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La política que no disputa la cultura está condenada a administrar el poder de otros. La cultura no es un elemento ornamental ni secundario de la estructura social. Es el terreno decisivo donde una sociedad construye sus valores, sus símbolos, su identidad y, finalmente, su manera de entender el mundo. Por eso, una política cultural sólida y estratégica no constituye un capítulo accesorio de la acción de gobierno: es una herramienta fundamental para la construcción de hegemonía.
Un proyecto político que aspire a trascender la mera administración del Estado necesita algo más que obras, presupuesto y funcionarios. Necesita construir un sentido común. El poder no se sostiene solamente sobre la autoridad institucional; necesita consenso. Y ese consenso no se fabrica exclusivamente desde el Estado, sino en las instituciones y espacios donde una sociedad piensa, aprende, celebra y se reconoce: la escuela, los medios, las artes, las tradiciones, las fiestas populares y, sobre todo, el lenguaje. La disputa por el poder no se libra únicamente en las urnas ni en las instituciones políticas. Quien consigue instalar las categorías con las que una sociedad interpreta la realidad posee una forma de poder mucho más profunda que la que otorga circunstancialmente una elección.La izquierda internacional entendió tempranamente esa lógica y la desarrolló durante décadas. Los llamados libertarios intentaron, en los últimos años, responder con su propia "batalla cultural". El problema es que una batalla cultural no se gana repitiendo una consigna. Para disputar el sentido común hay que comprender la cultura que se pretende transformar. Y, sobre todo, hay que tener algo que decir.
Por eso, una verdadera política cultural no puede consistir en imponer desde arriba un relato oficial. Una revolución cultural no puede llover desde el poder: debe construirse desde las bases mismas de la sociedad. Y allí aparece una tarea política concreta para los municipios.
Hay que comenzar por recuperar aquello que una comunidad reconoce como propio: sus mitos, sus fiestas populares, sus festividades religiosas, sus tradiciones, sus relatos familiares, sus oficios, sus expresiones artísticas y su memoria. No para convertir la tradición en una pieza de museo, sino para devolverle su condición de materia viva de la identidad. Es necesario amalgamar tradición y futuro. Recuperar la cultura ancestral no significa encerrarse en el pasado, sino construir desde allí una identidad capaz de mirar hacia adelante. Sobre esa base pueden recuperarse los oficios como parte esencial de la cultura, fortalecerse las expresiones artísticas locales, acercar el arte a los barrios y llevar a las escuelas una concepción de la educación que no separe conocimiento e identidad. La política cultural, entonces, deja de ser una agenda de espectáculos para convertirse en una política de Estado. Mariano Moreno lo había expresado, en otro contexto y con otro propósito, con una imagen extraordinaria: las ideas de la Revolución debían caer "como una llovizna" sobre Buenos Aires. No mediante el estruendo de un discurso, sino penetrando lentamente en la conciencia de la sociedad.
Ese debería ser también el método de una política cultural inteligente: no sermonear al ciudadano, sino ofrecerle espacios donde pueda reconocerse. Porque ya nadie cree demasiado en los discursos políticos. Cuando un gobierno pone en valor aquello que una comunidad siente como propio, ocurre algo diferente: el ciudadano deja de percibir al Estado como una estructura distante y comienza a reconocerlo como parte de su propia comunidad. Ahí es donde la cultura se convierte en política. No para adoctrinar; no para imponer, sino para construir pertenencia.
Y cuando un pueblo vuelve a reconocerse en aquello que gobierna, el poder deja de ser solamente autoridad y comienza a convertirse en legitimidad.
Porque gobernar puede ganar una elección; pero sólo una cultura compartida puede ganar el corazón de un pueblo.