida, pero no toca la entrada, y el problema argentino está en la entrada. Los pliegos duermen en el Senado y el presidente define de hecho: Santiago Bausili y buena parte del directorio ejercen hoy en comisión, sin acuerdo definitivo. Un directorio inamovible por dos tercios, pero designado sin acuerdo es independiente del Congreso, no del Ejecutivo.
Los diseños regionales reparten el gobierno de la institución entre poderes. Perú, que el propio proyecto invoca como modelo, tiene siete directores: cuatro los designa el Ejecutivo y tres el Congreso, y la remoción por falta grave corresponde al Legislativo, con dos tercios y previa investigación con derecho de defensa. México combina mandatos fijos, acuerdo del Senado y designaciones escalonadas, de modo que ningún gobierno puede nombrar la Junta completa. Chile prevé consejeros por diez años, renovación parcial cada dos y confirmación del Senado. Cuando se dictó su ley orgánica en 1989, el primer Consejo surgió de un acuerdo explícito entre el régimen saliente y la Concertación entrante: dos de cada lado y un quinto independiente. Por esto, el Congreso debería incorporar mandatos escalonados, un plazo máximo para los nombramientos en comisión con tratamiento obligatorio del pliego y rendición de cuentas parlamentaria. Independencia del Poder Ejecutivo no es independencia de la República.
¿Solo la moneda?
El tercer punto es donde el proyecto se equivoca. La reforma reemplaza los cinco objetivos de 2012 por uno solo: preservar el valor de la moneda. Que el mandato múltiple heredado era inmanejable es cierto. Pedirle cinco cosas a la vez a una institución diluye responsabilidades y vuelve imposible evaluarla.
Pero la respuesta elegida es la excepción: sólo Perú y Colombia tienen mandatos verdaderamente únicos.
El estándar dominante es jerárquico, con un objetivo primario de estabilidad de precios y uno secundario, explícitamente subordinado, de apoyo al empleo y al crecimiento. Así lo establecen Israel en la sección 3(a)(2) de su ley de 2010, el Reino Unido en la sección 11 del Bank of England Act de 1998, la Unión Europea en el artículo 127 del Tratado de Funcionamiento, y Brasil, cuya norma de 2021 manda promover el pleno empleo sin perjuicio de su objetivo fundamental. Uruguay habla de la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo.
Ninguno renunció a la prioridad antiinflacionaria: sólo escribieron en la ley que el costo real del ajuste monetario existe.
Argentina tiene razones concretas. La desocupación fue del 7,8% en el primer trimestre de 2026 y alcanza a 1,7 millones de personas, la informalidad trepó del 42 al 44,2% en un año; el SIPA registra 141.700 puestos formales menos en doce meses y 329.600 menos desde diciembre de 2023.
Joseph Stiglitz advirtió que el foco predominante en la inflación, a costa de estabilizar el crecimiento y el empleo, contribuye a la desigualdad y a la pobreza. Una cláusula secundaria subordinada no diluye el mandato antiinflacionario: lo vuelve políticamente sostenible. Un banco central que nunca debe explicar el costo en empleo de sus decisiones, verá impugnada su independencia en la primera recesión.
La retórica y los hechos
Y aquí vuelve la cuestión del tono. La credibilidad de una reforma antiinflacionaria no se mide por el relato sobre 1935 sino por la conducta de quien la propone. Bajo esta gestión, los giros de utilidades del Banco Central al Tesoro suman el equivalente a 24.200 millones de dólares: 11,7 billones de pesos en 2025, cerca del 40% de la base monetaria de entonces, y 24,4 billones en 2026, 18,4 de ellos aplicados a cancelar Letras Intransferibles.
En octubre de 2025 el propio presidente relató en televisión que convocó al equipo económico a Olivos y lo convenció de desarmar las LEFI, una decisión que en un esquema independiente no le corresponde. El presidente del Banco Central participa de reuniones de gabinete y comparte con el ministro de Economía una sociedad profesional previa. Nada de esto invalida el proyecto, pero explica por qué el debate no debería darse en clave de herencia: el Banco Central que se quiere blindar es, hoy, el propio. La reforma es parcialmente buena. Le sobra épica y le falta empleo. El Congreso puede corregir ambas cosas, y hacerlo sin dramatizar sería, en sí mismo, una señal institucional.
(*) Shutdown: "grillete fiscal" para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado.