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El informe V-Dem ubicó a la Argentina entre los diez retrocesos democráticos más pronunciados del mundo. Desde Salta, tenemos buenos motivos para no mirarlo como una discusión ajena.
Cada año, un informe de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, le toma la temperatura a la democracia del planeta. Circula unos días, se publican los datos en nuestro país y a la semana volvemos a preocuparnos por la inflación mensual. Este año el Democracy Report de V-Dem puso a la Argentina en el grupo de los diez países con el deterioro democrático más pronunciado del mundo, al lado de Hungría, Serbia, la India y Estados Unidos. Nuestro puntaje en el Índice de Democracia Liberal quedó en 0,52 sobre 1. ¿Se instaló el tema en la conversación pública? Casi nada.
El índice V-Dem -Varieties of Democracy- parte de la idea de que la democracia no es un interruptor encendido o apagado. Con esa lógica binaria -democracia o dictadura-, se nos escaparon durante años todos los deterioros silenciosos que suceden sin tanques en la calle. El proyecto evalúa cinco dimensiones -lo electoral, lo liberal (controles al Ejecutivo, independencia judicial), lo participativo, lo deliberativo y lo igualitario-. En Argentina las alarmas se ubican en casi todas las áreas. Si bien no se cuestionan las elecciones -ese es un sólido triunfo desde el 83-, el deterioro se sitúa en lo que sostiene la vida democrática entre una elección y la siguiente.
En lo electoral, todavía aprobamos el examen. Votamos, escrutamos y entregamos la banda presidencial, salvo alguna antidemocrática excepción. Los déficits aparecen en otras áreas: en la deliberación, en la igualdad, en quién decide y con qué controles.
El componente deliberativo es un problema cada vez mayor. El DNU 70/2023 reordenó buena parte de la economía argentina casi sin debate en el Congreso. Ahora, cuando el Congreso logró sancionar leyes -la de movilidad jubilatoria, la de financiamiento universitario- el Ejecutivo las vetó. Deliberar, tensionar posiciones hasta encontrar una ley que sea de todos y no de un solo sector, es el corazón de la democracia en el tiempo que transcurre entre una elección y la siguiente, y es justamente lo que se está vaciando.
A eso se suma el hostigamiento a la prensa -ese hábito de tildar de "ensobrados" u "operadores"- y otros calificativos peores- a quien pregunta lo incómodo, amplificado por ejércitos de cuentas anónimas.
Ricardo Gil Lavedra señaló que los regímenes que se "autocratizan" empiezan casi siempre atacando a la prensa y después a los jueces, porque son las dos instituciones capaces de ponerle un límite al poder. Cuando se descalifica al que no piensa igual, la conversación se clausura, cada uno se atrinchera detrás de las certezas propias y se nos esfuma la chance de la reflexión conjunta, de valorar los argumentos del otro y mejorar los propios. Ahí perdemos esa conversación democrática, hoy subvalorada por el volumen de gritos y agresiones instaladas desde muy arriba.
Carlos Nino sostenía que la deliberación entre voces distintas que están obligadas a justificarse unas frente a otras, corrige errores y sesgos que ningún funcionario solo corrige por su cuenta, por más convencido que esté de tener razón. Por otra parte, desde octubre de 2021 la Corte Suprema está integrada exclusivamente por varones: somos el único país de la región sin una sola mujer en su máximo tribunal. Podría pensarse que es una vacante que no se cubrió a tiempo. Pero en junio de este año el Decreto 467/2026 del gobierno de Milei derogó el mecanismo de participación ciudadana para evaluar los pliegos de la Corte y, de paso, eliminó la recomendación de considerar criterios de género, diversidad de especialidades y representación federal al proponer candidatos. En marzo, la Acordada 4/2026 quitó la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de concursos. Dos movimientos administrativos con claros efectos regresivos para las mujeres.
Además, la discusión no debería quedar encerrada en el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Un informe universitario sobre calidad democrática desagregado por provincias midió, entre otras cosas, la participación política en las 24 jurisdicciones del país: Salta se posicionó última, con 2,7 puntos sobre 10, detrás de Catamarca (3,3) y de la Provincia de Buenos Aires (3,8). Es una fotografía preocupante que señala que en nuestra provincia nos involucramos en partidos políticos, en organizaciones sociales, en la cosa pública, en definitiva, menos que en cualquier otro lugar del país. Tal vez esa desconexión no aparece de la nada. Son datos, no meras impresiones: 21 de los 23 senadores provinciales responden al Ejecutivo, y la Cámara de Diputados se reparte en once bloques, ocho de ellos unipersonales. En febrero el propio oficialismo consiguió, con un solo voto en contra, que el Senado aprobara los pliegos de dos funcionarios del Ejecutivo para completar la Corte. Misma Corte que ahora tiene que resolver si es constitucional la ley de Lemas que ese mismo oficialismo hizo votar meses antes.
Entonces sí, debería preocuparnos la democracia. Pero ya no desde una tentación nostálgica ochentista; deberíamos pensar en invertir en la calidad de vida institucional de los próximos veinte años: cada decreto que esquiva al Congreso, cada mujer que falta en un tribunal, cada clausura de deliberación ciudadana, son la misma erosión mirada desde ángulos distintos.
No me alcanza con que las elecciones sean limpias cada dos años cuando veo que la Corte Suprema de Justicia está integrada sólo por hombres. Quiero una democracia que delibere, que incluya, que reparta el poder de manera menos desigual entre géneros y entre provincias, entre quien tiene despacho y quien tiene que cortar una calle para que lo escuchen. Fortalecerla es un trabajo de todos los días, de quienes todavía creemos que dentro de sus reglas - imperfectas, lentas, exasperantes - se vive mejor que afuera de ellas.