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Hace un tiempo escribí en estas páginas que una sociedad fracturada termina produciendo un país fracturado ("Sociedad fracturada; país fracturado"). Era a propósito de la decisión de bajar de 16 a 14 años la edad de punibilidad penal. Sigo sosteniendo lo mismo. Y sigo sin ser, por eso, "garantista".
No creo en la "bondad de los malos". Tampoco creo que un adolescente que roba, golpea o mata deba quedar liberado de toda responsabilidad sólo por ser menor. Hay víctimas. Hay familias destruidas. Hay una sociedad cansada de convivir con niveles de violencia que hace años dejaron de ser razonables. Negar esto sería tan necio como negar que chicos de catorce años pueden participar de delitos de extrema gravedad. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta fingir que todos llegaron al punto de partida desde el mismo lugar.
En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza penal juvenil Laura De Marinis declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo de la ley que redujo la edad y sobreseyó a un adolescente de catorce años acusado de tentativa de robo. De inmediato, la discusión quedó atrapada entre dos trincheras políticas: garantismo o mano dura. Jorge Macri la calificó como "jueza garantista defensora de delincuentes", dijo que su sentencia estaba "manchada de sangre" y contrapuso su decisión con los derechos de "la gente de bien". Alejandra Monteoliva, la ministra de seguridad, profundizó en la misma línea.
Reducir un problema de semejante complejidad a "gente de bien" contra "defensores de delincuentes" demuestra hasta qué punto seguimos incapacitados para pensar fuera de categorías binarias. Y hasta qué punto la política se empeña en no pensar y en esconder la cabeza bajo el suelo, como el avestruz.
La Cámara consideró jurídicamente incorrecto el fallo de De Marinis: revocó por unanimidad el sobreseimiento, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad y apartó a la jueza. Pero que una sentencia sea jurídicamente equivocada no vuelve irrelevante la pregunta social que la originó. De Marinis había escrito algo especialmente incómodo: "no podemos castigar a los chicos por aquello que los adultos dejamos de hacer". Eso no alcanza para absolverlos moralmente. Pero tampoco podemos ignorarlo y hacer como que vivimos en una sociedad que siempre ha cumplido con su parte del Contrato Social.
Explicar no es justificar. Comprender cómo un adolescente llega a naturalizar la violencia no convierte el delito en aceptable ni borra a la víctima. Tampoco minimiza el dolor de las familias. Pero reconocer la responsabilidad individual tampoco puede permitirnos dejar de lado el camino social que nos trajo hasta acá. Podemos sostener ambas cosas al mismo tiempo. Deberíamos poder hacerlo. Lo contrario obliga a elegir entre dos simplificaciones cómodas y deleznables. Pero allí donde la Justicia resolvió jurídicamente una discrepancia, la política sigue convirtiéndola en una guerra moral.
Durante décadas expulsamos a generaciones de chicos de un sistema que declamaba educación, salud, integración y movilidad social. Los dejamos crecer en lugares donde el Estado estaba ausente o aparecía tarde, mal o sólo vestido de policía para la foto. Mientras tanto, se deterioraron escuelas, familias, comunidades, horizontes laborales y expectativas de futuro. Luego, cuando algunos rompen definitivamente con nuestras reglas, descubrimos indignados que no se rigen por ellas. ¿Tienen responsabilidad por sus actos? Por supuesto que sí. ¿La tenemos nosotros? Por supuesto que también. Ni el Estado ni la sociedad podemos presentarnos como terceros inocentes después de décadas de exclusión.
Ésta es la primera dimensión del problema. La segunda es más prosaica, pero no menos importante. La ley exige que los adolescentes privados de libertad sean alojados en institutos especializados, separados de adultos y orientados a su educación, resocialización y reinserción. El problema no es lo que la ley dice; es si estamos en condiciones –nosotros– de cumplir eso que votamos. Porque, si esa infraestructura no existe, todo el edificio jurídico se convierte en una pavorosa ficción. Encerrar a un adolescente en un sistema incapaz de separarlo de adultos, educarlo y resocializarlo es una política criminal destinada a producir más de lo mismo que dice querer evitar. Es garantizar que alguien que entró roto salga más roto aún.
Que quede claro: no abogo por una justicia que romantice al delincuente. Tampoco quiero vivir en una sociedad que convierta el castigo en una suerte de expiación de la culpa colectiva. Quiero algo bastante menos confortable para ambos extremos: responsabilidad individual y colectiva al mismo tiempo. El chico que delinque debe responder por lo que hizo. Pero el Estado –en todos sus niveles– debe responder por aquello que dejó de hacer mucho antes de que ese chico llegara hasta allí.
Bajar una edad en una ley es sencillo. Reconstruir una comunidad destruida lleva décadas. Quizás por eso seguimos eligiendo lo primero. Pero imagino límites. Si haber bajado la edad a catorce no llegara a funcionar, ¿la bajaríamos a doce? ¿A diez? ¿Cuál será el límite para nuestra propia ceguera, egoísmo y necedad?
Castigar es inmediato. Permite señalar a un culpable y jugar a que se resolvió el problema. Incluir es lento y nos obliga a mirarnos al espejo. Un espejo que, sospecho, no queremos mirar.