inicia sesión o regístrate.
Cuando se habla de Derechos Humanos se aborda un problema crítico, histórico y que nos remite a la dignidad de cada persona. Por eso, son universales. Y los Estados tienen la obligación ética y constitucional de resguardarlos y garantizarlos. Y son derechos que alcanzan a los ancianos, a los discapacitados, a los presos, a los inmigrantes, a los marginales, simplemente, porque son inherentes a la humanidad. Por esa razón, la tortura, cualquier forma de vejamen, la violencia, la ejerza quien la ejerza, agravia a las víctimas y degradan a los victimarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU después del horror de las dos grandes guerras del siglo XX y de la apocalíptica crueldad del nazismo, conmina a los gobiernos a poner al Estado al servicio de los seres humanos.
En la Argentina, desviarse de ese camino por cualquier motivo - sea militar, invocando la seguridad colectiva o por veleidades mesiánicas – es traición a la Patria.
Desde 1994, en virtud del artículo 75 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales suscriptos por el país y sancionados en leyes tienen jerarquía constitucional, lo que significa que están por encima de las leyes nacionales, y que ningún gobierno puede borrarlos por decreto. Ni ignorarlos.
Todos reconocen el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, la libertad de expresión, religión y asociación, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo y a la participación política. Destacamos:
* El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos)
* El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos
* La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984.
* La Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.
· La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el tratado internacional más importante de las Naciones Unidas enfocado en los derechos humanos de las mujeres y niñas (1979)
* La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2006.
Están vigentes y son aplicables en todo el territorio argentino, El Estado, y quienes circunstancialmente lo gobiernan, está obligado a respetarlos, porque son los derechos que ponen barreras al abuso de poder.
Por su naturaleza, estos derechos son el escudo que tiene el ciudadano frente al Estado, que garantizan la libertad de expresión, de reunión, de reclamo, de circular por el país o viajar al exterior.
Pero, además, su jerarquía constitucional obliga al Estado a sostener y desarrollar la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, el agua y el ambiente sano. Y es una obligación esencial y lógica, porque estos derechos construyen, al mismo tiempo, la calidad de vida de las familias y la paz social.
Y no son derechos ideales. Son absolutamente concretos y si los gobiernos no los observan, cada ciudadano puede reclamar ante la Justicia argentina, y si no fuera escuchado, puede elevar su reclamo ante la Corte Interamericana, en Costa Rica.
Los derechos humanos son la vara con la que se mide si la democracia funciona o no. No son de izquierda ni de derecha, sino el piso que la sociedad, a través de sus habitantes, ha establecido para la convivencia.
Por esos son derechos universales, que no admiten discriminación, son inalienables e indivisibles; y por eso, el ciudadano debe participar en las decisiones que lo afectan y exigir rendición de cuentas.
Vivir en democracia significa compartir una comunidad, respetar y ser respetado. Pero también requiere el compromiso de los ciudadanos con la ley y la sociedad.
El control ciudadano no es la tarea de la oposición; es la responsabilidad de todos, porque quien hoy es opositor, mañana puede ser oficialista. Y la sociedad deberá seguir controlándolo. Porque los derechos y las personas son sagrados, y la política, ejercida por personas, siempre es vulnerable a las ambiciones personales y a las conductas sectarias.
Los derechos humanos no se defienden con retórica, sino con acciones y conductas coherentes. Hoy, el descrédito de la política erosiona la fe en la democracia, pero la democracia es la forma más humana de gobierno, aunque solo puede existir cuando el respeto por la ley, la dignidad y la calidad de vida se convierten en una cultura. Por eso, la democracia, la calidad de vida y la paz social son una construcción ciudadana de la que todos debemos ocuparnos.