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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió el arresto domiciliario al exlegislador Luis Gerónimo Cisneros y a Alejandro Fernando Pedraza, mientras que dispuso mantener la prisión preventiva al exconcejal Pablo Emanuel Arequipa, quien continuará detenido en el Servicio Penitenciario Federal, en la causa de una supuesta asociación ilícita dedicada a traficar granos en la frontera y adulterar documentación.
La decisión se adoptó luego de una extensa audiencia esta semana en la que las defensas plantearon nulidades, oposiciones y excepciones que, según fuentes judiciales, fueron rechazadas.
La fiscal federal, Lucía Orsetti, explicó a El Tribuno que Arequipa permaneció en fuga "prácticamente un mes", luego de haber escapado el 23 de septiembre, en plena ejecución de nueve allanamientos simultáneos, por un paso no habilitado hacia Paraguay. Tras varios días, se presentó en Migraciones de Clorinda, sin el vehículo con el que había huido ni su teléfono celular.
"Se trata de una conducta que demuestra capacidad real para evadir el proceso y justificar la continuidad de la detención efectiva", sostuvo la fiscal, quien además apuntó al riesgo de entorpecimiento probatorio, dado que aún se encuentran en análisis múltiples dispositivos electrónicos y documentación secuestrada.
Se otorgó arresto domiciliario al exdiputado Luis Cisneros y a Alejandro Pedraza, ambos señalados como integrantes de la cúpula.
En total son siete los imputados en el expediente. Además de Arequipa, Cisneros y Pedraza, que serían la cúpula de esta supuesta asociación ilícita, la causa involucra a los hermanos Toledo —señalados como conductores de los camiones utilizados para el traslado de cereal— y a Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado, vinculados a tareas operativas en depósitos fronterizos.
Orsetti sostuvo que la organización operó entre 2022 y septiembre de 2023 y tenía una estructura piramidal clara. En la cúspide, ubicó a Arequipa, Cisneros y Pedraza. Este último, detalló, actuaba como gestor formal, realizando trámites ante ARCA, la AFIP-DGI, la Aduana y hasta ante la propia fiscalía en expedientes previos, y habría sido un engranaje central en la emisión y manipulación de cartas de porte falsas. "En algunos casos utilizaban CUIT de personas físicas de escasos recursos, sin capacidad económica real para operar toneladas de granos", explicó.
Pablo Emanuel Arequipa, continuará detenido en el Servicio Penitenciario Federal: estuvo prófugo casi un mes tras escapar a Paraguay.
El esquema, descripto como "reiterado, sofisticado y deliberado", consistía en adquirir granos de origen marginal en distintas provincias y trasladarlos hacia la frontera con documentación adulterada. Las cartas de porte electrónicas eran modificadas inmediatamente después del control en Aguaray, alterando remitente, destinatario, empresa transportista y dominio del vehículo para borrar la trazabilidad del circuito. "En el sistema terminaba figurando que quien enviaba la mercadería también era quien la recibía, algo ilógico pero efectivo para ocultar el recorrido real", señaló la fiscal.
Más detalles de cómo operaba la banda
La fiscal Lucía Orsetti señaló un punto central para entender el funcionamiento del entramado: "Es difícil imaginar que una estructura así pudiera operar tanto tiempo sin algún nivel de connivencia".
Una vez en Salvador Mazza, la carga se descargaba en depósitos clandestinos situados "literalmente a pie de frontera". Uno de ellos se encuentra en tierras fiscales y otro posee título de propiedad, situación que también es investigada. Los fondos de ambas propiedades desembocan en territorio boliviano, lo que permitía el cruce inmediato de las bolsas de grano por pasos no habilitados, a pie o en vehículos menores. En uno de los predios se levantaron ocho silos metálicos, pese a estar en una zona de seguridad de frontera donde no deberían existir construcciones, indicó la fiscalía.
Un operativo sobre la Ruta 34 permitió comprobar la maniobra: tres camiones —un Scania, un Volvo y un Mercedes Benz— cargados con más de diez toneladas de granos fueron interceptados y sus cartas de porte electrónicas presentaban alteraciones posteriores a los controles. El valor de la mercadería secuestrada en la primera intervención superó los $70 millones. En los allanamientos también se incautaron armas, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación contable.
La banda habría operado entre 2022 y septiembre de 2023, transportando toneladas de cereal con cartas de porte adulteradas.
De acuerdo con la investigación, Arequipa fue el principal financista del esquema, utilizando las firmas Sergesa SRL y Spray and Seeds Agroservice S.A.S, mientras que Cisneros habría facilitado la infraestructura de LU.MA.CIS SRL para simular destinos y justificar movimientos. "Tenemos casos donde un camión parte de ese predio y cruza por un paso ilegal a Bolivia directamente", afirmó la fiscal.
Orsetti resaltó el trabajo conjunto con ARCA, la DGI, la Aduana y Gendarmería, y anunció que la próxima etapa de la investigación incluirá el análisis forense de los teléfonos y computadoras enviados a laboratorios especializados en Buenos Aires, además del procesamiento de una gran cantidad de documentación incautada. Si bien el plazo formal de la investigación penal preparatoria continúa vigente, las medidas de coerción se revisarán cada 30 días, en cumplimiento del sistema acusatorio federal.