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En 19 minutos ante la Asamblea General, el presidente Javier Milei dijo dos cosas que no pueden convivir. Primero, que las Naciones Unidas 'se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos'. Después, que 'Malvinas es para nosotros una causa nacional' y que esa organización 'decidió mirar para otro lado'. El problema no es de tono: el único título jurídico internacional que respalda el reclamo argentino sobre las islas está contenido en resoluciones de la institución que acababa de declarar inútil. Un Estado puede impugnar un foro o puede invocar sus decisiones. Lo que no puede hacer es ambas cosas en el mismo discurso sin dejar una imagen paupérrima ante los ojos del mundo.
El primer plano es el de la ONU que se desconoce. Milei sostuvo que 'no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias'. La frase describe con exactitud lo que la Carta de Naciones Unidas diseñó deliberadamente. Los artículos 10, 11, 13 y 14 emplean siempre el mismo verbo: la Asamblea General recomienda. El artículo 25 establece que los Miembros convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, y los artículos 39, 41 y 42 reservan a ese órgano la facultad de imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. Reprocharle a la Asamblea que no obligue es reprocharle ser aquello que los Estados, Argentina incluida, decidieron que fuera en 1945. Y cuando las consecuencias faltan donde sí podrían existir, la causa tiene nombre: el veto. Estados Unidos vetó seis resoluciones sobre Gaza desde octubre de 2023. Es también el Estado que más debe a la organización, unos 4.200 millones de dólares al 15 de septiembre. La parálisis no proviene de la burocracia sino de los miembros permanentes.
El presupuesto y los programas
En cuanto a los parásitos: el presupuesto ordinario de la ONU para 2026 es de 3.450 millones de dólares, siete por ciento menor que el de 2025, con 2.900 puestos suprimidos por la reforma del propio Secretario General. Es menos de la mitad del presupuesto anual de la policía de la ciudad donde Milei habló. Con esa escala, el Programa Mundial de Alimentos asistió a 121 millones de personas en 2025 y UNICEF distribuyó 3.200 millones de dosis de vacunas. Hay además una omisión argentina. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, uno de los primeros procedimientos especiales del sistema, se creó en 1980 a raíz de lo que ocurría en nuestro país. Argentina fue patrocinante principal de la resolución que consagró el derecho a la verdad en 2009 y copatrocinó la Convención sobre desapariciones forzadas. El Gobierno respalda hoy la candidatura de Rafael Grossi a Secretario General y, tres meses antes del discurso, su canciller firmó con esa misma organización el Marco de Cooperación 2026-2030.
ONU, las Malvinas y el presupuesto
El segundo plano es Malvinas, y conviene separar el anuncio del acto jurídico. El reclamo argentino se apoya en la resolución 2065 (XX), del 16 de diciembre de 1965, aprobada por 94 votos contra ninguno y 14 abstenciones, que reconoce una disputa de soberanía, la califica como situación colonial y manda atender a los intereses, no a los deseos, de la población. Se apoya también en la resolución 31/49, de 1976, que insta a abstenerse de modificaciones unilaterales, y en los pronunciamientos anuales por consenso del Comité de Descolonización, el más reciente del 26 de junio pasado.
Ahora bien, ninguna de las medidas anunciadas por Milei es nueva. Las sanciones a las petroleras derivan de la ley 26.659, de 2011, y de la ley 26.915, de 2013. El decreto 868/2026, del 4 de septiembre, designó a la Cancillería autoridad de aplicación. Hay 60 procedimientos administrativos abiertos, 3 denuncias penales y unas 180 notas de desaliento a 30 países. En 15 años no se registra una sola sanción firme.
Entretanto, Rockhopper y Navitas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión sobre Sea Lion, por 1.800 millones de dólares, con primer petróleo previsto para 2028. A su vez, en mayo el Gobierno recortó 14 millones de pesos de las acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y 46 del programa antártico, mientras el presupuesto de ciencia y técnica cae 50,2% desde 2023 y la precampaña antártica se suspende por tercer año consecutivo. El refuerzo presupuestario de septiembre, de 521.558 millones de pesos, destinó a Defensa 11.061 millones, el 2,1% del paquete.
Queda el calendario, y es un dato objetivo. Milei habló el 23. El 24, el INDEC publica la pobreza del primer semestre y la actividad de julio. Las estimaciones privadas ubican la pobreza entre 30 y 31%, el primer aumento de la gestión. La mora de las familias llegó en julio al 12,9%, más del doble que un año antes y el nivel más alto en dos décadas. El salario real registrado volvió a los valores de noviembre de 2023 y se perdieron 354.128 puestos formales desde entonces. No hace falta atribuir intenciones, basta observar que un anuncio sin contenido normativo nuevo se emitió en la víspera exacta de la peor estadística social del mandato.
El tercer plano es el más severo, porque la soberanía es un concepto jurídico y no una consigna. El artículo 2.1 de la Carta la define como igualdad soberana, y esa igualdad se ejerce, entre otros modos, votando.
Argentina votó en 2025 contra la resolución sobre el bloqueo a Cuba, por primera vez en 33 asambleas, junto a otros seis Estados. Votó en contra de cinco resoluciones sobre Palestina entre mayo de 2024 y septiembre de 2025. En noviembre de 2024 fue el único país del mundo que votó contra una resolución sobre violencia contra las mujeres, aprobada por 170 votos, incluidos los de Estados Unidos e Israel; y el único que votó contra otra sobre derechos de los pueblos indígenas, aprobada por 168. Eso no es alineamiento: es soledad.
Y en mayo de 2026 Argentina se abstuvo sobre la resolución que refuerza el valor jurídico de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en materia climática. Para un país cuyo reclamo descansa en la autoridad interpretativa de los órganos internacionales, devaluar ese instrumento es desarmar la propia casa. El contraste final lo aporta la práctica. De 4 retiros anunciados, uno solo se consumó: el de la Organización Mundial de la Salud, efectivo el 17 de marzo de 2026. La salida del Consejo de Derechos Humanos fue una no postulación, el Acuerdo de París nunca se denunció, la Agenda 2030 no es un tratado y no admite denuncia. Sobre Malvinas, Estados Unidos no abandonó su neutralidad histórica: las tres frases ambiguas de Trump en tres semanas fueron leídas por los especialistas como presión sobre Londres, no como respaldo a Buenos Aires. La soberanía no se mide por el volumen del reclamo sino por la capacidad de sostenerlo. Un Estado que deslegitima el foro donde reside su único título, que recorta la diplomacia que lo instrumenta y que subordina su voto al de otro, no está ejerciendo soberanía: la está gastando. Malvinas es política de Estado precisamente porque sobre vivió 60 años a gobiernos de todos los signos. Convertirla en el instrumento de la noticia de la semana es hacerle perder la entidad que le corresponde.