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La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra dos mujeres de 36 y 53 años, elevando a 176 los hechos de estafas reiteradas que se les atribuyen en concurso real. La causa está vinculada a la agencia de viajes Siddartha Viajes, investigada por presuntas maniobras fraudulentas en la venta de paquetes turísticos al exterior en moneda extranjera.
El caso surgió a raíz de denuncias de damnificados que abonaron sumas de dinero con la expectativa de realizar viajes, pero que nunca pudieron concretarlos. Según la fiscalía, las imputadas engañaban a sus clientes mediante itinerarios falsos, recibos apócrifos y reservas inexistentes, generando confianza en sus víctimas y logrando que entregaran dinero a la agencia.
La acusación sostiene que las dos mujeres actuaron con conocimiento y voluntad de engañar, con el objetivo de obtener un lucro indebido.
Allanamientos y vínculos
Como parte de la investigación, se llevaron a cabo nuevos allanamientos, en los que se secuestró material vinculado a la firma Altura Inmobiliaria, cuya identidad visual y logos coinciden con los de Siddartha Viajes.
La fiscalía busca determinar si esta inmobiliaria fue utilizada como pantalla para encubrir movimientos de dinero derivados de las presuntas estafas. Para ello, se está realizando un relevamiento exhaustivo de medios digitales e información pública.
Prisión preventiva confirmada
Este jueves 13 de febrero, el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4, ratificó la prisión preventiva de las imputadas.
En su fallo, el magistrado consideró que la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) cuenta con fundamento suficiente para justificar la continuidad de la medida restrictiva, basada en el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la causa.
Uno de los factores determinantes para la decisión judicial es la existencia de depósitos de dinero cuyo destino se desconoce, lo que constituye un eje clave en la investigación.
El juez dispuso que la situación procesal de las acusadas se reanalice en dos meses, período en el cual la fiscalía deberá avanzar con la recolección de pruebas y testimonios pendientes.
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