inicia sesión o regístrate.
La sofisticación del delito encontró, una vez más, un punto de fuga en los controles del circuito formal. Bajo el paraguas del Operativo Desvío Cero, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desplegó una acción conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que permitió desactivar una operatoria destinada a nutrir al mercado negro de armas con piezas que ingresaban como “legales” y luego eran denunciadas como extraviadas o robadas.
El punto de partida no fue un hallazgo fortuito, sino el análisis minucioso de un patrón que desde hacía meses encendía alarmas: armas secuestradas en procedimientos criminales sin reporte de impedimentos, provenientes de compradores recientes sin antecedentes, pero con perfiles económicos alejados de quienes habitualmente acceden al material bélico. Ese indicio llevó a la fiscal especializada en armas Juliana González a convocar a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná, con el objetivo de desentrañar la maniobra.
A partir del cruce de datos, tareas de inteligencia en territorio y seguimiento documental, los investigadores concluyeron que una red de intermediarios utilizaba a ciudadanos de bajos recursos como fachada para adquirir pistolas, revólveres, escopetas de alto calibre y municiones, que luego eran denunciadas como perdidas y reaparecían en el circuito clandestino. Ese flujo alimentaba a bandas asociadas a disputas narco, ajuste de cuentas y sicariato, especialmente en zonas donde la violencia armada dejó de ser episódica para convertirse en persistente.
Las pesquisas determinaron además que dos de los señalados como organizadores -dedicados al comercio de cocaína y marihuana- acumulaban más de veinte armas adquiridas en apenas dos años, pese a residir en barrios populares sin evidencia económica que justificara tal volumen.
Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó 17 allanamientos simultáneos en Santa Fe capital, Barranquita Oeste, Esperanza, Las Lomas, Altos Verdes, Recreo y Santo Tomé. El despliegue resultó en la detención de doce personas (nueve hombres y tres mujeres), señaladas como eslabones operativos y logísticos de la red.
El decomiso expuso la magnitud del engranaje: dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres, diez pistolas de distintos calibres, municiones de uso civil y militar, 66 gramos de cocaína, más de un kilo de marihuana, un indoor de cultivo, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, cédulas de tenencia, tarjetas de consumo de munición, 7.201.220 pesos, 200 dólares, 14 teléfonos celulares y una notebook, entre otros indicios que permitirán reconstruir rutas, contactos y financiamiento.
Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interviniente, al igual que los detenidos, quienes serán imputados por los delitos de tráfico ilegal de armas, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes, con el agravante de haber utilizado mecanismos formales para introducir material bélico en el circuito clandestino.
El Operativo Desvío Cero, concebido para frenar el desvío de armamento desde el sistema legal hacia organizaciones criminales, dejó al descubierto algo más que una cadena de ventas: evidenció una modalidad aceitada que aprovecha grietas administrativas para transformar lo legal en letal dentro de los territorios donde el negocio armado sostiene la disputa por territorio, dinero y poder.