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Entre 1995 y 2027 Salta tendrá tres gobernadores y una sola continuidad. Juan Carlos Romero gobernó doce años, Juan Manuel Urtubey otros doce, Gustavo Sáenz completará ocho. Treinta y dos años sin interrupciones institucionales y con mayorías legislativas propias en los tres casos. Pocas provincias argentinas exhiben semejante previsibilidad, y ninguna la convirtió en tan poca transformación. El ingreso per cápita provincial equivale a la mitad del promedio nacional y permanece estancado desde 2005, según el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta. Ese es el dato que ordena a todos los demás en un análisis del estancamiento salteño, en vísperas de una nueva elección.
Crecimientos desparejos
El primer plano es económico y social, y su rasgo distintivo es la desconexión. En el primer semestre de 2026 Salta exportó 959 millones de dólares, un 85,2% más que un año antes, según el INDEC. Las exportaciones mineras ya habían crecido 59% en 2025. En el mismo período el empleo minero registrado cayó 6,5% interanual y se sostiene en 5.730 puestos directos, en una provincia de 1,44 millones de habitantes. El empleo privado registrado perdió unos 8.800 puestos desde diciembre de 2023 y desaparecieron 877 empleadores. La informalidad alcanza al 53,9% de los ocupados de Gran Salta y a prácticamente la totalidad del quintil más pobre, según la UNSa. El salario privado registrado está 19% por debajo del promedio nacional. La pobreza urbana que mide el INDEC es del 29,7%, pero sólo releva el aglomerado capital: fuera de él, advierte Jorge Paz, puede superar el 46%. Casi un tercio de los hogares salteños no tiene cloacas. En Rivadavia las tiene solo el 6,1%. La provincia exporta como nunca y emplea menos que hace tres años. La riqueza es para las estadísticas, no para un modelo de desarrollo.
Seguridad y salud
El segundo plano muestra un Estado eficaz en algunos frentes y ausente en otros. Corresponde decirlo con precisión: los homicidios dolosos cayeron 31,2% en 2025, hasta 47 víctimas y una tasa de 3,2 cada cien mil habitantes, por debajo de la media nacional de 3,6, y el Plan Güemes acumula más de seis toneladas de droga incautadas y 751 detenidos. Es un resultado y hay que reconocerlo. Pero Salta tiene la segunda tasa de hurtos del país, 1.275,1 cada cien mil habitantes contra 703,4 del promedio nacional. La tasa de femicidios es la tercera del país y supera en 40% a la nacional. La emergencia por violencia de género declarada en 2014 acaba de prorrogarse otra vez en septiembre de 2026. Mas de 10 años de emergencia, de nuevo, sin resultados o transformación. El 47,9% de los salteños no tiene obra social, prepaga, ni plan estatal, doce puntos peor que el país. El propio ministro de Salud describió en junio guardias colmadas y pacientes en camillas en los pasillos durante cuatro meses. La emergencia sociosanitaria del norte rige desde 2020 y se renueva cada ciento ochenta días. Y el brote de chikungunya que dejó las dos únicas muertes del país tuvo su epicentro en Salvador Mazza, la misma localidad fronteriza de la ruta de la cocaína. La geografía del delito y la de la enfermedad coinciden. La de la falta de gestión de calidad, también.
Debilidad institucional
El tercer plano es institucional, y es donde la responsabilidad se vuelve nominal. Los tres gobernadores del ciclo modificaron las reglas de la reelección a su medida. La reforma de 1998 habilitó la reelección inmediata de Romero, la de 2003 la amplió a tres mandatos, Urtubey gobernó doce años con ese texto.
En 2021 Sáenz impulsó una reforma que redujo el límite a un solo período consecutivo y la celebró como un saludable límite contra la perpetuación en el poder. Hoy sostiene que ese límite no lo alcanza. El artículo 140 vigente es claro y Sáenz habrá cumplido dos mandatos consecutivos. Su tesis es que el primero, iniciado bajo el texto anterior, no computa.
El obstáculo es doble. La Corte Suprema rechazó ese razonamiento en Santiago del Estero en 2013, cuando Gerardo Zamora argumentó exactamente lo mismo. Y la propia Corte de Justicia de Salta ya resolvió lo contrario para jueces de instancias inferiores, pero no para sí misma, abriendo un doble debate de debilidad y doble estándar institucional.
Para los jueces de instancias inferiores, la Corte Suprema de Salta aplicó, en 2025, el límite de la reforma de 2021 porque no existe derecho adquirido al mantenimiento de las leyes. Si la reforma alcanza a los jueces nombrados antes de 2021, alcanza a todos los mandatos ejercidos antes de 2021. Llamar proscripción a la aplicación de un límite que uno mismo hizo redactar no es un argumento jurídico: es una operación semántica.
Sin controles seguros
Lo que agrava el cuadro es el estado de los controles. En febrero el Senado aprobó los pliegos de dos funcionarios del propio Ejecutivo para completar la Corte, con un solo voto en contra sobre 23. Esa Corte deberá resolver las tres acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 8535, la reforma electoral que reintrodujo la Ley de Lemas, y, eventualmente, la habilitación del gobernador.
En agosto juraron dos nuevos auditores generales, y el Foro de Observación de la Calidad Institucional advirtió que la reelección de uno de ellos iría en contra del artículo 169 de la Constitución.
La auditoría del Fondo de Reparación Histórica, publicada en marzo, halló problemas en el 66% de los fondos analizados, sobre una ejecución de 2.810 millones de pesos contra 924 presupuestados, con obras nunca hechas y una deuda internacional de 200 millones de dólares tomada en la gestión anterior. Hay causas abiertas por pensiones por invalidez otorgadas a cambio de votos, por certificados de obra falsificados y contra un exintendente hoy diputado, imputado por peculado. Y están los partidos: 21 senadores sobre 23 responden al Ejecutivo, y la Cámara de Diputados se reparte en 11 bloques, 8 de ellos unipersonales. No hay sistema de partidos, hay sellos personales. Ese vacío explica lo que ocurrió en octubre de 2025, cuando La Libertad Avanza ganó en Salta con 41,47% en la categoría de senadores nacionales contra 27,93% del oficialismo provincial. Pero la demanda no encontró oferta. A comienzos de septiembre de 2026 el espacio libertario todavía no tiene candidato a gobernador y su estructura provincial está partida entre quienes conservaron el sello para enfrentar a Sáenz y una conducción nacional que evalúa acordar con él.
La conclusión no admite atenuantes. Reformar las reglas no es un proyecto de gobierno. Un proyecto se mide en los indicadores que no se movieron en veinte años: el empleo formal, la informalidad, las cloacas del Chaco salteño, la escuela secundaria que abandona más del 10% de los alumnos. Salta no tiene un déficit fiscal, lleva seis años consecutivos de equilibrio, sino un déficit de calidad de gobernanza. Y ese no lo resuelve ninguna reforma electoral o fallo de la Corte Suprema.